El Niño Bravo amenazó, como siempre

La chulería con la que se conduce el alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, es impropia de un cargo democrático. Cree que ser acreedor de la mayoría absoluta que le han brindado los vecinos de Santa Brígida le eleva a una condición superior al resto de los humanos para hacer exactamente lo que le de la gana con la vida y la hacienda ajenas. En septiembre de 2010 se permitió un gesto que lo retrata a la perfección: ante la advertencia del abogado Ignacio Cáceres, que previno al Ayuntamiento sobre la ilegalidad del edificio para servicios sociales que había aprobado para esa zona ahora declarada ilegal, Lucas Bravo de Laguna sacó ese carácter tabernario que le adorna. Como quiera que Cáceres le advirtió que acudiría a los tribunales, Bravo le amenazó con una demanda para que, en tal caso, el vecino hiciera frente a los perjuicios que su acción pudiera acarrear al municipio. El alcalde acusó al abogado de actuar con “una clara intencionalidad política para que el centro no se abra antes de las elecciones, con el grave perjuicio que acarrearía para el municipio y sobre todo para los mayores de Santa Brígida”. El edificio se hizo gracias a una inversión del Plan ZP por importe de 1.168.731 euros y ahora está en la misma situación que todas las viviendas afectadas por el Plan Parcial ilegal: habrá de ser demolido. Ni que decir tiene que la chulería de Bravito quedó en eso, en una bravuconada más de las suyas. Porque el abogado interpuso sus recursos y los ha ganado por goleada. El alcalde no solo no lo demandó sino que, además, tendrá que apechugar ahora con las consecuencias, especialmente económicas, que este rebencazo le acarree.

La chulería con la que se conduce el alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, es impropia de un cargo democrático. Cree que ser acreedor de la mayoría absoluta que le han brindado los vecinos de Santa Brígida le eleva a una condición superior al resto de los humanos para hacer exactamente lo que le de la gana con la vida y la hacienda ajenas. En septiembre de 2010 se permitió un gesto que lo retrata a la perfección: ante la advertencia del abogado Ignacio Cáceres, que previno al Ayuntamiento sobre la ilegalidad del edificio para servicios sociales que había aprobado para esa zona ahora declarada ilegal, Lucas Bravo de Laguna sacó ese carácter tabernario que le adorna. Como quiera que Cáceres le advirtió que acudiría a los tribunales, Bravo le amenazó con una demanda para que, en tal caso, el vecino hiciera frente a los perjuicios que su acción pudiera acarrear al municipio. El alcalde acusó al abogado de actuar con “una clara intencionalidad política para que el centro no se abra antes de las elecciones, con el grave perjuicio que acarrearía para el municipio y sobre todo para los mayores de Santa Brígida”. El edificio se hizo gracias a una inversión del Plan ZP por importe de 1.168.731 euros y ahora está en la misma situación que todas las viviendas afectadas por el Plan Parcial ilegal: habrá de ser demolido. Ni que decir tiene que la chulería de Bravito quedó en eso, en una bravuconada más de las suyas. Porque el abogado interpuso sus recursos y los ha ganado por goleada. El alcalde no solo no lo demandó sino que, además, tendrá que apechugar ahora con las consecuencias, especialmente económicas, que este rebencazo le acarree.