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OPINIÓN | 'Pesimismo y capitalismo', por Enric González

Es el Oasis, tolete

No es la economía, estúpido. Es el Oasis de Maspalomas, tolete. Un sector muy cualificado de la patronal grancanaria, con su Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) a la cabeza, ha dado una nueva vuelta de tuerca al intolerable ataque empresarial al Cabildo de Gran Canaria para que ceda en su labor de contención al todo vale. Al grito de “cualquier inversión es buena”, que en realidad esconde el de “dejemos que Riu haga lo que quiera”, ese sector empresarial pretende ahora que la primera Corporación de la isla abandone su pretensión de proteger el Oasis de Maspalomas haciendo decaer su recurso a favor de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para este enclave. Ya no se esconden en absoluto. Fue más que simbólica la imagen del presidente de la FEHT, Fernando Fraile, acompañando a la responsable de los servicios jurídicos de Riu, Águeda Borges, en la defensa del proyecto de nuevo hotel en el palmeral ante el comité de inversiones estratégicas que lo aprobó la semana pasada bajo la presidencia de Fernando Clavijo. La ofensiva se ha completado estos días con dos nuevas andanadas públicas con incomprensibles advertencias de que o sale el nuevo hotel de los mallorquines o no sale ningún proyecto por los alrededores, es decir, la rehabilitación del vetusto centro comercial o, subsidiariamente los de los hoteles Faro, Residencia y Palm Beach, el primero de Lopesan y los dos últimos de Sea Side. No ha quedado muy claro para el común de la ciudadanía de dónde proviene tan severa amenaza, que se complementa con un plazo de ocho años de penurias sin mover un ladrillo, pero todo parece confirmar que Riu está tocando las clavijas adecuadas para hacer valer su “nuevo” proyecto de hotel Maspalomas Oasis previa demolición del histórico establecimiento aun en servicio por encima de cualquier consideración legal y ambiental. Se oculta –porque conviene- que una reordenación del enclave para su mejor adecuación al uso público requerido contaría con el aplauso de esos empresarios a los que parece haberles caído la maldición mallorquina.

 

 

Las palmeras que queden

Resulta pertinente recordar que las licencias de demolición del viejo Riu Oasis y de construcción del nuevo se encuentran en estos momentos suspendidas por la Justicia, a la espera de que se substancie el correspondiente recurso. Y no precisamente por un defecto formal subsanable sino por la titularidad del suelo: una sentencia del Tribunal Supremo de finales de los setenta, firme y sin caducidad, establece que la mayor parte de la pieza sobre la que está proyectado el nuevo hotel de Riu es de titularidad pública, lo que, de confirmarse en la sentencia recurrida, haría inviable cualquier operación. De ahí las prisas, comprenderán, por la declaración de interés estratégico y las presiones empresariales, políticas y mediáticas que se han desatado: que cuando llegue la sentencia se hayan acumulado tantos derechos y cubiertas tantas expectativas que no pudiera haber marcha atrás. También resulta pertinente recordar, llegados a este punto, que lo mismo se intentó con la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, construida sobre zona verde, ante lo que el Supremo se ha plantado sosteniendo en que lo ilegal no se puede legalizar por mucho que anden las instituciones viendo cómo esquivar la orden firme de demolición. En su descargo, Riu alega que ha modificado su proyecto inicial, conocido como mamotreto o biombo merced a la pantalla que levantaba ante la avenida de Cristóbal Colón (con perdón) y el Oasis, pero la realidad indica que siendo cierto que ha reducido considerablemente la altura del edificio, no ha disminuido en absoluto el número de camas. La conclusión parece lógica: el hotel será más alargado, pero dejará ver las palmeras. Las palmeras que queden en pie, obviamente.

