¿Quién era la dama del Bahía Real?

Fueron dos noches enigmáticas, pero seguro que inolvidables. Dos personas cuya identidad no hay manera de conocer pasaron a cuerpo de reyes dos días en el lujoso hotel Bahía Real, en Corralejo, Fuerteventura, y la factura de sus gastos fue abonada por el Patronato de Turismo de la isla cuando lo dirigía la hoy diputada Águeda Montelongo. Debía ser una práctica habitual porque a nadie escandalizaba lo más mínimo. El hotel recibía la orden y alojaba a los huéspedes y, acto seguido facturaba al Patronato, que pagaba sin discusión. Hasta que estalló el escándalo y hubo que desenredar el enredo: el Patronato pidió al hotel que devolviera el dinero, mientras que una transferencia del PP se hacía cargo de la cuenta, unos 500 euros según unas fuentes, poco más de 300, según otras. La versión oficial proporcionada fue que el hotel se equivocó al facturar y cobrar al Patronato, lo que desde luego evidenciaría un catastrófico control de pagos por parte del organismo público. Sabemos que la reserva se hizo a nombre de una señora vecina de Gran Canaria, y que en el registro se hizo constar un apellido verdaderamente infrecuente, y sabemos también que en aquellas fechas (29 y 30 de mayo de 2010) estaba José Manuel Soria en Fuerteventura. Se le pudo ver en el baile de Taifas de Puerto del Rosario, y se le pudo ver en el hotel, lo que necesariamente no ha de confirmar que pernoctara en él. Este es, por el momento, el único pago irregular del Patronato de Turismo de Fuerteventura que se reintegró a sus arcas. Pese a haberlo anunciado públicamente, pese a los esfuerzos de Soria por reducirlo todo a “un error”, el quebranto al erario público no se ha enmendado.

Tres diputados del PP, en la picota

El caso Patronato ha colocado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la parlamentaria regional del PP Águeda Montelongo, responsable del organismo de promoción turística de Fuerteventura durante el mandato 2007-2011 gracias al pacto que su partido celebraba con Coalición Canaria. Sus intentos de engañar a la prensa alegando que sólo está personada en la causa son una auténtica bobería, y así lo empiezan a reconocer sin disimulo sus compañeros de partido, que ya solo claman por la presunción de inocencia y no por la cacería, como hizo hasta anteayer mismo la imputada. Después de siete meses dándole p’alante y p’atrás, el TSJC ha abierto diligencias, seguramente por la altísima carga de trabajo que tiene esa sala, y ya ha tomado declaración, en un supremo esfuerzo, a los dos empleados del Patronato de Turismo de Fuerteventura sospechosos de haber colaborado con Montelongo en el pago de estancias y otras atenciones a altos cargos del PP (y a la dama misteriosa del hotel Bahía Real). En la causa está personado el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, que habrá de indagar si la secretaria segunda de la Mesa del Parlamento prevaricó, malversó fondos y falsificó documentos para simular los pagos irregulares. Con ella ya son dos los diputados del PP con asuntos penales en el TSJC: el primero, cómo no, es nuestro admirado Jorge Rodríguez, portavoz económico del grupo parlamentario, acusado en el Grupo Europa. Hoy sumamos a esa lista a Maribel Oñate, diputada por Tenerife, que sigue cargando con la gestión que hizo en Fiestas de Santa Cruz cuando fue concejala a las órdenes de Zerolo cuando el pacto con el PP funcionaba maravillosamente bien.

Cojonciano Fernández explica lo que es prevaricación

El partido político con más altos cargos implicados en casos de corrupción en Canarias parece, con diferencia, que es el PP. En los últimos años no ha estallado ningún escándalo de respetables proporciones que no le salpique, y asiste hoy mismo al debate del Estado de la Nacionalidad con tres de sus 21 diputados con problemas en el TSJC. Ese bagaje permite que el que fuera su secretario general en los años más gloriosos (el caso Salmón, entre ellos) pueda darnos lecciones a todos de los delitos que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo, la prevaricación. Dice el profesor Manuel Cojonciano Fernández que prevaricar es, por ejemplo, autorizar un referéndum en Canarias para que la gente se pronuncie sobre el petróleo y que salga al revés de los intereses de Repsol. No el referéndum en sí, a ver si nos explicamos, sino que la gente se oponga, porque eso significaría que desde Canarias privaríamos a Aragón, Andalucía o Galicia de una riqueza “que es de todos los españoles”. Descartado que el señor haya llevado a este político por los caminos del Derecho-derecho, empezamos a dudar de que sus décadas dedicado a esa noble actividad del parlamentarismo le haya enseñado nociones básicas de democracia, como la diferencia entre asamblea y referéndum. Veamos cómo lo explica él: el sistema asambleario, para resumir, “está sujeto a manipulación y en él, nadie se hace responsable”. Y el referéndum es “excepcional en los países desarrollados, pero no es más representativo o democrático” que unas elecciones cada cuatro años. “Para eso nos hemos regido por un sistema representativo” que, efectivamente, permite que personajes como nuestro entrañable Profesor Cojonciano Fernández imparta doctrina de este modo tan sabio.

