Maletines Periquín patrocina esta bandera

De aquella machada de recuperar la bandera, símbolo de prepotencia y de publicidad engañosa, han pasado ya dos años, y ahora hemos sabido por la oposición (porque el gobierno insular lo ha ocultado cobardemente) que es imposible acoplar a la legalidad vigente los delirios de José Miguel Bravo de Laguna, por otra parte reputado jurista de empresa cuando tiene un rato libre. Nunca alcanzamos a entender en qué iba a consistir el patrocinio de la bandera, ni qué ganaría un empresario honrado pagando de sus costes empresariales 30.000 euros al año (es la última cifra ofrecida en el pleno de la Corporación por el portavoz del PP, el abanderado Carlos Sánchez). Podía ser que le permitieran poner el logo de su compañía junto al escudo de la isla, algo verdaderamente impresentable, pero más cosas impresentables ha hecho y hace este grupo de gobierno como para descartar tan peregrina idea. O se permitiría al patrocinador utilizar el logo del Cabildo de Gran Canaria en sus facturas, manufacturas, bienes o servicios, muy al estilo de las galletas y ginebras inglesas proveedoras de la Real Casa de Su Majestad la Reina, con su escudo. “Maletines Periquín, proveedor oficial de determinados despachos del Cabildo de Gran Canaria”, se nos ocurre en una atrevida traslación a la idiosincrasia de los habitantes de la Casa Palacio insular. La inscripción cabría a un tamaño considerable de letra, en el mástil de la Fuente Luminosa, lo que seguramente serviría, si no fuera porque tanto la Intervención como los Servicios Jurídicos del Cabildo han echado por tierra tan absurdas pretensiones de su presidente, que es letrado, insistimos. La ocultación pertinaz de esos informes no ha servido para salvar la cruda realidad, relacionada ella con la Ley de Contratos del Estado, que no permite la extravagancia de una bandera patrocinada por no se sabe muy bien quién a cambio de no se sabe muy bien qué cosa y sin mediar un expediente con bases, concurrencia pública, publicidad y tales y cuales. Los Servicios Jurídicos del Cabildo informaron inicialmente a favor de la idea, pero tras enterarse de lo que decía el informe de la Intervención alegaron el fenómeno de “información” sobrevenida para producir acto seguido un informe que contradecía al anterior y decir a Bravo que nones, oye, cuanto lo siento.

De aquella machada de recuperar la bandera, símbolo de prepotencia y de publicidad engañosa, han pasado ya dos años, y ahora hemos sabido por la oposición (porque el gobierno insular lo ha ocultado cobardemente) que es imposible acoplar a la legalidad vigente los delirios de José Miguel Bravo de Laguna, por otra parte reputado jurista de empresa cuando tiene un rato libre. Nunca alcanzamos a entender en qué iba a consistir el patrocinio de la bandera, ni qué ganaría un empresario honrado pagando de sus costes empresariales 30.000 euros al año (es la última cifra ofrecida en el pleno de la Corporación por el portavoz del PP, el abanderado Carlos Sánchez). Podía ser que le permitieran poner el logo de su compañía junto al escudo de la isla, algo verdaderamente impresentable, pero más cosas impresentables ha hecho y hace este grupo de gobierno como para descartar tan peregrina idea. O se permitiría al patrocinador utilizar el logo del Cabildo de Gran Canaria en sus facturas, manufacturas, bienes o servicios, muy al estilo de las galletas y ginebras inglesas proveedoras de la Real Casa de Su Majestad la Reina, con su escudo. “Maletines Periquín, proveedor oficial de determinados despachos del Cabildo de Gran Canaria”, se nos ocurre en una atrevida traslación a la idiosincrasia de los habitantes de la Casa Palacio insular. La inscripción cabría a un tamaño considerable de letra, en el mástil de la Fuente Luminosa, lo que seguramente serviría, si no fuera porque tanto la Intervención como los Servicios Jurídicos del Cabildo han echado por tierra tan absurdas pretensiones de su presidente, que es letrado, insistimos. La ocultación pertinaz de esos informes no ha servido para salvar la cruda realidad, relacionada ella con la Ley de Contratos del Estado, que no permite la extravagancia de una bandera patrocinada por no se sabe muy bien quién a cambio de no se sabe muy bien qué cosa y sin mediar un expediente con bases, concurrencia pública, publicidad y tales y cuales. Los Servicios Jurídicos del Cabildo informaron inicialmente a favor de la idea, pero tras enterarse de lo que decía el informe de la Intervención alegaron el fenómeno de “información” sobrevenida para producir acto seguido un informe que contradecía al anterior y decir a Bravo que nones, oye, cuanto lo siento.