Un paripé infame en el Parlamento canario

Todos los diputados y diputadas que este lunes participaron en la comisión de control de Radio Televisión Canaria, en el Parlamento regional, sabían perfectamente que uno de los aspirantes a la junta de control de ese ente público no reunía los requisitos exigidos para el puesto. Por saberlo hasta lo sabían los miembros del grupo que lo ha propuesto, Coalición Canaria, cuyos parlamentarios (qué esperar de Díaz-Estébanez, que lleva 30 años comiendo de la política) se han plegado disciplinadamente a la imposición de su líder, Fernando Clavijo, que todavía no ha terminado de asimilar la pérdida de la presidencia del Gobierno y, con ella, la dura realidad de que lo que dejó hecho en muchos ámbitos -particularmente en el de la radio y la televisión públicas- no solo era manifiestamente mejorable sino que ha mejorado notablemente. Incluso en tiempos de tanta convulsión y crisis.

Francisco Pomares, el emisario de Clavijo para la Televisión Canaria (la radio les importa a ambos exactamente una higa), tiene la encomienda de reventarla desde dentro, y así lo ha venido evidenciando, casi anunciando, desde que comenzó este disparatado proceso de elección de la junta de control del ente, uno de los órganos pendientes de constituir para completar el diseño de la más disparatada aún ley de RTVC, que la mayoría parlamentaria está tardando en volver a reformar para darle un poco de cordura al sistema.

Esa ley permite, por ejemplo, que se haya podido consumar este lunes un disparate jurídico y político tan infame como que una lista de candidatos y candidatas a la junta de control que ya fue rechazada por el Pleno del Parlamento haya podido presentarse de nuevo; o que se tenga que votar conjuntamente y no por separado, hurtando en ambos casos a los diputados y diputadas su derecho a votar positivamente por unos o negativamente por otros.

El caso es que la comisión de control de RTVC volvió a repetir el paripé de evaluar la idoneidad de los mismos candidatos y candidatas que ya evaluó en abril pasado, como si la voluntad mayoritaria de la Cámara cuando los tumbó a todos conjuntamente no haya servido para nada. La ley anterior al menos obligaba a las fuerzas proponentes a cambiar el 50% de la lista rechazada, pero la interpretación que ahora hacen los servicios jurídicos del Parlamento, controlados aún por Coalición Canaria, es que lo que no está prohibido está permitido, luego si no se prohibe volver a presentar a los mismos, así se hará hasta que haya una rendija de debilidad o un pacto político indigno, y se deje pasar a los que fueron calificados como indecentes, incluso como sinvergüenzas.

Es el caso de Francisco Pomares, que no se sabe muy bien por qué motivo de mucho peso, volvió a prestarse a ser zarandeado ante la comisión parlamentaria que controla la RTVC para optar nuevamente a representar a Clavijo en el ente. Y si en abril sólo recibió el rechazo de Unidas Podemos, en esta ocasión fue censurado también por Nueva Canarias y el Partido Socialista. Y no solo por su situación de investigado en una instrucción penal por haber falsificado (presuntamente y tal) su currículo para hacerse con una plaza de profesor de Periodismo en la Universidad de La Laguna, sino también por haber sido tan excesivo y bullanguero en sus ataques al administrador único de RTVC, Francisco Moreno, con el que se presume que habría de colaborar para conseguir juntos el sagrado objetivo que dice inspirar sus pasos: potenciar el carácter público de la tele, más concretamente de los servicios informativos, que ya hace dos años que son públicos, pero bueno.

En realidad, el encargo concreto que tiene Pomares es borrar de la lista de proveedores de RTVC a Videoreport Canarias, la productora participada por la empresa editora de Canarias7, titular hasta 2019 del concurso por el que se proveía de los servicios informativos a la Televisión Canaria. Esa perversa y antidemocrática encomienda ya la tuvo el último director general de la era de Coalición Canaria, Santiago Negrín, que fue tan cenizo en la gestión del concurso convocado para que lo ganara la competencia de Videoreport, que lo ganó Videoreport. ¿Y quién lo perdió? Pues la productora amiga de Fernando Clavijo, Nuntium, participada -mira tú qué cosas- por Prensa Canaria y el Grupo Prisa, es decir, la Cadena Ser. Aquella hecatombe a punto estuvo de dejar sin emisiones a los dos medios públicos, llegó a los tribunales por la negativa del Gobierno a firmar el contrato con el ganador del concurso y a un cambalache legal para que la Comunidad Autónoma asumiera a los trabajadores de informativos y para mantener abiertas las instalaciones del ente alquilándoselas al propietario (Videoreport).

