Marca España marca mínimos

No ganamos para disgustos. Cuando todavía no había aterrizado en España el avión que nos devolvía sana y salva a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su exitoso periplo por las inmediaciones del Canal de Panamá, va el laborioso magistrado José Castro y nos imputa por completo a la infanta Cristina, que deberá defenderse de los presuntos delitos de blanqueo y delito fiscal. Casi nada. En el día de su cumpleaños, su padre, el Rey, leía el peor discurso de su vida y alimentaba el género abdicación y el no menos pretencioso república. El mismo día que el Rey cumplía 76 y José Manuel Soria 56, el prestigioso The New York Times publicaba un duro reportaje sobre el cambio de criterio introducido por el ministro de Industria en la política de apoyo a las energías renovables y volvía a mofarse de nuestro Gobierno por haber parido un impuesto al sol. Si hasta hace muy poco el mundo nos miraba con asombro por la burbuja inmobiliaria, la corrupción institucionalizada, la impunidad de los banqueros o las boberías de José María Aznar, ahora el bochorno proviene directamente de la imagen política que estamos transmitiendo al exterior. Cambiar las reglas del juego en medio del partido, un símil muy del gusto de José Manuel Soria, es para The New York Times un pecado imperdonable en una sociedad capitalista donde debe protegerse la seguridad jurídica de los inversores. Justo al misma advocación que hace el mismo ministro, con las bermudas del área de Turismo, para criticar al Gobierno canario por las estrecheces en la reglamentación para los hoteles de cuatro estrellas o para dejar en mal lugar al Cabildo de Gran Canaria por paralizar el hotel que RIU pretende levantar (ahora con una torre de la altura del hotel don Juan ?hoy AC-) en el Oasis de Maspalomas. Los inversores, dice el NYT, acuden en tromba a los tribunales de Justicia a reclamar daños y perjuicios; a los tribunales domésticos y a los internacionales, que tampoco dan abasto con las ocurrencias de este Gobierno carpetovetónico. Buscan la seguridad jurídica que, del otro lado del fonil, el Gobierno del PP sólo garantiza para los suyos. Por ejemplo, para Repsol. O para la escocesa Cairn Energy, que tras sus primeros fracasos en Marruecos estos días comenzará su “campaña sísmica” para buscar petróleo en las inmediaciones de Ibiza con “una hecatombe submarina de 249 decibelios” provocando “un estruendo bajo el mar superior al del impacto de la bomba de Hiroshima desde su hipocentro”. Soria ha engañado al PP valenciano y balear, algunos de cuyos máximos prebostes (Rita Barberá desde el continente; Abel Matutes, desde el archipiélago balear) han clamado contra unas prospecciones que en ese caso sí dañarían al turismo, no como en Canarias, donde debemos ser unos indígenas con taparrabos. Dice Matutes que aquí no pasaría nada; y si pasa, mejor para su cadena turística balear. El fonil, don Abel, lo que ustedes llaman embudo.

No ganamos para disgustos. Cuando todavía no había aterrizado en España el avión que nos devolvía sana y salva a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su exitoso periplo por las inmediaciones del Canal de Panamá, va el laborioso magistrado José Castro y nos imputa por completo a la infanta Cristina, que deberá defenderse de los presuntos delitos de blanqueo y delito fiscal. Casi nada. En el día de su cumpleaños, su padre, el Rey, leía el peor discurso de su vida y alimentaba el género abdicación y el no menos pretencioso república. El mismo día que el Rey cumplía 76 y José Manuel Soria 56, el prestigioso The New York Times publicaba un duro reportaje sobre el cambio de criterio introducido por el ministro de Industria en la política de apoyo a las energías renovables y volvía a mofarse de nuestro Gobierno por haber parido un impuesto al sol. Si hasta hace muy poco el mundo nos miraba con asombro por la burbuja inmobiliaria, la corrupción institucionalizada, la impunidad de los banqueros o las boberías de José María Aznar, ahora el bochorno proviene directamente de la imagen política que estamos transmitiendo al exterior. Cambiar las reglas del juego en medio del partido, un símil muy del gusto de José Manuel Soria, es para The New York Times un pecado imperdonable en una sociedad capitalista donde debe protegerse la seguridad jurídica de los inversores. Justo al misma advocación que hace el mismo ministro, con las bermudas del área de Turismo, para criticar al Gobierno canario por las estrecheces en la reglamentación para los hoteles de cuatro estrellas o para dejar en mal lugar al Cabildo de Gran Canaria por paralizar el hotel que RIU pretende levantar (ahora con una torre de la altura del hotel don Juan ?hoy AC-) en el Oasis de Maspalomas. Los inversores, dice el NYT, acuden en tromba a los tribunales de Justicia a reclamar daños y perjuicios; a los tribunales domésticos y a los internacionales, que tampoco dan abasto con las ocurrencias de este Gobierno carpetovetónico. Buscan la seguridad jurídica que, del otro lado del fonil, el Gobierno del PP sólo garantiza para los suyos. Por ejemplo, para Repsol. O para la escocesa Cairn Energy, que tras sus primeros fracasos en Marruecos estos días comenzará su “campaña sísmica” para buscar petróleo en las inmediaciones de Ibiza con “una hecatombe submarina de 249 decibelios” provocando “un estruendo bajo el mar superior al del impacto de la bomba de Hiroshima desde su hipocentro”. Soria ha engañado al PP valenciano y balear, algunos de cuyos máximos prebostes (Rita Barberá desde el continente; Abel Matutes, desde el archipiélago balear) han clamado contra unas prospecciones que en ese caso sí dañarían al turismo, no como en Canarias, donde debemos ser unos indígenas con taparrabos. Dice Matutes que aquí no pasaría nada; y si pasa, mejor para su cadena turística balear. El fonil, don Abel, lo que ustedes llaman embudo.