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Opinión - ¡Con los jueces hemos topado! Por Esther Palomera

Paradoja de final impredecible

De confirmarse la interposición de ese contencioso-administrativo por parte de Videoreport Canarias, el Gobierno se enfrentaría a una curiosísima paradoja jurídica: mientras el proveedor de contenidos lo demanda por incumplimiento de contrato, la Justicia anula ?aún pendiente de sentencia firme- el concurso por el que Videoreport se convirtió en proveedora de esos servicios de informativos para el ente Radiotelevisión Pública de Canarias. Con lo que empezaríamos a dudar de qué decisión convendría más al Gobierno, si que se anulara el concurso y se devolviera a Socater el contrato y por lo tanto la gestión completa de la Televisión Canaria, con la consiguiente y muy millonaria indemnización a Videoreport por las cuantiosas inversiones realizadas y el lucro cesante, o que la justicia diera la razón a esta empresa y el Gobierno tuviera que a) mantenerle los 18 millones anuales de pago por las prestaciones contratadas; o b) compensarle con la explotación total de la televisión y la radio públicas, regresando de ese modo al momento Socater, con el añadido de la radio, ya convertida en una comercial más. La verdad es que se pone bonito el panorama.

De confirmarse la interposición de ese contencioso-administrativo por parte de Videoreport Canarias, el Gobierno se enfrentaría a una curiosísima paradoja jurídica: mientras el proveedor de contenidos lo demanda por incumplimiento de contrato, la Justicia anula ?aún pendiente de sentencia firme- el concurso por el que Videoreport se convirtió en proveedora de esos servicios de informativos para el ente Radiotelevisión Pública de Canarias. Con lo que empezaríamos a dudar de qué decisión convendría más al Gobierno, si que se anulara el concurso y se devolviera a Socater el contrato y por lo tanto la gestión completa de la Televisión Canaria, con la consiguiente y muy millonaria indemnización a Videoreport por las cuantiosas inversiones realizadas y el lucro cesante, o que la justicia diera la razón a esta empresa y el Gobierno tuviera que a) mantenerle los 18 millones anuales de pago por las prestaciones contratadas; o b) compensarle con la explotación total de la televisión y la radio públicas, regresando de ese modo al momento Socater, con el añadido de la radio, ya convertida en una comercial más. La verdad es que se pone bonito el panorama.