 

La protección institucional

Todo se torció el día que el Gobierno de Paulino Rivero echó por tierra el expediente de BIC que inició el Cabildo de Gran Canaria bajo la presidencia de José Miguel Bravo de Laguna, por entonces en el PP. Rivero creyó tener una solución más práctica que la protección por la vía histórica (el paso de Cristóbal Colón por el enclave), y encargó a su consejero de Política Territorial, a la sazón Domingo Berriel, que invocara la legalidad vigente y se subrogara en el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana para formular una ordenación del entorno que permitiera proteger el Oasis, transformar sus usos privados en públicos y dar satisfacción urbanística y turística a Riu en cualquier otro sitio de la contigua Meloneras en forma de compensaciones. Pero los mallorquines se negaron y ganaron el pulso al Gobierno y a su brazo armado Gesplan. Mientras, dos contenciosos continuaban su camino, el del BIC anulado por el Ejecutivo y el de la ilegalidad de las licencias graciosamente otorgadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dando continuidad a los hechos consumados, y contra eso la poderosa cadena no ha podido de momento hacer otra cosa que esperar. Pero ha sido una espera activa: Carmen Riu se entrevistó con José Manuel Soria en la ITB y acto seguido el compadre del ministro en Canarias, el alcalde-presidente Fernando Clavijo, extendió sobre el suelo de Presidencia del Gobierno la correspondiente alfombra roja para que el proyecto sobre el palmeral fuera declarado de interés estratégico pese a sus amenazas legales. Al tiempo, la patronal de Gran Canaria, también a las órdenes del presidente del PP canario, desempolvó el arcabuz contra el Cabildo por mantenerse firme en la defensa de un entorno históricamente reclamado para la ciudadanía por los movimientos ecologistas de la isla y por numerosas personalidades de la comunidad científica. Es la única institución que no parece tener intención de plegarse a los mismos intereses porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya no sabe qué hacer para agradar al inversor mallorquín a pesar de conocer sus técnicos más puristas las notables lagunas legales que pesan sobre esta pieza de suelo. Unos técnicos muy puristas que nunca se arredran a la hora de otorgar una licencia de obra menor para la ampliación de un Riu mientras discuten si un rodapiés es susceptible de un precinto disciplinario. Y quieren dar más competencias a los ayuntamientos.

No es la economía, estúpido. Es el Oasis de Maspalomas, tolete. Un sector muy cualificado de la patronal grancanaria, con su Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) a la cabeza, ha dado una nueva vuelta de tuerca al intolerable ataque empresarial al Cabildo de Gran Canaria para que ceda en su labor de contención al todo vale. Al grito de “cualquier inversión es buena”, que en realidad esconde el de “dejemos que Riu haga lo que quiera”, ese sector empresarial pretende ahora que la primera Corporación de la isla abandone su pretensión de proteger el Oasis de Maspalomas haciendo decaer su recurso a favor de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para este enclave. Ya no se esconden en absoluto. Fue más que simbólica la imagen del presidente de la FEHT, Fernando Fraile, acompañando a la responsable de los servicios jurídicos de Riu, Águeda Borges, en la defensa del proyecto de nuevo hotel en el palmeral ante el comité de inversiones estratégicas que lo aprobó la semana pasada bajo la presidencia de Fernando Clavijo. La ofensiva se ha completado estos días con dos nuevas andanadas públicas con incomprensibles advertencias de que o sale el nuevo hotel de los mallorquines o no sale ningún proyecto por los alrededores, es decir, la rehabilitación del vetusto centro comercial o, subsidiariamente los de los hoteles Faro, Residencia y Palm Beach, el primero de Lopesan y los dos últimos de Sea Side. No ha quedado muy claro para el común de la ciudadanía de dónde proviene tan severa amenaza, que se complementa con un plazo de ocho años de penurias sin mover un ladrillo, pero todo parece confirmar que Riu está tocando las clavijas adecuadas para hacer valer su “nuevo” proyecto de hotel Maspalomas Oasis previa demolición del histórico establecimiento aun en servicio por encima de cualquier consideración legal y ambiental. Se oculta –porque conviene- que una reordenación del enclave para su mejor adecuación al uso público requerido contaría con el aplauso de esos empresarios a los que parece haberles caído la maldición mallorquina.