La patrullera, como el avión del caso Salmón

La presencia de la patrullera Relámpago, de la Armada española, en la cuadrícula Sandía, de las prospecciones concedidas a Repsol en aguas de las Islas Canarias no costó nada de nada al sufrido contribuyente español. Esta allí cumpliendo el sagrado deber de proteger los bienes y los intereses de una empresa multinacional de bandera hispana como mañana mismamente puede hacer lo mismo por usted o por usted en el caso de que precisara que le cuidaran la hamaca y la toalla en lo que se da un chapuzón en la playa. Dice el Gobierno del Reino de España que no se puede estimar el coste de los servicios prestados a Repsol por la patrullera porque, total, había que mover el barco, pagar salarios a la tripulación y gastar avituallamiento, combustible, lubricantes, agua y demás se protegiera a Repsol o se protegieran bienes propiedad del Estado. Nos quedaremos sin saber, entre otras cosas, lo que supuso económicamente lanzar dos lanchas al mar para embestir brutalmente a las embarcaciones de Greenpeace, o lo que nos costó a todos el helicóptero que trasladó a una activista herida como consecuencia de esas embestidas. Transparencia, cero. Una manera como otra cualquiera de tomar el pelo al contribuyente español porque cualquier Ejército que se precie, siempre que sea distinto al de Pancho Villa, ha de conocer al céntimo cuánto le cuesta una milla de navegación a cada una de sus unidades o una jornada de vigilancia al pairo, como se sabe fuera del mundo militar lo que cuesta la asistencia a un particular de un camión de bomberos en un incendio o en la evacuación de un ascensor; el traslado de un herido en un avión medicalizado, o un rescate de alta montaña. Pero ya se sabe que cuando se trata de las fallidas prospecciones petrolíferas en Canarias, la consigna es echar tierra encima para que el desastre se olvide cuanto antes.

El avión que iba a volar al salmón

La respuesta del Gobierno del Reino de España a la diputada nacionalista canaria Ana Oramas es de manual. Del manual de Groucho: ésa es nuestra respuesta, y si no te gusta tenemos otras muchas, aunque ninguna parecida a la que realmente necesitas conocer. Se parece como dos gotas de agua a aquella ocurrencia de una juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que decidió archivar en 2009 el caso Salmón aduciendo que el avión privado en el que José Manuel Soria viajó a Salzburgo y a Noruega para un concierto y para pescar salmón, respectivamente, iba a volar de todas formas, fuera o no a bordo el hoy ministro, su esposa y su hijo mayor (al que hubo que venir a recoger a Gran Canaria entre un destino y otro), e independientemente de que en aquellas fechas el ilustre invitado tramitara, como presidente del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Grupo Parlamentario del PP, una urbanización turística a favor del propietario del jet. Con ese auto de archivo en la mano se sigue paseando Soria por las redacciones de los medios de comunicación erigiéndose en ejemplo de lo que se sufre estando imputado injustamente. En esas turnés obvia olímpicamente que la Fiscalía Anticorrupción mantuvo hasta el último momento que aquello era un cohecho impropio del tamaño del almacén Castor y que si no recurría aquel archivo era porque, en realidad, todo había prescrito. ¿Y por qué había prescrito? Pues muy sencillo, porque el TSJC se tomó su tiempo para abrir diligencias y, a pesar de que la denuncia fue presentada en agosto, esperó hasta octubre para acabar aplicando la doctrina más favorable al imputado.

Patricia Hernández, en el límite

Este jueves puede ser un día crucial para los intereses electorales del Partido Socialista Canario-PSOE, y por lo tanto para su candidata de referencia, Patricia Hernández. Porque toca poner sobre la mesa de la Ejecutiva Federal del PSOE, en la muy madrileña calle de Ferraz, los argumentos que atesora para que la alta dirección socialista modifique las principales listas (mayormente las del Parlamento) aprobadas por los órganos regionales (Ejecutiva y Comité Regional). Es un órdago complicado el que ha echado a su propio partido la candidata, que ha bajado estos últimos días el tono de sus agrias críticas para ceñirse a los aspectos en los que indiscutiblemente parece tener la razón. Por ejemplo, en la lista al Parlamento por La Palma. Los acuerdos que condujeron a la readmisión de Anselmo Pestana y los suyos incluían un puesto concreto para algunos de los suyos, y eso no se contempló en la confección final de la plancha. Menos recorrido parece tener el resto de reclamaciones de la candidata, en concreto su empeño en componer un grupo parlamentario que responda a sus sensibilidades, lo que estos últimos días su equipo ha tratado de camuflar bajo la apariencia de la especialidad que cada aspirante ha de tener para que la representación parlamentaria no haga el ridículo. Ese nuevo condicionante es un arma de doble filo porque si bien podría servirle para justificar su empeño por meter a algunos que se quedaron fuera, a su vez podría desembocar en que caiga uno de los suyos que sí entró en el lote. Además, la Federal deberá escuchar a las otras partes en presencia, en cuyos alrededores resuena estos días el afilar de cuchillos que refulgen cerca del pescuezo de Manuel Fumero, secretario general del PSOE tinerfeño e imputado por un presunto delito ambiental.

