El objetivo, González Bravo de Laguna

Otras cosas sí merecen la atención de la Fiscalía, y casi todas están referidas al beneficio que los socios privados y algunos de sus gestores obtenían (u obtienen) por su posición privilegiada de socios privados o representantes de esos socios privados. También el fiscal destaca expresamente al intercambio de contratos que Emalsa hacía (y hace) con Ser Canarias y con Satocan. Con la primera, toda esa relación de servicios que se facturaban al tun-tun a mayor gloria de su cuenta de resultados, y con Satocan, por el famoso mega contrato de las oficinas que la compañía del agua ocupa actualmente en el centro comercial Las Ramblas, en la zona de Siete Palmas. Unos incrementos de costes alejados de los precios de mercado (dice la Fiscalía) que, desde luego, debían ser conocidos por el consejo de administración que preside Juan José Cardona, y del que fue secretario José Miguel Bravo de Laguna, con antelación suficiente a que lo contara la prensa, que realmente basó sus pesquisas en el mentado pago de la que se vislumbra como futura sede de Ser Canarias en Los Tarahales. Tiene razón la Fiscalía cuando destaca que esos encargos de servicios a empresas de los socios y consejeros de Emalsa incrementaban notablemente el coste del metro cúbico del agua, factor determinante para fijar su precio público, que viene a ser el que pagan los sufridos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria en sus recibos. Pero hasta ahí han llegado, que se sepa oficialmente, las sospechas del Ministerio Público, que parece haber medido con la precisión de un cirujano el corte exacto que se quería dar a la denuncia para que los efectos se centren particularmente en una de las bestias pardas que tiene en su altar de enemigos a sacrificar de modo ejemplarizante el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Ese destinatario de sus ceremoniales vudús no es otro que Rafael González Bravo de Laguna, ex presidente de Ser Canarias, ex representante de Saur, factótum de la privatización de Emalsa? al que le acaba de caer, también casualmente, una inspección fiscal que se ha saldado con una multa de 1,5 millones de euros. El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, suena en los ambientes del Palacio de la Audiencia como posible vocal del nuevo Consejo General del Poder Judicial. A priori cuenta con la bendición del fiscal general del Estado, Torres Dulce; se desconoce qué opina el señor ministro.

Otras cosas sí merecen la atención de la Fiscalía, y casi todas están referidas al beneficio que los socios privados y algunos de sus gestores obtenían (u obtienen) por su posición privilegiada de socios privados o representantes de esos socios privados. También el fiscal destaca expresamente al intercambio de contratos que Emalsa hacía (y hace) con Ser Canarias y con Satocan. Con la primera, toda esa relación de servicios que se facturaban al tun-tun a mayor gloria de su cuenta de resultados, y con Satocan, por el famoso mega contrato de las oficinas que la compañía del agua ocupa actualmente en el centro comercial Las Ramblas, en la zona de Siete Palmas. Unos incrementos de costes alejados de los precios de mercado (dice la Fiscalía) que, desde luego, debían ser conocidos por el consejo de administración que preside Juan José Cardona, y del que fue secretario José Miguel Bravo de Laguna, con antelación suficiente a que lo contara la prensa, que realmente basó sus pesquisas en el mentado pago de la que se vislumbra como futura sede de Ser Canarias en Los Tarahales. Tiene razón la Fiscalía cuando destaca que esos encargos de servicios a empresas de los socios y consejeros de Emalsa incrementaban notablemente el coste del metro cúbico del agua, factor determinante para fijar su precio público, que viene a ser el que pagan los sufridos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria en sus recibos. Pero hasta ahí han llegado, que se sepa oficialmente, las sospechas del Ministerio Público, que parece haber medido con la precisión de un cirujano el corte exacto que se quería dar a la denuncia para que los efectos se centren particularmente en una de las bestias pardas que tiene en su altar de enemigos a sacrificar de modo ejemplarizante el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Ese destinatario de sus ceremoniales vudús no es otro que Rafael González Bravo de Laguna, ex presidente de Ser Canarias, ex representante de Saur, factótum de la privatización de Emalsa? al que le acaba de caer, también casualmente, una inspección fiscal que se ha saldado con una multa de 1,5 millones de euros. El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, suena en los ambientes del Palacio de la Audiencia como posible vocal del nuevo Consejo General del Poder Judicial. A priori cuenta con la bendición del fiscal general del Estado, Torres Dulce; se desconoce qué opina el señor ministro.