¿Quién protege a Javier Artiles en Sanidad?

Alguien que no está en desiertos remotos ni en montañas lejanas protege al abogado y empresario Javier Artiles en el Servicio Canario de la Salud. Ese alguien, hombre o mujer, pero muy probablemente funcionario, estaba allí cuando el polémico cabecilla del caso Lifeblood ejercía de asesor del organismo a la vez que se presentaba al concurso para prestar el servicio de hemodiálisis para el norte de Gran Canaria y Lanzarote a través de un concurso cuyo pliego de condiciones le fue descaradamente favorable. Y debe seguir allí porque de otro modo cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que siga moviéndose con absoluta impunidad y con ventajas que a ningún otro adjudicatario se le concederían. Artiles, a través de su empresa Avericum, que presta esos mismos servicios desde 2004 en el área sur de Gran Canaria, ganó por los pelos aquel mismo concurso en su convocatoria de este mismo año. Su arriesgada oferta económica, con una baja que rozó la temeridad, llevó a la mesa de contratación a muchísimas dudas y a la decisión de someterlo a un severo marcaje que evitara lo que finalmente ha ocurrido: que Javier Artiles ha incumplido las bases antes incluso de empezar a prestar el servicio. Y las ha incumplido con los plazos, como se explica pormenorizadamente en la información que hoy ofrecemos a nuestros lectores: ni en el hospital Molina Orosa, de Lanzarote, ni en el Doctor Negrín de Gran Canaria, ni en el centro comprometido en Santa María de Guía han comenzado a dializarse los más de 200 pacientes que ya debían contar con este servicio. Y no será el único incumplimiento que denunciemos de este curioso adjudicatario, porque todo apunta a que le será imposible hasta poner en funcionamiento la maquinaria y las dotaciones técnicas y humanas con las que batió a sus oponentes en este polémico concurso.

Sabe que incumplirá

Desde el Servicio Canario de la Salud explican que la culpa no es de Artiles sino de la mismísima Consejería de Sanidad, que hasta ahora ha sido incapaz de desalojar de las instalaciones de diálisis del Doctor Negrín a la empresa concesionaria de ese servicio, RTS Baxter, que desde 2010 disfruta de prórrogas continuadas como consecuencia del fallido concurso ahora nuevamente en el alero. Para resolverlo, la solución que ha aceptado Sanidad es la que le ha propuesto Artiles: transportar a los pacientes a muchos kilómetros de sus domicilios, bien hasta las dependencias de Avericum en Telde o bien hasta el hospital San Roque, en Meloneras, a más de 50 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, que ha tenido que ser homologado para la ocasión. Y todo ello por cuenta de los presupuestos autonómicos porque el incumplimiento no lo pagará el incumplidor, sino los sufridos contribuyentes. Pero el principal problema no es sólo el económico, con lo grave que es que esto ocurra con el mismo personaje que quiso mangonear el concurso de 2010. Lo peor es que se pone en riesgo la salud de los pacientes renales, que verán muy deteriorada la calidad de sus tratamientos al tener que soportar viajes de ida y vuelta muy gravosos para su salud. ¿Y en Lanzarote? Efectivamente, el retraso en el Molina Orosa no puede atribuírsele a Baxter o a Sanidad, que sin embargo asegura que está investigando a ver por qué la diálisis no ha empezado en octubre a prestarse en ese hospital. La versión oficial habla de que a lo mejor los técnicos no se han pasado por las instalaciones de Artiles a comprobar si subsanó los defectos que una primera inspección detectó. Lo cierto es que, según nuestras fuentes, es el empresario el que ha impedido con sus habituales argucias que esa nueva inspección pueda llevarse a efecto. Artiles sabe que juega en el límite, que su arriesgada oferta económica (el factor precio se puntuaba con 50 puntos sobre 100) es de muy difícil viabilidad. Por eso ya ha comunicado a sus ex socios en Avericum que le permitan una rebaja en el precio de recompra de sus acciones comprometido para el caso de que se hiciera, como así ha sido, con este concurso. Ya no tiene a Guillermo Martinón como director del Servicio Canario de la Salud, como lo tuvo durante el caso Lifeblood. Ahora lo ha fichado como director de Avericum con un salario de 6.000 euros al mes para reconocerle los servicios prestados. Pero alguien se ha quedado dentro protegiéndolo. De otro modo, tanta permisividad resulta incomprensible, además de insultante.

Repsol amaga con irse

El desgaste de imagen que está sufriendo la compañía Repsol como consecuencia de la potente contestación social y política que se ha encontrado en Canarias, más la apertura de expedientes en la Unión Europea, empieza a hacerle mella. Sus esfuerzos propagandísticos por contrarrestar esos daños no surten los efectos deseados y ante las complicaciones cada vez más evidentes saca de paseo el espantajo de su marcha, como si en las Islas fuera a generarse un trauma que nos suma en una depresión colectiva. Siempre se ha sabido –y sus máximos responsables lo reconocen con la boca chica- que están ahí, en la cuadrícula Sandía 1, “por presiones del operador”, que no es otro que José Manuel Soria López. La incertidumbre que plantean las posibilidades de encontrar petróleo –un 18%- y de que éste sea de calidad suficiente, no compensan el alto coste de imagen que sigue y seguirá sufriendo la multinacional que preside el compadre Brufau. A eso habría que sumar las consecuencias que puede tener ahora y en el futuro la repentina caída en el precio del petróleo, incompatible con los altos costes de extraerlo a tanta profundidad o a través de fracturación hidráulica (fracking), otra de las majaderías del dichoso operador que tenemos. Repsol ya tiene la batalla económica ganada porque hace tiempo que colocó el 50% de sus opciones en Canarias a sus dos socios en la aventura (RWE y Woodside) por un precio que sigue siendo una incógnita pero seguramente suficiente como para correr la española con los gastos de esta imposición soriana. A ese beneficio habrá de añadirse la rebaja de más del 50% del impuesto de sociedades que el Gobierno donde se sienta el mismo operador le ha otorgado por su linda cara a partir de 2015 por extraer petróleo en cualquier parte de España, como ya hace en Tarragona. Por lo tanto, conseguirlo o no en Canarias no va a perjudicarle en ese regalo de entre 150 y 320 millones de euros al año.

