Peor que Nules

Las crónicas judiciales españolas siempre ponen al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) como paradigma del desastre que es la Justicia en este país. Esa dependencia judicial custodia uno de los sumarios más farragosos y abigarrados de la reciente historia de la corrupción política hispana, el caso Fabra que, como su nombre indica, tiene como principal encartado a Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación Provincial de Castellón y líder carismático y vitalicio del PP en esa provincia. El juez Jacobo Pin, actual titular de ese juzgado, acaba de decretar la apertura de juicio oral contra Fabra y otras tres personas por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. El proceso a Fabra ha estado fuertemente marcado por las dilaciones judiciales, debidas principalmente a la cantidad de jueces que han ocupado ese juzgado, lo que desde luego ha jugado siempre a favor de los procesados, que gracias al político contaron siempre con algún amparo judicial de pata negra y hasta con un desautorizado archivo por parte de la Audiencia Provincial. Nueve jueces en ocho años, ese es el triste récord del juzgado de Nules, nueve jueces que apenas calentaron la silla ni miraron los tomos del caso Fabra por el forro para, acto seguido, apartar de ellos el incómodo cáliz de meterle mano a un influyente pez gordo de la comunidad. Cuando todos creíamos que ese registro era insuperable, nos hemos encontrado con que no, que en Canarias esas cosas son más que posibles, y el ejemplo es el juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, al que le tocó en suerte el caso Góndola, uno de los asuntos de corrupción del PP más sonados de esta década. Quizás sea ese baile de jueces, inadmisible e irresponsable, el culpable de que la causa apenas haya avanzado y corra el peligro cierto de diluirse en favor de los sospechosos, que podrán alegar a partir de ahora dilaciones indebidas para pedir las mínimas condenas. Si es que el caso llega a juicio.

Las crónicas judiciales españolas siempre ponen al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) como paradigma del desastre que es la Justicia en este país. Esa dependencia judicial custodia uno de los sumarios más farragosos y abigarrados de la reciente historia de la corrupción política hispana, el caso Fabra que, como su nombre indica, tiene como principal encartado a Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación Provincial de Castellón y líder carismático y vitalicio del PP en esa provincia. El juez Jacobo Pin, actual titular de ese juzgado, acaba de decretar la apertura de juicio oral contra Fabra y otras tres personas por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. El proceso a Fabra ha estado fuertemente marcado por las dilaciones judiciales, debidas principalmente a la cantidad de jueces que han ocupado ese juzgado, lo que desde luego ha jugado siempre a favor de los procesados, que gracias al político contaron siempre con algún amparo judicial de pata negra y hasta con un desautorizado archivo por parte de la Audiencia Provincial. Nueve jueces en ocho años, ese es el triste récord del juzgado de Nules, nueve jueces que apenas calentaron la silla ni miraron los tomos del caso Fabra por el forro para, acto seguido, apartar de ellos el incómodo cáliz de meterle mano a un influyente pez gordo de la comunidad. Cuando todos creíamos que ese registro era insuperable, nos hemos encontrado con que no, que en Canarias esas cosas son más que posibles, y el ejemplo es el juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, al que le tocó en suerte el caso Góndola, uno de los asuntos de corrupción del PP más sonados de esta década. Quizás sea ese baile de jueces, inadmisible e irresponsable, el culpable de que la causa apenas haya avanzado y corra el peligro cierto de diluirse en favor de los sospechosos, que podrán alegar a partir de ahora dilaciones indebidas para pedir las mínimas condenas. Si es que el caso llega a juicio.