Obstruir al Poder Judicial

La cara de Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, era de póker de damas este miércoles en el hotel Costa Meloneras, donde ocupaba la esquina izquierda de la mesa inaugural de unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno de Canarias sobre derechos humanos e inmigración. Le tocó comerse el marrón que la delegada, Hernández Bento, prefirió ahorrarse: escuchar de boca de una juez y de una vocal del Poder Judicial un reproche por el veto antidemocrático aplicado a jueces y fiscales por parte de un cuerpo dependiente del poder ejecutivo. Un veto que en realidad no se dirigía precisamente a ocultar las irregularidades en el CIE de Barranco Seco, más allá de las que todos conocemos, sino que pretendía básicamente enseñar los dientes al poder judicial en un pulso que no tiene sentido y que sólo contribuirá a tensar unas relaciones que obligatoriamente han de ser fluidas y muy profesionales. Las tiranteces entre determinados mandos de la Policía y algunos jueces y fiscales no son nuevas en esta etapa. Fue una visita al CIE de la juez de control de ese centro la que ocasionó que se reactivara el caso de la patera que naufragó en diciembre de 2012 en Lanzarote con la muerte de un inmigrante y la desaparición de otros seis. La Policía, en complicidad infumable de la Delegación del Gobierno, quiso expulsar expeditivamente y de tapadillo a los testigos de cargo para que se olvidara lo que luego todos pudimos ver en un vídeo grabado por la Guardia Civil: una negligencia con resultado de muerte. La jefa provincial de Las Palmas, Sagrario de León, que se ha creído que es Lara Croft, se pasó por donde le apeteció (y por escrito) instrucciones de la Fiscal de Menores en el caso de Minerva Betancor, la joven que perdió a su hijo por una demanda de su ex marido desde Alemania. Una fiscal perteneciente a la misma Fiscalía Provincial en la que sin embargo sí se ha apoyado para otras hazañas de difícil explicación pública y orgánica, como ese intento de soslayar responsabilidades de las fuerzas de seguridad en el caso de la patera de Costa Teguise. Nuestro periódico está siguiendo de cerca el memorable patinazo de la redada de Mogán, en cuyas escuchas telefónicas siguen apareciendo personajes de culebrón. Y seguiremos. El clímax, sin embargo, lo ha alcanzado la señora de León con esta prohibición a jueces y fiscales a visitar un CIE. Traerá cola si algún partido político decide interpelar al ministro del Interior para que lo explique. O si el Consejo General del Poder Judicial, por una vez y sin que sirva de precedente, se pone en su sitio y exige que se depuren responsabilidades por una intromisión intolerable en sus funciones jurisdiccionales de control del poder ejecutivo.

La cara de Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, era de póker de damas este miércoles en el hotel Costa Meloneras, donde ocupaba la esquina izquierda de la mesa inaugural de unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno de Canarias sobre derechos humanos e inmigración. Le tocó comerse el marrón que la delegada, Hernández Bento, prefirió ahorrarse: escuchar de boca de una juez y de una vocal del Poder Judicial un reproche por el veto antidemocrático aplicado a jueces y fiscales por parte de un cuerpo dependiente del poder ejecutivo. Un veto que en realidad no se dirigía precisamente a ocultar las irregularidades en el CIE de Barranco Seco, más allá de las que todos conocemos, sino que pretendía básicamente enseñar los dientes al poder judicial en un pulso que no tiene sentido y que sólo contribuirá a tensar unas relaciones que obligatoriamente han de ser fluidas y muy profesionales. Las tiranteces entre determinados mandos de la Policía y algunos jueces y fiscales no son nuevas en esta etapa. Fue una visita al CIE de la juez de control de ese centro la que ocasionó que se reactivara el caso de la patera que naufragó en diciembre de 2012 en Lanzarote con la muerte de un inmigrante y la desaparición de otros seis. La Policía, en complicidad infumable de la Delegación del Gobierno, quiso expulsar expeditivamente y de tapadillo a los testigos de cargo para que se olvidara lo que luego todos pudimos ver en un vídeo grabado por la Guardia Civil: una negligencia con resultado de muerte. La jefa provincial de Las Palmas, Sagrario de León, que se ha creído que es Lara Croft, se pasó por donde le apeteció (y por escrito) instrucciones de la Fiscal de Menores en el caso de Minerva Betancor, la joven que perdió a su hijo por una demanda de su ex marido desde Alemania. Una fiscal perteneciente a la misma Fiscalía Provincial en la que sin embargo sí se ha apoyado para otras hazañas de difícil explicación pública y orgánica, como ese intento de soslayar responsabilidades de las fuerzas de seguridad en el caso de la patera de Costa Teguise. Nuestro periódico está siguiendo de cerca el memorable patinazo de la redada de Mogán, en cuyas escuchas telefónicas siguen apareciendo personajes de culebrón. Y seguiremos. El clímax, sin embargo, lo ha alcanzado la señora de León con esta prohibición a jueces y fiscales a visitar un CIE. Traerá cola si algún partido político decide interpelar al ministro del Interior para que lo explique. O si el Consejo General del Poder Judicial, por una vez y sin que sirva de precedente, se pone en su sitio y exige que se depuren responsabilidades por una intromisión intolerable en sus funciones jurisdiccionales de control del poder ejecutivo.