Un mal día para la Justicia

Fue el de este miércoles un mal día para la Justicia en España porque pocas horas de que el jurado popular diera a conocer su veredicto de no culpabilidad para Camps y Costa, el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba en el Congreso de los Diputados cómo va a ser ese servicio público en España: cada vez un poquito más alejado de las exigencias constitucionales de la tutela judicial efectiva y de la vocación redentora de las condenas. Gallardón, con más disciplina de partido que fe jurídica en lo que decía, explicó que se va a cobrar por determinados procedimientos judiciales, que las mujeres menores de edad serán responsables de sus actos a todos los efectos sanitarios menos a la hora de abortar; que en los casos de extrema alarma social habrá cadena perpetua, y que, en una grosera interpretación de la despolitización de la Justicia, vamos a dar un colosal paso atrás permitiendo que sean los jueces quienes elijan a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial. Con un barniz democratizador bastante poco creíble, el Gobierno trata de aparentar que sacando la decisión de las Cortes y poniéndola en manos de las asociaciones judiciales, mayoritariamente conservadoras, la Justicia no estará politizada. Y un huevo duro. La Justicia que iguala a unos más que a otros, que será de pago para que los pobres no den la lata a sus señorías, volverá a aquellos tiempos en que el Poder Judicial trabajaba encantado para el Gobierno de turno.

Fue el de este miércoles un mal día para la Justicia en España porque pocas horas de que el jurado popular diera a conocer su veredicto de no culpabilidad para Camps y Costa, el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba en el Congreso de los Diputados cómo va a ser ese servicio público en España: cada vez un poquito más alejado de las exigencias constitucionales de la tutela judicial efectiva y de la vocación redentora de las condenas. Gallardón, con más disciplina de partido que fe jurídica en lo que decía, explicó que se va a cobrar por determinados procedimientos judiciales, que las mujeres menores de edad serán responsables de sus actos a todos los efectos sanitarios menos a la hora de abortar; que en los casos de extrema alarma social habrá cadena perpetua, y que, en una grosera interpretación de la despolitización de la Justicia, vamos a dar un colosal paso atrás permitiendo que sean los jueces quienes elijan a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial. Con un barniz democratizador bastante poco creíble, el Gobierno trata de aparentar que sacando la decisión de las Cortes y poniéndola en manos de las asociaciones judiciales, mayoritariamente conservadoras, la Justicia no estará politizada. Y un huevo duro. La Justicia que iguala a unos más que a otros, que será de pago para que los pobres no den la lata a sus señorías, volverá a aquellos tiempos en que el Poder Judicial trabajaba encantado para el Gobierno de turno.