¿Y el resguardo?

Por lo tanto parece claro que el Gobierno, en su denuncia ante el Ministerio Fiscal, señala claramente el nombre y los apellidos de la persona física de cuyo comportamiento ante un concurso público sospecha claramente, Paula Díez, de Díez & Romeo. Por lo tanto, la lección de Derecho que ese bufete pretendió dar en su rectificación a La Provincia sobre la atribución de un delito a una persona jurídica carece de cualquier rigor. Es, en aplicación del vocabulario que emplea la señora Díez para refutar a los periódicos, una soberana “gilipollez”. Pero dice más el Gobierno en su denuncia: “No se ha aportado en ningún momento resguardo de admisión” que acredite “con fecha, lugar, hora y minuto de su admisión” (...) “la efectiva presentación de las solicitudes en la oficina de Correos y las circunstancias de la misma”; “nos genera dudas la autenticidad del escrito presentado el 11 de octubre de 2010 cuya autoría se imputa a la oficina de Correos”, y tercero, “si la documentación de los licitadores hubiese sido efectivamente presentada (...) habría sido remitida a esta viceconsejería por los propios servicios postales y no por la representante de los licitadores”. Porque al Gobierno, como a nosotros y a cualquiera que estudie mínimamente el caso, le causó “extrañeza el hecho de que una documentación presentada en una oficina de Correos y dirigida a esta Administración permaneciese en poder de quien supuestamente la depositó en dicha oficina”, es decir, Paula Díez.

Por lo tanto parece claro que el Gobierno, en su denuncia ante el Ministerio Fiscal, señala claramente el nombre y los apellidos de la persona física de cuyo comportamiento ante un concurso público sospecha claramente, Paula Díez, de Díez & Romeo. Por lo tanto, la lección de Derecho que ese bufete pretendió dar en su rectificación a La Provincia sobre la atribución de un delito a una persona jurídica carece de cualquier rigor. Es, en aplicación del vocabulario que emplea la señora Díez para refutar a los periódicos, una soberana “gilipollez”. Pero dice más el Gobierno en su denuncia: “No se ha aportado en ningún momento resguardo de admisión” que acredite “con fecha, lugar, hora y minuto de su admisión” (...) “la efectiva presentación de las solicitudes en la oficina de Correos y las circunstancias de la misma”; “nos genera dudas la autenticidad del escrito presentado el 11 de octubre de 2010 cuya autoría se imputa a la oficina de Correos”, y tercero, “si la documentación de los licitadores hubiese sido efectivamente presentada (...) habría sido remitida a esta viceconsejería por los propios servicios postales y no por la representante de los licitadores”. Porque al Gobierno, como a nosotros y a cualquiera que estudie mínimamente el caso, le causó “extrañeza el hecho de que una documentación presentada en una oficina de Correos y dirigida a esta Administración permaneciese en poder de quien supuestamente la depositó en dicha oficina”, es decir, Paula Díez.