Fernando Bañolas, en la cuerda floja

No perdemos de vista lo que le está pasando a Coalición Canaria en Fuerteventura, con José Miguel Ruano convertido en gestora unipersonal y Herrera Velázquez en cadáver político rumbo al club del jubilado Memorial José Carlos Mauricio. Ni nos olvidamos de Lanzarote, con Pepe Torres Stinga e Inés Rojas más cerca de Nueva Canarias que del partido que habitan todavía. Pero hoy toca hablar un poco más de Gran Canaria porque antes de que termine esta semana se sabrá cuál va a ser su futuro más inmediato. Alertado por informaciones periodísticas nada halagüeñas, el secretario insular, Fernando Bañolas, proclamó este miércoles al mundo la lealtad a las siglas nada más y nada menos que del comité de Moya, y reconfirmó que el candidato a Las Palmas de Gran Canaria será Carmelo Afonso. Los anuncios no se realizaron por el natural método de la información positiva, sino bajo la modalidad del desmentido, lo que no hizo otra cosa que llenar de jolgorio a los voraces periodistas que revoloteamos alrededor de una crisis cantada. Porque hasta ahora, que sepamos, nadie había dudado de la lealtad de Moya a la causa fernandina, ni se había informado de que Afonso no sería candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por CC. Lo que hemos dicho y volvemos a decir es que tanto él como otros núcleos bien definidos de la cosa están hasta las mismísimas amígdalas de Bañolas y de los suyos y que, en algunos de esos casos, el acercamiento a Nueva Canarias es mucho más que una conversación de cafetín. Curiosamente, la dirección nacionalista grancanaria no dijo este miércoles ni una sola palabra de la madre de todas las batallas, el municipio de Guía, donde su alcalde sigue sin tomar una decisión sobre la candidatura con la que concurrirá a las elecciones. Un asunto que ocupó y mucho a la Permanente Insular celebrada el lunes y en la que se dijeron auténticas barbaridades del alcalde Pedro Rodríguez. Y, oigan, ese es el único alcalde que tiene Coalición en la isla, que se dice pronto.

La presencia de la patrullera Relámpago, de la Armada española, en la cuadrícula Sandía, de las prospecciones concedidas a Repsol en aguas de las Islas Canarias no costó nada de nada al sufrido contribuyente español. Esta allí cumpliendo el sagrado deber de proteger los bienes y los intereses de una empresa multinacional de bandera hispana como mañana mismamente puede hacer lo mismo por usted o por usted en el caso de que precisara que le cuidaran la hamaca y la toalla en lo que se da un chapuzón en la playa. Dice el Gobierno del Reino de España que no se puede estimar el coste de los servicios prestados a Repsol por la patrullera porque, total, había que mover el barco, pagar salarios a la tripulación y gastar avituallamiento, combustible, lubricantes, agua y demás se protegiera a Repsol o se protegieran bienes propiedad del Estado. Nos quedaremos sin saber, entre otras cosas, lo que supuso económicamente lanzar dos lanchas al mar para embestir brutalmente a las embarcaciones de Greenpeace, o lo que nos costó a todos el helicóptero que trasladó a una activista herida como consecuencia de esas embestidas. Transparencia, cero. Una manera como otra cualquiera de tomar el pelo al contribuyente español porque cualquier Ejército que se precie, siempre que sea distinto al de Pancho Villa, ha de conocer al céntimo cuánto le cuesta una milla de navegación a cada una de sus unidades o una jornada de vigilancia al pairo, como se sabe fuera del mundo militar lo que cuesta la asistencia a un particular de un camión de bomberos en un incendio o en la evacuación de un ascensor; el traslado de un herido en un avión medicalizado, o un rescate de alta montaña. Pero ya se sabe que cuando se trata de las fallidas prospecciones petrolíferas en Canarias, la consigna es echar tierra encima para que el desastre se olvide cuanto antes.

El avión que iba a volar al salmón