El papelón de la Fiscalía de Canarias

Son cosas de la justicia fronteriza, la que trata de impartirse a tantos centenares de kilómetros de los centros de decisión, estos días saltando escocidos de escándalo en escándalo al descubrirse (o mejor, confirmarse) que el Partido Popular no solo le ha dado al saqueo sin cuartel, sino que en busca de la impunidad ha implicado a magistrados, magistradas, fiscales y fiscalas. Visto ese panorama desde la ultraperiferia, algunos incluso sueltan un resoplido de alivio porque, revueltas las moquetas de la metrópoli, a nadie se le ocurrirá purgar más allá de la M-30. O no, oye, que ya puestos a revisar lo que se ha hecho estos últimos años de confusión entre el poder ejecutivo y el poder judicial, es probable que todos alcancen lo que se merecen. Por eso, dicen en la villa y corte, se cargaron a Consuelo Madrigal, la fiscala general del Estado que no quería saber nada de componendas. Y de las componendas de Canarias tenía cumplida información.

Nadie da un duro en Madrid por la renovación en sus cargos de Vicente Garrido, fiscal jefe de Canarias, y de su delegado en la oficina de Las Palmas, Guillermo García-Panasco. El esfuerzo que hubo que hacer por tapar el escándalo que supusieron las diligencias pre-procesales contra Victoria Rosell, encargadas en plena campaña electoral de 2015 a la dúctil y maleable Evangelina Ríos, pesan todavía como un baldón en la Fiscalía General del Estado, que autorizó a regañadientes el recurso contra la sentencia del TSJ de Canarias que declaraba ilegales (por vulnerar derechos fundamentales) aquellas investigaciones. Nadie duda ya a estas alturas, sobre todo al conocerse el resto de la trama (con perdón) que fueron ordenadas (inducidas, sugeridas o solicitadas, tachen lo que quieran) por José Manuel Soria, a la sazón ministro del mismo Gobierno que ya estamos comprobando (por si quedaban dudas)  que utiliza el aparato del Estado para todo aquello que considera le puede servir para tapar sus desvergüenzas o acusar a un adversario político. ¡Y pensar que Soria se ofendió -modo víctima de las hordas comunistas- cuando se le acusó precisamente de eso! Todo un jeta caribeño, como ha quedado suficientemente acreditado.

Tenemos en Canarias una Fiscalía herida y contaminada. Herida por las marcas que a lo largo de tantos años de impunidad le han hecho algunos que no han temido sus abusos y arbitrariedades. Contaminada por ese excesivo restriegue con el poder político y empresarial que, en algunos casos, la ha colocado en el límite mismo del Código Penal. Resulta increíble que el delito de prevaricación no se pueda aplicar contra quienes tienen en su mano la vida y la hacienda de los justiciables, tanto para acabar con ellos como para perdonarles sus andanzas. En teoría no toman resoluciones injustas a sabiendas, pero una intencionada legislación y una muy teledirigida jurisprudencia obliga a los jueces a hacer lo que pide el Ministerio Público ante la ausencia de otras acusaciones; o lo que no quiere el Ministerio Público que se haga incluso habiendo acusaciones particulares o acciones populares. Las resoluciones las toma el juez o la jueza y los fiscales y fiscalas se marchan cada mediodía a casita con la tranquilidad de haber cumplido con las órdenes (cuando las hay) o con su conciencia (cuando la hay).

Su estatutaria jerarquización, además, libra de todo pecado mortal al subordinado, al que sin embargo hay que sacar del fango cuando una orden de dudosa reputación legal los compromete. Es el caso de Evangelina Ríos y su compadreo con el magistrado Salvador Alba. El papelón del fiscal jefe, Vicente Garrido, en la causa que se sigue contra el todavía juez en activo resulta en ocasiones patético. Cualquiera que conozca su actuación en ese sumario no aprecia en el fiscal jefe de Canarias otra preocupación que salvar a Evangelina Ríos de cualquier salpicadura penal, y para ello es capaz de obstaculizar incluso la imposición de nuevos delitos al principal encartado, con cuyo abogado, Nicolás González-Cuéllar (el tradicional abogado de Soria) mantiene una entrañable complicidad en todas las iniciativas que obstaculicen la presencia de acusaciones particulares o acciones populares. No disimula un carajo y lo podrá comprobar el público municipal y espeso cuando lleguen los escritos de acusación (que algún día llegarán, tangan fe) o cuando se celebre la vista oral (y pública) del juicio contra el que amenaza con convertirse en el juez más corrupto que haya pasado jamás por Canarias.