Clavijo quedó desde entonces en deuda con sus medios de cabecera, que aún hoy bregan con ahínco por la vuelta de Coalición Canaria al poder (aunque sea en un pacto con el PSOE) de modo que las debilitadas facturaciones vuelvan a ser todo lo gruesas que fueron en aquellos años de clientelismo, campañas infladas y juanluisesguerra. Para eso es preciso, o al menos eso creen todos ellos, borrar del mapa a Canarias7 y cortarle cualquier vía de financiación que pueda fortalecer al periódico.

Junto a ese encargo, ya como propina, Pomares habría de ocuparse en la junta de control de impedir que puedan contratar con la tele las productoras Plató del Atlántico (vinculada a Diario de Avisos) y Clan de Medios (editora de Canarias Ahora), aunque de esta última ya se viene ocupando con denuedo el líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, que se desgañita contra nosotros desde que tuvimos la osadía de publicar que su hija, una amiga de su hija y la pareja de esta están siendo investigados por un juzgado por presuntamente haber sido beneficiados en las oposiciones de Enfermería de la Comunidad Autónoma de Canarias. El caciquismo tuvo tanto descaro que fueron las tres únicas personas de entre las 10.000 que se presentaron a las pruebas que no tuvieron ni un solo fallo en el examen. 

Al equipo de censura a los medios desafectos al clavijismo se ha sumado también de modo entusiasta la diputada tránsfuga Vidina Espino, que se marchó de Ciudadanos con la antelación suficiente para pasar la debida descompresión antes de desembarcar en Coalición Canaria, a donde dirige sus pasos. Hace tiempo que Espino y Pomares unieron sus destinos (al menos los políticos) para la confluencia de la tránsfuga en un partido más rentable (sí, rentable) que el que la llevó a la primera línea de la política regional. Fue clamoroso el dictado de improperios que, desde los micrófonos de Radio Club Tenerife, lanzaba Pomares para que se los repitiera Espino a los concejales y la concejala de Ciudadanos cuando votaban a favor de la alcaldesa socialista de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández en la constitución del Ayuntamiento en 2019. “¡Tamayazo!”, exclamaba por ósmosis inversa.

A Pomares se le atribuye también la estrategia de transformación de la diputada de Ciudadanos en tránsfuga, así como su discurso de Doncella de Orleans lanzado en julio pasado desde la tribuna de oradores del Parlamento, discurso que él mismo defendió públicamente en su columna en El Día cuando Ciudadanos informó de que la salida de Espino tenía que ver con que le iban a retirar la portavocía y algunas de sus atribuciones y retribuciones.

Este lunes resultó excitante el madrigal que ambos protagonizaron en la comisión de control de RTVC. Los dos leyeron lo que tenían que decirse, las alabanzas lanzadas por ella y las respuestas fingidamente técnicas que él le dio emocionado y agradecido. Lo habían preparado.

Todo queda ahora pendiente de lo que ocurra en el pleno del Parlamento del 9 y 10 de noviembre, y particularmente de lo que haga el PSOE. Ángel Víctor Torres, que dirige personalmente este delicado asunto, sabe perfectamente que se juega mucho en esta ronda, como ya dejó claro este lunes Casimiro Curbelo ordenando votar a favor de Pomares en la comisión de idoneidad. Puede que también a este envite del líder gomero se reponga el pacto de gobierno de Canarias, pero si cede ante él para no incomodarlo, lo que perderán el presidente y la ciudadanía será la televisión y la radio públicas, uno de los emblemas de cambio de esta legislatura.

Todos los diputados y diputadas que este lunes participaron en la comisión de control de Radio Televisión Canaria, en el Parlamento regional, sabían perfectamente que uno de los aspirantes a la junta de control de ese ente público no reunía los requisitos exigidos para el puesto. Por saberlo hasta lo sabían los miembros del grupo que lo ha propuesto, Coalición Canaria, cuyos parlamentarios (qué esperar de Díaz-Estébanez, que lleva 30 años comiendo de la política) se han plegado disciplinadamente a la imposición de su líder, Fernando Clavijo, que todavía no ha terminado de asimilar la pérdida de la presidencia del Gobierno y, con ella, la dura realidad de que lo que dejó hecho en muchos ámbitos -particularmente en el de la radio y la televisión públicas- no solo era manifiestamente mejorable sino que ha mejorado notablemente. Incluso en tiempos de tanta convulsión y crisis.

Francisco Pomares, el emisario de Clavijo para la Televisión Canaria (la radio les importa a ambos exactamente una higa), tiene la encomienda de reventarla desde dentro, y así lo ha venido evidenciando, casi anunciando, desde que comenzó este disparatado proceso de elección de la junta de control del ente, uno de los órganos pendientes de constituir para completar el diseño de la más disparatada aún ley de RTVC, que la mayoría parlamentaria está tardando en volver a reformar para darle un poco de cordura al sistema.