Mil euros más a los pata negra de ATI

Se acumulan los desplantes, las gamberradas y los desafueros. El PSOE ya no sabe qué hacer con su socio gubernamental, Coalición Canaria, capaz del desprecio más absoluto en el solemne acto de reparto de los millones sin aflorar del famoso ITE, de mandar a la cola del paro al portavoz socialista en La Laguna, Javier Abreu, o de cometer una flagrante ilegalidad en el Consejo de Gobierno, todo prácticamente en la misma semana. La dirigencia socialista vuelve a resignarse, pero esta vez un poco menos porque ya no flota en el ambiente la amenaza de una ruptura con reedición simultánea del pacto con el PP vía Casimiro Curbelo. Los pésimos resultados de Coalición Canaria en las Generales y el más que probable pase del PP a la oposición en el Congreso de los Diputados suponen un respiro de alivio que se ha correspondido con cierta alarma en las filas nacionalistas. Pero antes de la debacle electoral de CC ocurrió algo en el Consejo de Gobierno que podría marcar un hito insuperable: la ampliación de un convenio ya muerto con el Hospital Universitario de Canarias o con el Cabildo de Tenerife (las fuentes consultadas no terminan de ponerse de acuerdo) por el que 37 médicos de ese establecimiento cobran 1.000 euros brutos más al mes de lo que cobra el resto de facultativos que, al igual que ellos, imparten clases en alguna de las dos facultades de Medicina de las Universidades canarias. Son treinta y siete médicos considerados pata negra de ATI, aunque entre ellos haya dos Alarcó, muy del PP, pero que llevan toda la vida recibiendo esta gratificación extraordinaria que se suma a los 641 euros brutos que perciben los restantes profesionales en similares condiciones: imparten clases y pasan consulta en los hospitales universitarios de Canarias. Ese viejo convenio procede de la época en la que el Hospital Universitario de Canarias, al que están adscritos, dependía del Cabildo de Tenerife, y la paga extra se trasladó al Servicio Canario de la Salud al tiempo que se transferían a este todas las competencias sanitarias. Año tras año, cada octubre, se ha venido prorrogando ese convenio a pesar de los reiterados informes negativos de los órganos competentes, entre otros la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que insiste en la ilegalidad de la gratificación.

Sin el menor soporte jurídico

Pero por si fueran pocos los informes negativos contra ese sobresueldo a los 37 médicos pata negra de ATI, es custodiada en los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias una sandunguera sentencia firmada por un magistrado de nombre Francisco Plata que viene a ratificar exactamente lo mismo: que esos complementos son ilegales. Ocurre, para mayor realce de este surrealismo mágico en el que estamos sumidos, que el magistrado Francisco Plata es ahora mismo viceconsejero de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, es decir, el máximo valedor de la defensa de la legalidad en la Comunidad Autónoma y sus alrededores. Se trata del magistrado (ahora en excedencia) que fue capaz de dictar el mismo día dos autos sobre el mamotreto de la playa de Las Teresitas que decían una cosa y su contraria. Pero si en aquella ocasión prevaleció la resolución que daba la razón a las pretensiones del corrupto Miguel Zerolo, en este caso sólo hay una sentencia que no da la razón al Gobierno de cuyo organigrama forma parte. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno del pasado día 18 de diciembre, que convalidó el convenio de los pata negra, cometió una flagrante ilegalidad al contravenir una sentencia judicial de su propio jefe de los Servicios Jurídicos; al pronunciarse en contra de los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, y al elevarse al máximo órgano ejecutivo de esta ultraperiférica región sin contar con el más mínimo soporte jurídico de la comisión de secretarios generales técnicos, previa a cada Consejo de Gobierno.

Sólo un socialista

La revalidación del convenio, -muerto desde el pasado mes de octubre- la llevó Coalición Canaria al Consejo de Gobierno del pasado 18 de diciembre fuera del orden del día, lo que ya constituía en sí un primer punto de sospecha. El segundo, desde luego, que se elevara al Gobierno justo un día en el que se sabía que no estaría presente el consejero de Sanidad, Jesús Morera, que se encontraba en Madrid, el competente directo en la materia. También faltaba la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández y la otra consejera socialista, Ornella Chacón, de Obras Públicas. El único consejero del PSOE que apareció por allí fue casualmente el de Presidencia, Aarón Afonso, llamado orgánicamente a ejercer de secretario del Consejo de Gobierno. Cuando sobrevino el polémico punto, Afonso se cogió enorme mosqueo y tras prevenir a sus compañeros de Gobierno de que aquel acuerdo podía ser manifiestamente ilegal, abandonó la sala para no ser cómplice del desaguisado. El consejo siguió adelante sin la presencia de ningún socialista, y a día de hoy nadie del PSOE sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó porque, a pesar de haberlo pedido reiteradamente, los servicios de Presidencia no facilitan el acta de la sesión. Ni se sabe quién asume esas responsabilidades teniendo en cuenta que se trata de un órgano colegiado en el que no se votan los acuerdos, sino que se asumen. Cualquier profesor de Medicina con destino facultativo en cualquiera de los hospitales universitarios canarios, de esos que cobran 641 euros, 1.000 menos que los 37 pata negras, puede interponer mañana mismo un recurso contra esa resolución y meterle un buen revolcón al Gobierno. Y si alguno es un poco más atrevido, querella por prevaricación y veremos a medio Consejo de Gobierno desfilando por el TSJC por salvarle las prebendas a los médicos de cabecera de ATI. Esto sólo pasa aquí.

