122 millones de euros después

Pelillos a la mar. Como dejó meridianamente fijado este lunes el Tribunal Constitucional, éste “y los tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía”, sino “una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas soluciones jurídicas”. Y Emilio Moya responde a la perfección a ese perfil, tiene la mente llena y la cabeza bien amueblada. Vive la Justicia y la vive pegado a la realidad cotidiana que le rodea, con sus ventajas e inconvenientes. Quizás su paso por la política (2003-2007) le haya conducido a afirmar, por ejemplo, que además de la falta de medios, su negociado carece de “falta de voluntad”, que debemos situar en tal caso del lado de los que imparten justicia o de los que, como él desde ayer, tienen que organizar de manera eficiente los recursos disponibles. Su plan de trabajo, desde luego, descalificaría por omisión el realizado por sus antecesores: sacar el cargo a la calle, humanizar la justicia, reunirse hasta con la guanchancha? o, si fuera preciso, con el presidente de la UD Las Palmas, encuentro de alto voltaje que ya supuso algún quebradero de cabeza a cierto juez de lo mercantil tan apasionado del fútbol ?y de los colores del representativo- como él. Pero si los recursos que Canarias destina a la Justicia (78,3 euros más por habitante y año que Cataluña o Euskadi) son tan elevados y se ven las penurias que se ven en algunos juzgados, quizás debiera preguntarse, antes de lanzar felicitaciones a los presentes, qué parte de ese dinero no ha estado bien empleada. No vamos a ser nosotros los que discutamos si los 122 millones de euros invertidos en el nuevo palacio de Justicia es mucho o poco; si ha habido pocas o muchas modificaciones, revisiones y/o actualizaciones de precios; ni siquiera si el eterno y muy elogiado gerente de Justicia ha estado atinado en todas sus decisiones. Lo sabrá el nuevo presidente de la Audiencia Provincial mejor que muchos, porque fue durante su mandato, con la insuperable Australia Navarro al frente de la Consejería de Presidencia, cuando se puso en marcha el proyecto con la promesa de quedar abierto al público en 2007. Nunca pudo imaginarse Emilio Moya que asistiría como autoridad a su inauguración seis años después de aquel límite que hasta se puso por escrito. Y mucho menos que fuera el mismo partido que lo inició, el PP, el que ahora esté poniendo pegas para su apertura. Qué chico es esto y qué rápido pasa el tiempo.

Pelillos a la mar. Como dejó meridianamente fijado este lunes el Tribunal Constitucional, éste “y los tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía”, sino “una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas soluciones jurídicas”. Y Emilio Moya responde a la perfección a ese perfil, tiene la mente llena y la cabeza bien amueblada. Vive la Justicia y la vive pegado a la realidad cotidiana que le rodea, con sus ventajas e inconvenientes. Quizás su paso por la política (2003-2007) le haya conducido a afirmar, por ejemplo, que además de la falta de medios, su negociado carece de “falta de voluntad”, que debemos situar en tal caso del lado de los que imparten justicia o de los que, como él desde ayer, tienen que organizar de manera eficiente los recursos disponibles. Su plan de trabajo, desde luego, descalificaría por omisión el realizado por sus antecesores: sacar el cargo a la calle, humanizar la justicia, reunirse hasta con la guanchancha? o, si fuera preciso, con el presidente de la UD Las Palmas, encuentro de alto voltaje que ya supuso algún quebradero de cabeza a cierto juez de lo mercantil tan apasionado del fútbol ?y de los colores del representativo- como él. Pero si los recursos que Canarias destina a la Justicia (78,3 euros más por habitante y año que Cataluña o Euskadi) son tan elevados y se ven las penurias que se ven en algunos juzgados, quizás debiera preguntarse, antes de lanzar felicitaciones a los presentes, qué parte de ese dinero no ha estado bien empleada. No vamos a ser nosotros los que discutamos si los 122 millones de euros invertidos en el nuevo palacio de Justicia es mucho o poco; si ha habido pocas o muchas modificaciones, revisiones y/o actualizaciones de precios; ni siquiera si el eterno y muy elogiado gerente de Justicia ha estado atinado en todas sus decisiones. Lo sabrá el nuevo presidente de la Audiencia Provincial mejor que muchos, porque fue durante su mandato, con la insuperable Australia Navarro al frente de la Consejería de Presidencia, cuando se puso en marcha el proyecto con la promesa de quedar abierto al público en 2007. Nunca pudo imaginarse Emilio Moya que asistiría como autoridad a su inauguración seis años después de aquel límite que hasta se puso por escrito. Y mucho menos que fuera el mismo partido que lo inició, el PP, el que ahora esté poniendo pegas para su apertura. Qué chico es esto y qué rápido pasa el tiempo.