Llevan los plazos hasta el límite

La Junta de Gobierno de Telde, efectivamente, acordó a principios de esta semana hacer caso a tres informes jurídicos, incluido el del jefe del departamento correspondiente del consistorio, e interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante una resolución del magistrado Francisco José Gómez Cáceres que se despachaba en tres párrafos un incidente planteado por el Ayuntamiento por falta de motivación y de su sentencia anterior dando la razón a Santana Cazorla en este sufrido contencioso. El magistrado, en uno de sus habituales tirabuzones jurídicos, había anulado definitivamente el acuerdo municipal de prohibir a la empresa contratar con la institución, lo que equivalía a la posibilidad de reclamar una millonaria indemnización por la pérdida del concurso de limpieza en favor de FCC. Los letrados consistoriales y el abogado particular que llevó históricamente todos estos pleitos (ha ganado 13 de los 14 planteados) coincidían en la conveniencia de recurrir al Constitucional por vulneración de la tutela judicial efectiva e indefensión de una institución pública. Pero el grupo de gobierno ha puesto todo de su parte para retrasar descaradamente sus acuerdos de modo que no haya tiempo de llegar en plazo al Constitucional. Un recurso de amparo requiere mucha preparación, especialmente en lo que concierne a justificación constitucional propiamente dicha, porque se inadmiten 90 de cada 100 que entran. A sabiendas de la urgencia, el grupo de gobierno, que a mediados de agosto había prescindido de los servicios del abogado encargado de la causa, Javier Navarro, todavía no había designado sustituto este viernes a mediodía. Y el plazo vence el martes 14.

La Junta de Gobierno de Telde, efectivamente, acordó a principios de esta semana hacer caso a tres informes jurídicos, incluido el del jefe del departamento correspondiente del consistorio, e interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante una resolución del magistrado Francisco José Gómez Cáceres que se despachaba en tres párrafos un incidente planteado por el Ayuntamiento por falta de motivación y de su sentencia anterior dando la razón a Santana Cazorla en este sufrido contencioso. El magistrado, en uno de sus habituales tirabuzones jurídicos, había anulado definitivamente el acuerdo municipal de prohibir a la empresa contratar con la institución, lo que equivalía a la posibilidad de reclamar una millonaria indemnización por la pérdida del concurso de limpieza en favor de FCC. Los letrados consistoriales y el abogado particular que llevó históricamente todos estos pleitos (ha ganado 13 de los 14 planteados) coincidían en la conveniencia de recurrir al Constitucional por vulneración de la tutela judicial efectiva e indefensión de una institución pública. Pero el grupo de gobierno ha puesto todo de su parte para retrasar descaradamente sus acuerdos de modo que no haya tiempo de llegar en plazo al Constitucional. Un recurso de amparo requiere mucha preparación, especialmente en lo que concierne a justificación constitucional propiamente dicha, porque se inadmiten 90 de cada 100 que entran. A sabiendas de la urgencia, el grupo de gobierno, que a mediados de agosto había prescindido de los servicios del abogado encargado de la causa, Javier Navarro, todavía no había designado sustituto este viernes a mediodía. Y el plazo vence el martes 14.