Las togas y Soria

Se lució, porque de eso se trataba, este domingo en La Provincia el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Le hacían la entrevista de rigor, la que se le hace a la alimaña herida que quiere mostrar al mundo el tamaño de sus colmillos, no vaya a creerse el resto de la creación que ya está derrotado del todo. Y volvió como un pardillo a atacar a su adversaria de Podemos, la magistrada en excedencia Victoria Rosell, para sugerirle “que se quite la toga” para actuar en política. Una bobería que no tiene más recorrido que el principio y el final de la misma frase porque si alguien en el circo que se ha montado Soria se ha quitado la toga para actuar en política es su temida Victoria Rosell, que tramitó su excedencia, esperó a su concesión y se lanzó al ruedo político cuando tocaba. Y Soria, mientras eso ocurría, ¿qué hizo exactamente? Pues tirar de togas amigas: jalear a la Fiscalía de Las Palmas para que de un modo manifiestamente ilegal actuara contra la candidata de Podemos para perjudicarle en su carrera política y, de rebote, en la profesional. Otro pinchazo. Porque si los resultados electorales pueden ser una prueba, más lo está siendo la respuesta unánime en contra de aquella actuación: la ponen en entredicho asociaciones de jueces y fiscales, el TSJ de Canarias y hasta la propia Fiscalía, de momento con la boca chica, con acciones en ciernes que no pintan nada bien para esas togas amigas. Y no son ésas las únicas de las que ha tirado históricamente Soria para que hagan política a su favor sin abandonar la zona de confort de la judicatura. Nos acordamos en estos momentos del magistrado casualmente destinado estos dos meses de transición al juzgado de Rosell para volver cajones del revés y sacudir expedientes en busca de algo que ha resultado ser exactamente nada. Eternos aspirantes a ocupar plaza en el Consejo General del Poder Judicial, de momento sin fortuna para salvarle algo de honrilla al órgano de gobierno de los jueces. Hay otras togas bailando al son que marca el presidente del PP canario en el TSJC, en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la Audiencia Nacional, en el Supremo… y son togas conocidas, tan sobradamente conocidas que basta con revisar opiniones públicas o resoluciones recientes y no tan recientes como para identificarlas de pleno. Tanta querencia a las togas puestas le hacen olvidar al líder supremo las que ya están colgadas. ¿Miedo a algo?

Se acumulan los desplantes, las gamberradas y los desafueros. El PSOE ya no sabe qué hacer con su socio gubernamental, Coalición Canaria, capaz del desprecio más absoluto en el solemne acto de reparto de los millones sin aflorar del famoso ITE, de mandar a la cola del paro al portavoz socialista en La Laguna, Javier Abreu, o de cometer una flagrante ilegalidad en el Consejo de Gobierno, todo prácticamente en la misma semana. La dirigencia socialista vuelve a resignarse, pero esta vez un poco menos porque ya no flota en el ambiente la amenaza de una ruptura con reedición simultánea del pacto con el PP vía Casimiro Curbelo. Los pésimos resultados de Coalición Canaria en las Generales y el más que probable pase del PP a la oposición en el Congreso de los Diputados suponen un respiro de alivio que se ha correspondido con cierta alarma en las filas nacionalistas. Pero antes de la debacle electoral de CC ocurrió algo en el Consejo de Gobierno que podría marcar un hito insuperable: la ampliación de un convenio ya muerto con el Hospital Universitario de Canarias o con el Cabildo de Tenerife (las fuentes consultadas no terminan de ponerse de acuerdo) por el que 37 médicos de ese establecimiento cobran 1.000 euros brutos más al mes de lo que cobra el resto de facultativos que, al igual que ellos, imparten clases en alguna de las dos facultades de Medicina de las Universidades canarias. Son treinta y siete médicos considerados pata negra de ATI, aunque entre ellos haya dos Alarcó, muy del PP, pero que llevan toda la vida recibiendo esta gratificación extraordinaria que se suma a los 641 euros brutos que perciben los restantes profesionales en similares condiciones: imparten clases y pasan consulta en los hospitales universitarios de Canarias. Ese viejo convenio procede de la época en la que el Hospital Universitario de Canarias, al que están adscritos, dependía del Cabildo de Tenerife, y la paga extra se trasladó al Servicio Canario de la Salud al tiempo que se transferían a este todas las competencias sanitarias. Año tras año, cada octubre, se ha venido prorrogando ese convenio a pesar de los reiterados informes negativos de los órganos competentes, entre otros la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que insiste en la ilegalidad de la gratificación.

Sin el menor soporte jurídico