Un juez (presuntamente) corrupto para un juicio por corrupción

Las grabaciones que Salvador Alba hizo a sus compañeros de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas en septiembre pasado jamás tuvieron valor probatorio para lo que, teóricamente, pretendía el magistrado: comprometer a más personas en la espiral de delitos por los que está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Él lo sabía, pero le interesaba que se conociera su contenido.

Las aportó al juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde por aquel entonces se resolvía una denuncia suya contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado conspirando contra la también magistrada Victoria Rosell. Pero aquella causa decayó por decisión expresa del propio Alba, que retiró la acusación sin que mediara para tal vacilón razón fundada de ningún tipo.

Pero para entonces ya había conseguido uno de sus propósitos: extender la mierda propia entre todos los componentes de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial con el fin -es de suponer- de que lo acompañaran en el calvario judicial al que todavía se enfrenta.

Para los anales quedarán los comentarios machistas y xenófobos de algunas de sus señorías sobre rumanas, rusos o italianos, o sobre cómo cobra en especias aquel abogado de postín. Lo sustantivo fue que un magistrado grabó deliberaciones informales de sus compañeros y las aportó a una causa penal para que se hicieran públicas.

Independientemente de las consideraciones que tal comportamiento pueda merecer para el Consejo General del Poder Judicial (si es que le interesa este asunto, dicho sea muy respetuosamente) quedó claro que Salvador Alba mesa es un reputado experto en grabaciones clandestinas, tanto en el papel de víctima como en el de ingeniero de sonido.

Quizás sea esa experiencia la que ha animado a la autoridad judicial competente a mantenerlo al frente del juicio con jurado de la pieza nuclear del caso Unión, ya saben, la que aborda el supuesto intento de soborno del empresario Luis Lleó al consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, a la sazón Carlos Espino, utilizando a un intermediario, Fernando Becerra. Las conversaciones existieron, los ofrecimientos existieron, y así lo atestigua Becerra, convertido en testigo de la acusación al traspasar voluntariamente el umbral que separa el lado oscuro de la justicia formal para intentar ver rebajada una posible condena.

En ese lado oscuro se ha mantenido durante todo este tiempo el empresario Luis Lleó, que no ha dudado un solo momento en emprender todas las acciones previstas o no previstas en el manual del imputado para zafarse de las graves acusaciones que pesan sobre él y que se traducen en una petición de más de seis años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal.

Lleó es un personaje curioso. Empresario y licenciado en Derecho, puede presumir de un abigarrado abanico de relaciones profesionales y personales en las que continúa confiando para salir airoso de este complicado trance. No ha escatimado en gastos, seguro como está de que la maraña que ha tejido alrededor y dentro del procedimiento judicial pueda acabar en su nulidad o, como mal menor, en una condena de esas que no se cumplen.

Desde que descubrió que era vulnerable no ha hecho otra cosa que fortalecer sus vínculos de defensa y elegir cuidadosamente qué nuevos compadres incorporar a su causa. Como si se le fuera la vida en esto.

A él se le atribuye la paternidad y la financiación de la asociación Jiménez de Asúa, un colectivo de afanosos letrados que tras un almuerzo con chupitos decidieron que debían constituirse en defensores de la legalidad y de las buenas costumbres. Su trayectoria sólo ha venido a demostrar que están en ese ajo para reforzar la estrategia de defensa del empresario, cuando no la de todo aquel que pudiera serle de utilidad en cualquiera de los momentos procesales que se le avecinan.

Una de esas personas de utilidad para Lleó es el magistrado Salvador Alba. Desde que se descubrieron sus trapisondas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el empresario afincado en Lanzarote se fijó en él, pidió su historial y trató de situarse en su órbita a través de su asociación de juristas Jiménez de Asúa. A algunos de sus más necesitados abogados los hemos visto revoloteando en el TSJC en los casos en los que por activa o por pasiva está implicado el polémico magistrado. Y la tal asociación sigue a día de hoy personada en la causa del jefe, la pieza inicial del caso Unión que este jueves comenzó su andadura en la Audiencia Provincial de Las Palmas para la celebración del correspondiente juicio con jurado.

Las estimaciones para la celebración de ese juicio hablan de otros cuatro o cinco años más a partir de este momento, lo que situaría la vista oral catorce o quince años después de que sucedieran los hechos. La rebaja de la pena por dilaciones indebidas está más que cantada, y eso que el principal acusado es el primer responsable del retraso dadas las múltiples maniobras que él y sus abogados han desplegado a lo largo del proceso.

Pero no es el juicio lo más importante para Lleó. Su lucha a brazo partido se centra en la vista para las cuestiones previas, celebrada este jueves bajo la presidencia de Salvador Alba: si el acusado logra anular la mayor parte de las 120 pruebas que pide que corran esa suerte, la causa podrá llegar prácticamente desarticulada al juicio. Son pruebas importantes, como la grabación hecha por la Guardia Civil del encuentro en el que el emisario de Lleó trató de sobornar al político Carlos Espino, o algunos autos de entrada y registro del juez instructor de la causa, César Romero Pamparacuatro.

Sabe que lo puede conseguir: al fin y al cabo ya consiguió que la Audiencia Provincial tumbara algunas pruebas muy comprometedoras para personalidades de la judicatura nacional. Y si lo consiguió para otros, otros estarán encantados de que lo consiga para sí.

Luis LLeó sabe que es más que probable que el juicio con jurado por el caso Unión no lo pueda presidir Salvador Alba. Qué más da. Lo decisivo es lo que haga ahora.

Las grabaciones que Salvador Alba hizo a sus compañeros de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas en septiembre pasado jamás tuvieron valor probatorio para lo que, teóricamente, pretendía el magistrado: comprometer a más personas en la espiral de delitos por los que está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Él lo sabía, pero le interesaba que se conociera su contenido.

Las aportó al juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde por aquel entonces se resolvía una denuncia suya contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado conspirando contra la también magistrada Victoria Rosell. Pero aquella causa decayó por decisión expresa del propio Alba, que retiró la acusación sin que mediara para tal vacilón razón fundada de ningún tipo.