Pagan los vecinos

El poder y la influencia de los Acevedo, accionistas mayoritarios de la galería de Vergara, que abastece de agua a todo el Norte de Tenerife, incluyendo una parte de Santa Cruz, bloquea cualquier solución que pase por aligerar costes a los ayuntamientos y a los vecinos, y por acabar con el tremendo problema de alta presencia de flúor que presenta el agua de abasto en todas las localidades del norte, unas 350.000 almas, si incluimos la zona metropolitana. La galería de Vergara extrae agua de un acuífero localizado en zonas de reciente actividad volcánica, con una alta presencia de CO2, lo que incrementa el contenido en sales, y dispara especialmente el flúor. Son constantes los avisos a la población de que no consuman agua de abasto cuando se dispara por encima de los valores admisibles la presencia de este elemento en el agua, sin ir más lejos la semana pasada. Ni siquiera la intermediación de una planta desalinizadora garantiza una calidad óptima del agua, al menos comparable con la que se podría conseguir tratando la del mar, que encima tiene coste cero de materia prima. El Cabildo lleva quince años dándole vueltas a la posibilidad de construir una desalinizadora en la boca de la galería de Vergara en vez de imitar otros ejemplos de éxito, como el de Gran Canaria, y acudir a la potabilización de agua de mar, más barata, de mayor calidad y con indiscutible garantía de suministro. Pero los aguatenientes mandan y mandan de lo lindo. De ahí que el Cabildo imponga ahora a La Laguna la caducidad de la licencia de su desalinizadora de La Esperanza si decide hacer la suya en la zona alta de Los Realejos, en la boca de la galería de los Acevedo. ¿Y quién paga esta política disparatada? Los vecinos, cómo no. Primero porque, con desalinizadora o sin ella, la calidad del agua seguirá siendo precaria. Segundo porque, tanto en el caso de La Laguna como en el de la que algún día promueva el Cabildo, los costes se repercutirán en el recibo del agua a través de cada Ayuntamiento, que habrán de arrimar el hombro en una infraestructura así. La desalinizadora de La Laguna, para que se hagan una idea, va a costar 17 millones de euros y el dinero saldrá de las arcas municipales, es decir, de los bolsillos de los contribuyentes. El Cabildo no tiene dinero para una aventura de este tipo y sus lamentos contra el Estado por no incluirla nunca en el convenio de obras hidráulicas se tropezaron siempre con la ausencia de apoyo de la Comunidad Autónoma, que jamás la incluyó como obra de interés general. Ahora que no hay perras, échale hilo a la cometa. Y a pagar los vecinos.

El poder y la influencia de los Acevedo, accionistas mayoritarios de la galería de Vergara, que abastece de agua a todo el Norte de Tenerife, incluyendo una parte de Santa Cruz, bloquea cualquier solución que pase por aligerar costes a los ayuntamientos y a los vecinos, y por acabar con el tremendo problema de alta presencia de flúor que presenta el agua de abasto en todas las localidades del norte, unas 350.000 almas, si incluimos la zona metropolitana. La galería de Vergara extrae agua de un acuífero localizado en zonas de reciente actividad volcánica, con una alta presencia de CO2, lo que incrementa el contenido en sales, y dispara especialmente el flúor. Son constantes los avisos a la población de que no consuman agua de abasto cuando se dispara por encima de los valores admisibles la presencia de este elemento en el agua, sin ir más lejos la semana pasada. Ni siquiera la intermediación de una planta desalinizadora garantiza una calidad óptima del agua, al menos comparable con la que se podría conseguir tratando la del mar, que encima tiene coste cero de materia prima. El Cabildo lleva quince años dándole vueltas a la posibilidad de construir una desalinizadora en la boca de la galería de Vergara en vez de imitar otros ejemplos de éxito, como el de Gran Canaria, y acudir a la potabilización de agua de mar, más barata, de mayor calidad y con indiscutible garantía de suministro. Pero los aguatenientes mandan y mandan de lo lindo. De ahí que el Cabildo imponga ahora a La Laguna la caducidad de la licencia de su desalinizadora de La Esperanza si decide hacer la suya en la zona alta de Los Realejos, en la boca de la galería de los Acevedo. ¿Y quién paga esta política disparatada? Los vecinos, cómo no. Primero porque, con desalinizadora o sin ella, la calidad del agua seguirá siendo precaria. Segundo porque, tanto en el caso de La Laguna como en el de la que algún día promueva el Cabildo, los costes se repercutirán en el recibo del agua a través de cada Ayuntamiento, que habrán de arrimar el hombro en una infraestructura así. La desalinizadora de La Laguna, para que se hagan una idea, va a costar 17 millones de euros y el dinero saldrá de las arcas municipales, es decir, de los bolsillos de los contribuyentes. El Cabildo no tiene dinero para una aventura de este tipo y sus lamentos contra el Estado por no incluirla nunca en el convenio de obras hidráulicas se tropezaron siempre con la ausencia de apoyo de la Comunidad Autónoma, que jamás la incluyó como obra de interés general. Ahora que no hay perras, échale hilo a la cometa. Y a pagar los vecinos.