El desnorte de la Fiscalía de Canarias le ha conducido estas últimas semanas a protagonizar hechos tan lamentables como el archivo de la investigación por el mitin de Mariano Rajoy y José Manuel Soria en aquel Mogán de los años del caso Góndola. Una instrucción que comenzó en 2006 acaba de sufrir su primer carpetazo (el de la pieza del Grupo Europa) a pesar de la confirmación de que fue esa compañía -cuyo administrador único está en prisión por hacer algo similar en Telde- era la que pagaba las fiestas, incluido ese mitin del actual presidente del Gobierno. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un trato de favor que, efectivamente, no llegó a producirse. O sea, la misma machangada empleada para absolver por el mismo caso Grupo Europa al portavoz económico del PP en el Parlamento, Jorge Rodríguez: “fue penalti, pero también pudo no haber sido penalti”. Chupito.

Para poder archivar este mitin de Rajoy sin ruido en el juzgado, la Fiscalía se ocupó primero de echar a la acusación popular, lo mismo, mira tú qué cosas, que ha intentado Vicente Garrido en la causa contra Salvador Alba, con la diferencia de que aquí se ha tropezado con la actitud irreductible de la magistrada Margarita Varona.

La guinda, sin embargo, ha sido el repentino descubrimiento del fiscal jefe de Las Palmas de que Salvador Alba no es un juez imparcial. El feliz alumbramiento se ha producido con ocasión del disparatado auto por el que el juez bajo sospecha firmó a favor del muy patrocinado empresario Luis Lleó, uno de los cabecillas del caso Unión. Ya lo hemos comentado aquí recientemente, diez días antes de la resolución de la Fiscalía, dicho sea sin animus jodiendi. Porque nosotros, al igual que un nutrido grupo de personas que siguen con atención las escandalosas evoluciones de algunos gestores de la Justicia, sabíamos que Salvador Alba iba a hacer una escabechina desde el mismísimo día en que lo designaron presidente del tribunal del jurado que va a juzgar la pieza principal del caso Unión. Y no es que seamos los más listos de la clase, qué va, es que sencillamente nada bueno cabe esperar de un magistrado que ha sido capaz de las cosas que ha hecho Salvador Alba. Y, dicho sea con mayor respeto, sin duda, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. ¿O nos vamos a olvidar ahora de que de ese ensolerado equipo de magistrados salió, entre otros autos anulatorios, el de la entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó, donde se encontraron unos correos electrónicos que comprometían gravemente a un magistrado del Supremo y a otro de la Audiencia Provincial de Madrid? Ay, la justicia fronteriza.

Son cosas de la justicia fronteriza, la que trata de impartirse a tantos centenares de kilómetros de los centros de decisión, estos días saltando escocidos de escándalo en escándalo al descubrirse (o mejor, confirmarse) que el Partido Popular no solo le ha dado al saqueo sin cuartel, sino que en busca de la impunidad ha implicado a magistrados, magistradas, fiscales y fiscalas. Visto ese panorama desde la ultraperiferia, algunos incluso sueltan un resoplido de alivio porque, revueltas las moquetas de la metrópoli, a nadie se le ocurrirá purgar más allá de la M-30. O no, oye, que ya puestos a revisar lo que se ha hecho estos últimos años de confusión entre el poder ejecutivo y el poder judicial, es probable que todos alcancen lo que se merecen. Por eso, dicen en la villa y corte, se cargaron a Consuelo Madrigal, la fiscala general del Estado que no quería saber nada de componendas. Y de las componendas de Canarias tenía cumplida información.

Nadie da un duro en Madrid por la renovación en sus cargos de Vicente Garrido, fiscal jefe de Canarias, y de su delegado en la oficina de Las Palmas, Guillermo García-Panasco. El esfuerzo que hubo que hacer por tapar el escándalo que supusieron las diligencias pre-procesales contra Victoria Rosell, encargadas en plena campaña electoral de 2015 a la dúctil y maleable Evangelina Ríos, pesan todavía como un baldón en la Fiscalía General del Estado, que autorizó a regañadientes el recurso contra la sentencia del TSJ de Canarias que declaraba ilegales (por vulnerar derechos fundamentales) aquellas investigaciones. Nadie duda ya a estas alturas, sobre todo al conocerse el resto de la trama (con perdón) que fueron ordenadas (inducidas, sugeridas o solicitadas, tachen lo que quieran) por José Manuel Soria, a la sazón ministro del mismo Gobierno que ya estamos comprobando (por si quedaban dudas)  que utiliza el aparato del Estado para todo aquello que considera le puede servir para tapar sus desvergüenzas o acusar a un adversario político. ¡Y pensar que Soria se ofendió -modo víctima de las hordas comunistas- cuando se le acusó precisamente de eso! Todo un jeta caribeño, como ha quedado suficientemente acreditado.