Gabinete de crisis en el comedor tropical

Menudo revolcón acaba de darle nuevamente la justicia al editor más dicharachero de Barrio Sésamo, nuestro nunca bien ponderado José Rodríguez Ramírez. Según publicaba este martes Canarias7, la demanda civil que le interpuso don Pepito ha sido estrepitosamente inadmitida por una jueza de Santa Cruz de Tenerife que, para mayor escarnio, y en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha condenado a las costas al demandante. La torta tiene dos vertientes muy puñeteras: la primera, obviamente, es la derrota moral, editorial y personal del individuo, que ve cómo sus delirios de patricio intocable de la patria canaria se estampan una y otra vez contra el ordenamiento jurídico; y la segunda, la no menos dolorosa carga económica, porque además de los honorarios de su abogado y su procurador, tendrá que pagar los de la parte contraria, que calculados sobre la exorbitante cantidad que pedía (600.000 euros), puede alcanzar las seis cifras. Y si, como es normal, recurre ante la Audiencia Provincial y luego ante el Supremo, ni les contamos. Urge reunir el gabinete de crisis con urgencia, a ser posible en el comedor tropical de la residencia santacrucera del dueño de El Día, donde en ocasiones así congrega a su equipo médico habitual alrededor de una sopa de fideos que ha de complementar alguno a la salida con un bocata en La Garriga. Su editorial del domingo ya enseñaba la patita de por dónde va a ir la perreta: acatamos las sentencias judiciales, pero en la Justicia hay algunas garbanzas negras con las que acabaremos cuando proclamemos la I República Independiente de Canarias y nombren a don Pepito presidente honorario.

Bravo se explica

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, reunió este lunes a los portavoces de la oposición y a los suyos propios de él para proporcionarles una nueva versión de los hechos en los que se ha visto implicado por mezclarse con quien no debía. Sus explicaciones empiezan a ser más completas, y por lo tanto, más coherentes. Ya no juega con la ambigüedad del “nunca me reuní con el señor Rodríguez Marichal como abogado”, sino que reconoce que se reunió con el presunto representante de los asentadores del Centro Comercial Maspalomas, eso sí, como presidente del Cabildo, como ha hecho “en tres ocasiones con RIU”, y posiblemente otras tantas con Lopesan, “empresas que tienen derecho a intentar que mis decisiones les beneficien”. Otra cosa es que consigan su propósito, y a bote pronto lo que el enredador Marichal parece haber obtenido es un resultado igual o menor a cero. Gracias a que sus decisiones no han ido en la dirección de las pretensiones del Trashorras del Oasis, y gracias a que éste rescindió por ello el contrato de asesoramiento jurídico, despechado, por la vía del Registro Oficial del Cabildo, podría Bravo de Laguna salvar este difícil trance, si bien es de novato en la política celebrar una reunión en su antiguo despacho de abogados en lugar de las dependencias públicas de la Corporación que preside. Al presidente se le ha abierto un flanco delicado con el que habrá de cargar desde ahora hasta el final de su mandato, salvo que sus decisiones próximas sobre el Oasis de Maspalomas despejen cualquier tipo de duda. Él asegura que la propuesta de protección de la zona se someterá a aprobación con una sólida argumentación técnica, y que su rechazo sería tan ilógico como prevaricador. Bastará con que se compruebe que triunfa el interés general en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la zona, a expensas, eso sí, de que el Gobierno, órgano último de aprobación, sólo tenga en cuenta lo sustantivo y no el ruido que RIU y sus mariachis han hecho alrededor.

Fueron dos noches enigmáticas, pero seguro que inolvidables. Dos personas cuya identidad no hay manera de conocer pasaron a cuerpo de reyes dos días en el lujoso hotel Bahía Real, en Corralejo, Fuerteventura, y la factura de sus gastos fue abonada por el Patronato de Turismo de la isla cuando lo dirigía la hoy diputada Águeda Montelongo. Debía ser una práctica habitual porque a nadie escandalizaba lo más mínimo. El hotel recibía la orden y alojaba a los huéspedes y, acto seguido facturaba al Patronato, que pagaba sin discusión. Hasta que estalló el escándalo y hubo que desenredar el enredo: el Patronato pidió al hotel que devolviera el dinero, mientras que una transferencia del PP se hacía cargo de la cuenta, unos 500 euros según unas fuentes, poco más de 300, según otras. La versión oficial proporcionada fue que el hotel se equivocó al facturar y cobrar al Patronato, lo que desde luego evidenciaría un catastrófico control de pagos por parte del organismo público. Sabemos que la reserva se hizo a nombre de una señora vecina de Gran Canaria, y que en el registro se hizo constar un apellido verdaderamente infrecuente, y sabemos también que en aquellas fechas (29 y 30 de mayo de 2010) estaba José Manuel Soria en Fuerteventura. Se le pudo ver en el baile de Taifas de Puerto del Rosario, y se le pudo ver en el hotel, lo que necesariamente no ha de confirmar que pernoctara en él. Este es, por el momento, el único pago irregular del Patronato de Turismo de Fuerteventura que se reintegró a sus arcas. Pese a haberlo anunciado públicamente, pese a los esfuerzos de Soria por reducirlo todo a “un error”, el quebranto al erario público no se ha enmendado.

Tres diputados del PP, en la picota