Ni juez ni ordenadores

Como recordarán, la operación Unión estalló en Lanzarote en mayo de 2009 a raíz de la denuncia presentada en la UCO de la Guardia Civil por el secretario general del PSC insular, Carlos Espino, a la sazón consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo, tras recibir algunas ofertas de sobornos de destacados empresarios vinculados al mundo de la economía y la política local. Ha habido decenas de detenciones, algunas de ellas tan sonadas como las de varios concejales de Arrecife y su ex alcaldesa, la nacionalista María Isabel Déniz. Las escuchas, las grabaciones, los seguimientos a los sospechosos... permitieron al juez Pamparacuatro, ahora destinado a La Laguna, componer un impresionante cuadro de corrupción que llevó a los responsables del instituto armado a calificarlo como el mayor escándalo conocido en las Islas hasta entonces. Pero se tocaron niveles demasiado sensibles del mundo empresarial y político conejero, notables hombres de negocio, respetables familias enteras salpicadas escandalosamente, conexiones con el Gobierno de Canarias y con empresarios de otras islas. Y se encendieron algunas alarmas que, enseguida, provocaron elocuentes bloqueos y filtraciones tan evidentes como que la ex alcaldesa Déniz reconociera ante sus captores que ya sabía con antelación que la iban a detener. El juez Pamparacuatro tuvo que sacar el sumario del programa informático Atlante porque tenía serias sospechas que alguien desde algún despacho del Gobierno canario estaba leyendo todas sus resoluciones. Ahora, dos años y medio después de que se iniciaran las detenciones, el mismo Gobierno niega a la nueva juez medios tecnológicos para continuar, al tiempo que el Ministerio de Justicia racanea los dineros necesarios para pagar un juez de apoyo.

Como recordarán, la operación Unión estalló en Lanzarote en mayo de 2009 a raíz de la denuncia presentada en la UCO de la Guardia Civil por el secretario general del PSC insular, Carlos Espino, a la sazón consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo, tras recibir algunas ofertas de sobornos de destacados empresarios vinculados al mundo de la economía y la política local. Ha habido decenas de detenciones, algunas de ellas tan sonadas como las de varios concejales de Arrecife y su ex alcaldesa, la nacionalista María Isabel Déniz. Las escuchas, las grabaciones, los seguimientos a los sospechosos... permitieron al juez Pamparacuatro, ahora destinado a La Laguna, componer un impresionante cuadro de corrupción que llevó a los responsables del instituto armado a calificarlo como el mayor escándalo conocido en las Islas hasta entonces. Pero se tocaron niveles demasiado sensibles del mundo empresarial y político conejero, notables hombres de negocio, respetables familias enteras salpicadas escandalosamente, conexiones con el Gobierno de Canarias y con empresarios de otras islas. Y se encendieron algunas alarmas que, enseguida, provocaron elocuentes bloqueos y filtraciones tan evidentes como que la ex alcaldesa Déniz reconociera ante sus captores que ya sabía con antelación que la iban a detener. El juez Pamparacuatro tuvo que sacar el sumario del programa informático Atlante porque tenía serias sospechas que alguien desde algún despacho del Gobierno canario estaba leyendo todas sus resoluciones. Ahora, dos años y medio después de que se iniciaran las detenciones, el mismo Gobierno niega a la nueva juez medios tecnológicos para continuar, al tiempo que el Ministerio de Justicia racanea los dineros necesarios para pagar un juez de apoyo.