Presiones sobre el TSJC

Con ese panorama tan poco propicio para perseverar en el proyecto extractivo en Canarias, esta semana habrá resolución del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional en lo que se sustancia su recurso contra la autorización de las prospecciones por parte del Ministerio de Industria tras la Declaración de Impacto Ambiental del de Medio Ambiente. Los intentos de Repsol por vetar al TSJC y proponer que fuera su homólogo madrileño quien resolviera, por aquello de alejar la decisión del punto más caliente, parecen haberse frustrado. Lo que sin embargo no es obstáculo para que las presiones estos días se puedan estar multiplicando sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La primera de esas presiones la trasladó este domingo el periódico La Provincia al recoger de manera oficiosa la amenaza de la petrolera de retirarse “para siempre” de Canarias en el caso de que prosperasen las pretensiones de una suspensión cautelar de las prospecciones. Soria tiene amplia experiencia de lo adversas que pueden ser las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Canarias, presidida por César García-Otero: todavía resuena por estos lares la derrota que supuso para sus pretensiones una sentencia desfavorable a una indemnización a la empresa de Rafael Bittini sobre la montaña de Tebeto, indemnización que él casi tenía preparada en el momento en el que Paulino Rivero le retiró las competencias sobre la cuestión hasta acabar ganando en el Supremo y ahorrarle a las arcas autonómicas más de 100 millones de euros. Amenazar con que Repsol se retire en caso de un fallo desfavorable, por mucho que al señor ministro también le irrite, puede pesar menos que el amplio rechazo ciudadano y político demostrado durante estos largos meses de batalla contra el petróleo. Lo que el tribunal tiene que decidir, sin embargo, es si un posible éxito del recurso del Gobierno canario puede producirse después de que se asuman los altos riesgos de unas prospecciones que no son estratégicas para la compañía recurrente.

Otra contrariedad para los anti-Pérez

Vaya, parece que no está siendo nada fácil el camino para los que dentro del Partido Socialista Canario-PSOE quieren tumbar a su secretario general, José Miguel Pérez, por el procedimiento de urgencia. A su postura irreductible de no readmitir a los rebeldes de La Palma y de no marcharse hasta que se celebren las autonómicas y ver garantizado un poco traumático relevo al frente de la Ejecutiva Regional, se unió este domingo el resultado de las primarias para el Cabildo de Lanzarote. El ganador de ese proceso ha sido José Juan Cruz, ex alcalde de Tías y secretario de Organización del PSOE en la isla, que batió con holgura a Marcos Hernández, alineado con las tesis de la candidata Patricia Hernández y de los que quieren hacerle la cama al secretario regional. Cruz, por su parte, comparte las tesis más extendidas de que estos no son momentos para luchas intestinas, sino los de posponer congresos regionales a los momentos que marcan los calendarios orgánicos y, por lo tanto, dedicarse ahora a evitar un catastrófico resultado electoral.

Alguien que no está en desiertos remotos ni en montañas lejanas protege al abogado y empresario Javier Artiles en el Servicio Canario de la Salud. Ese alguien, hombre o mujer, pero muy probablemente funcionario, estaba allí cuando el polémico cabecilla del caso Lifeblood ejercía de asesor del organismo a la vez que se presentaba al concurso para prestar el servicio de hemodiálisis para el norte de Gran Canaria y Lanzarote a través de un concurso cuyo pliego de condiciones le fue descaradamente favorable. Y debe seguir allí porque de otro modo cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que siga moviéndose con absoluta impunidad y con ventajas que a ningún otro adjudicatario se le concederían. Artiles, a través de su empresa Avericum, que presta esos mismos servicios desde 2004 en el área sur de Gran Canaria, ganó por los pelos aquel mismo concurso en su convocatoria de este mismo año. Su arriesgada oferta económica, con una baja que rozó la temeridad, llevó a la mesa de contratación a muchísimas dudas y a la decisión de someterlo a un severo marcaje que evitara lo que finalmente ha ocurrido: que Javier Artiles ha incumplido las bases antes incluso de empezar a prestar el servicio. Y las ha incumplido con los plazos, como se explica pormenorizadamente en la información que hoy ofrecemos a nuestros lectores: ni en el hospital Molina Orosa, de Lanzarote, ni en el Doctor Negrín de Gran Canaria, ni en el centro comprometido en Santa María de Guía han comenzado a dializarse los más de 200 pacientes que ya debían contar con este servicio. Y no será el único incumplimiento que denunciemos de este curioso adjudicatario, porque todo apunta a que le será imposible hasta poner en funcionamiento la maquinaria y las dotaciones técnicas y humanas con las que batió a sus oponentes en este polémico concurso.

Sabe que incumplirá