Rebelión (o casi) en la Fiscalía de Las Palmas

Nadie del lugar recuerda que en la Fiscalía Provincial de Las Palmas haya ocurrido jamás algo parecido: un grupo de fiscales se ha plantado ante decisiones muy concretas de la superioridad que considera arbitrarias, contrarias al buen funcionamiento de la casa y perjudiciales para el servicio público que presta el Ministerio Fiscal, es decir, para el justiciable. El plante no es simbólico, ni se ha manifestado –como en alguna otra ocasión reciente- mediante el enjundioso arrastre por los pasillos de raídas togas en señal de protesta. No, y aunque los protestantes llevan de momento su pequeña rebelión de manera discreta por si una filtración pudiera dar al traste con sus propósitos, resulta muy difícil ocultar el malestar que reina en el reino de Panasco. Este mismo martes, inopinadamente, un periodista de Canarias Ahora se tropezó con la primera evidencia en una sala de vistas del Palacio de Justicia de San Agustín. Un fiscal muy conocido, Miguel Pallarés, defendía ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso interpuesto contra un decreto de García Panasco que, a su entender, vulneró sus derechos fundamentales. El fiscal jefe denegó a Pallarés una petición de traslado de su anterior destino a otro más de su gusto, y poco después emitió un decreto que, de haber estado en vigor entonces, habría permitido al fiscal recurrente alcanzar su propósito sin tiranteces. Eso sí, Panasco hizo valer su poder y estableció que su decreto no tendría carácter retroactivo. La acción judicial de Pallarés parece ser la punta del iceberg de un malestar en la Fiscalía de Las Palmas, en la que un grupo de fiscales cercano al 20% de la plantilla podría haberse asociado en torno a unas siglas de reciente cuño que en estos momentos somos incapaces de confirmar precisamente para plantear esta batalla. No son la mayoría, pero han conseguido abrir una brecha en esta monolítica e imperturbable institución hasta el punto de estar en trance de convertirse en noticia.

Un decreto para repartir dinero

El recurso del fiscal Miguel Pallarés hizo que este martes se congregara en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria un buen número de fiscales, al parecer todos ellos llamados a declarar en calidad de testigos por alguna de las dos partes en presencia. Pallarés habrá tratado de demostrar la arbitrariedad con la que la superioridad le denegó sus peticiones, y el abogado del Estado, en nombre de la Fiscalía, se supone que habrá defendido la legalidad de las actuaciones de su máximo responsable provincial, Guillermo García-Panasco. El juicio quedó visto para sentencia, lo que zanja de momento esa cuestión personal. La otra es algo más enjundiosa porque tiene que ver con todos los miembros de la fiscalía provincial, unos cuarenta fiscales, que de repente se han visto afectados por un decreto que tiene toda la pinta de haberse dictado para repartir entre todos, y no necesariamente de manera equitativa, el dinero de las guardias que hasta ahora sólo correspondía a los fiscales destinados a juzgados de instrucción y a actuar en juicios de faltas. Y como se trata de dinero, ya se podrán imaginar ustedes que rápidamente se han constituido los bandos a favor (los fiscales qua gracias a ese decreto ganan más) y en contra (mayormente integrado por quienes ahora trabajan más y cobran lo mismo, o directamente no quieren hacer guardias porque es un fastidio). Pero ese reparto económico conlleva que los fiscales vayan rotando de juzgado en juzgado sin calentar la silla, sin hacerse con el modo de trabajar de cada juez, y sin que se puedan unificar criterios jurídicos para que un justiciable ante el mismo juzgado y el mismo caso obtenga el mismo resultado. Puede pensarse que una rebelión de tan sólo el 20% de la masa no es rebelión ni es nada; pero eso que parece tan poco ya es un montón en un cuerpo jerarquizado como es la Fiscalía. Esos movimientos pueden resultar contagiosos, quedamos a la escucha.

¿Transparencia Spínola? Bah

Dice Francisco Hernández Spínola que él no piensa presentarse a las elecciones, que ya lo tenía decidido meses antes de que quedara demostrado que en este Partido Socialista no queda mucho hueco para él. Quizás por eso esté dedicando su final de mandato como consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad a ejercer la vieja política que los ciudadanos no quieren y que los candidatos se cuidan mucho de anatemizar. Solo algunos de sus negociados han funcionado con eficacia, como por ejemplo la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, que se ha convertido en un ejemplo internacional en la generalización del software libre y la optimización de recursos tecnológicos. También se lleva un aprobado el Instituto Canario de Igualdad, y algunas iniciativas legislativas promovidas en esta legislatura que ahora toca a su fin. Pero donde ha hecho aguas por todas partes en su departamento de Justicia, al que no le ha valido el lustre de inaugurar una retrasadísima ciudad de la justicia dejando el germen de la incompetencia y la sospecha dentro de la organización de obras y otros fastos. Ya comprobamos su poca hechura política cuando patinó hasta el límite mismo del ridículo nacional en la estrategia para influir en el relevo al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, traicionando al candidato más progresista de todos los propuestos. El patinaje artístico continuó luego en ese enfrentamiento infructuoso con el magistrado César Romero Pamparacuatro, que acusó a la consejería de despreciar constantemente sus peticiones de más medios para el caso Corredor. Las pruebas están ahí, y por mucho que ese magistrado pueda haberse extralimitado en el uso de un auto para verter esas acusaciones, el tiempo ha acabado por demostrar que el poder político no puso de su parte lo necesario para que el judicial pudiera actuar con eficacia. Para colmo, al negociado de Justicia no ha llegado todavía una de las acciones estrella de la consejería, la Ley canaria de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Sólo su exposición de motivos tiene 4.259 palabras, puro humo.

Una semana para contestar casi nada

Cuando saltó en Madrid el caso de los jueces, fiscales y secretarios judiciales que cobraron de la empresa Indra por asesorarla en la confección de modelos documentales en la aplicación del nuevo sistema informático para la justicia, escribimos a la consejería de Paco Spínola para algo tan sencillo como que nos explicara cómo se llevó a cabo ese proceso en Canarias. A través de su gabinete de prensa preguntamos cuestiones tan básicas como quién pagó, qué jueces fueron contratados, con qué criterio, bajo qué modalidad de contratación, cuánto se les pagó, etcétera. Nada que requiriera abrir un complejo expediente administrativo ni encargar un dictamen a un catedrático de Derecho Administrativo. Por las reacciones que nos fueron llegando en los días posteriores a nuestra petición, concluimos que ésta debió sentar muy mal en el departamento de Justicia, no sabemos si simplemente por el atrevimiento de preguntar o si en realidad habíamos metido en un problema sin pretenderlo a alguien con mando en plaza. Los nervios y el crujir de dientes traspasaron los muros de la consejería y se trasladaron, por boca de uno de sus máximos responsables, a despachos de jueces que habían prestado y, consecuentemente, cobrado ese asesoramiento. No salíamos de nuestro asombro ante tan airada reacción mientras seguía retrasándose la respuesta, lo que nos condujo a incrementar nuestras sospechas sobre lo que podía haber ocasionado el terror. Telefoneamos tres días después de nuestra petición y solo recibimos una larga cambiada por respuesta: “Lo estamos preparando, es que hemos estado muy liados esta semana”. Cinco días después ya nadie cogía el teléfono a Canarias Ahora en la consejería de la transparencia, lo que nos obligó a recurrir a las más altas instancias del Gobierno de Canarias. El resultado fue que este martes llegara solo una parte de la información solicitada, que por obligación profesional trasladamos íntegramente a nuestros lectores con la advertencia de que no han sido contestadas todas nuestras preguntas ni se ha indicado el motivo de esa opacidad. Es una pena que una ley con tan buenas intenciones pueda quedar en papel mojado a tan pocos meses (dos) de su entrada en vigor.

Sigfrid Soria tiene la solución energética

La verdad es que el hombre ha sido sumamente discreto: solo ha mostrado el invento en la web de su empresa, Tradelan, desde donde ha saltado a las redes sociales. Les hablamos de Sigfrid Soria, uno de los más polémicos mantenedores de Twitter por su irreductible defensa del Partido Popular y, particularmente, de José Manuel Soria, del que no es pariente directo. Sigfrid llegó a diputado regional por Lanzarote (del PP, naturalmente), pero de un tiempo a esta parte dedica todos sus esfuerzos a su empresa, Tradelan, de la que es director general. Bueno, a eso y a polemizar cotidianamente en las redes sociales: sólo en Twitter tiene 8.000 seguidores, muchos de los cuales están continuamente atentos a sus excesos ideológicos, siempre por la derecha, para entablar duras discusiones. Su tesis favorita es equiparar a los socialdemócratas del PSOE con los nacionalsocialistas del Tercer Reich, con lo que ya se pueden hacer una idea de las ganas que tiene de hacer amigos. Pero ha sido gracias a las redes sociales como nos hemos enterado de que Sigfrid Soria tiene en su poder “un salto tecnológico que afectará a la generación de electricidad de todo el planeta por su nulo impacto negativo medioambiental”. Él, que defendió hasta el límite mismo de la extenuación a su ministro Soria en las prospecciones petrolíferas, está en disposición de ofrecer a la humanidad “un verdadero compromiso con el medio ambiente, superando incluso las demostradas agresiones medioambientales de otras energías renovables”. Se trata de “un generador electromecánico capaz de producir electricidad sin ningún recurso externo, sin combustible, sin fuerza del viendo, ni del agua, ni del sol”. Un invento, dice, “comparable a la producción controlada del fuego hace 400.000 años; a la invención de la rueda hace 10.000, o el descubrimiento por W. Gilbert de la electricidad hace 400 años”. Pero, aunque pueda parecerlo, “no es una broma, ni un timo, ni un truco de magia”, sostiene Sigfrid Soria en la web de su empresa, Tradelan. El invento ha sido testado por él mismo, por un físico, profesor universitario, y por un ingeniero superior a través de una prueba realizada por videoconferencia por “la seguridad y estricta confidencialidad que este invento ha de tener hasta que llegue el momento oportuno”. Unas medidas de seguridad que le llevan a ocultar también la identidad de los firmantes de los dos informes. Tiembla el Mossad.

Nadie del lugar recuerda que en la Fiscalía Provincial de Las Palmas haya ocurrido jamás algo parecido: un grupo de fiscales se ha plantado ante decisiones muy concretas de la superioridad que considera arbitrarias, contrarias al buen funcionamiento de la casa y perjudiciales para el servicio público que presta el Ministerio Fiscal, es decir, para el justiciable. El plante no es simbólico, ni se ha manifestado –como en alguna otra ocasión reciente- mediante el enjundioso arrastre por los pasillos de raídas togas en señal de protesta. No, y aunque los protestantes llevan de momento su pequeña rebelión de manera discreta por si una filtración pudiera dar al traste con sus propósitos, resulta muy difícil ocultar el malestar que reina en el reino de Panasco. Este mismo martes, inopinadamente, un periodista de Canarias Ahora se tropezó con la primera evidencia en una sala de vistas del Palacio de Justicia de San Agustín. Un fiscal muy conocido, Miguel Pallarés, defendía ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso interpuesto contra un decreto de García Panasco que, a su entender, vulneró sus derechos fundamentales. El fiscal jefe denegó a Pallarés una petición de traslado de su anterior destino a otro más de su gusto, y poco después emitió un decreto que, de haber estado en vigor entonces, habría permitido al fiscal recurrente alcanzar su propósito sin tiranteces. Eso sí, Panasco hizo valer su poder y estableció que su decreto no tendría carácter retroactivo. La acción judicial de Pallarés parece ser la punta del iceberg de un malestar en la Fiscalía de Las Palmas, en la que un grupo de fiscales cercano al 20% de la plantilla podría haberse asociado en torno a unas siglas de reciente cuño que en estos momentos somos incapaces de confirmar precisamente para plantear esta batalla. No son la mayoría, pero han conseguido abrir una brecha en esta monolítica e imperturbable institución hasta el punto de estar en trance de convertirse en noticia.

Un decreto para repartir dinero