La nobleza no paga

Cuando dicen que tenemos fijación por Soria, invitamos a los protestantes a verificar si lo que contamos es verdad o mentira. Es imposible superar un día de actualidad periodística sin tropezarnos con alguna trapisonda del ministro de Industria, y nuestra obligación es contarlo todo. Este jueves, sin ir más lejos, nos encontramos con dos noticias que lo implican directamente. La primera de ellas, el hallazgo de una resolución de la Fiscalía General de Canarias archivando, sin la menor diligencia de investigación, una denuncia del Diputado del Común que implicaba directamente al presidente del PP canario por un presunto delito de prevaricación durante su última etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. La noticia la tienen en esta misma edición: Soria sacó del padrón del IBI a 700 fincas de Vegueta y Triana, y Pepa Luzardo mantuvo la exención hasta el límite de su mandato en 2007. Es decir, perdonó ese impuesto a una de las zonas más favorecidas de la capital, particularmente a las grandes familias propietarias de las mayores propiedades censadas (y gravadas) en el catastro, hasta una merma de cuatro millones de euros que desde luego jamás han sobrado en las cuentas municipales. Pero para algo está la fiscalía, a donde el Diputado del Común envió el expediente por si hubiera o hubiese en presencia un delito de prevaricación (tomar una resolución injusta a sabiendas). El Ministerio Público, una vez más, da por prescrito un delito que pudiera alcanzar a Soria, como ocurrió en el caso salmón con el cohecho impropio de libro que jamás dio por no cometido. La nobleza no paga, como no pagaba Soria sus vacaciones o el alquiler del chalet que le prestó Javier Esquivel mientras el hoy ministro construía su casa en Tafira.

Vuelve la amenaza petrolera

La otra noticia que nos conduce irremediablemente a Soria es otro documento, esta vez remitido por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al Tribunal Supremo. Un documento sin membrete, fecha ni firma que nadie había pedido y que, sustancialmente, trata de preparar el terreno para que Repsol pueda tener su Declaración de Impacto Ambiental a tiempo para empezar los trabajos de prospecciones este mismo año. El Supremo tiene que estar con la mosca detrás de la oreja, porque tras los agujeros negros encontrados en el expediente, se tropieza ahora con un dictamen que no ha solicitado y que, contrariamente a lo que mandan los cánones, es apócrifo. No así los informes técnicos que le acompañan y que, en resumen, avalan los valores naturales que Europa pretende preservar si llega a tiempo. Esos sí aparecen perfectamente rubricados y respaldados por expertos. El mismo día que conocíamos esta nueva pirueta administrativa, un periódico digital fuertemente vinculado al PP, El Confidencial Digital, daba por hecho que la declaración ambiental será positiva, y que no ha salido antes a la luz por el temor del partido a que pudiera perjudicar al candidato Cañete, ministro de Medio Ambiente hasta el otro día. Pero saldrá en junio, de manera que no se le chafe eternamente el negocio a Repsol.

La inoportunidad pasa factura

Al menos de inoportuna puede calificarse la visita que este jueves giraron a La Laguna tres dirigentes de Coalición Canaria de Gran Canaria con el muy encomiable propósito de reunirse con su alcalde, Fernando Clavijo, “para cohesionar al partido”. Clavijo no pasa la temporada más plácida de su vida política, y cualquiera de sus movimientos son interpretados en clave de campaña a su favor y, por lo tanto, en contra de la continuidad de Paulino Rivero como candidato en 2015. Está en su derecho el alcalde lagunero de mover sus fichas para ganar terreno, como seguramente estará haciendo Paulino Rivero, pero el poco disimulo con el que se celebran sus reuniones está teniendo una lectura perjudicial para la organización grancanaria, algunos de cuyos miembros insisten en que en el fondo se trata de erosionarla celebrando encuentros como el de este jueves: tres van a ver a uno; ese uno manda un coche oficial a recogerlos y llevarlos al aeropuerto; todos ocultan el contenido a los periodistas y, de remate, tratan de matar al mensajero intentando enterarse de quién pudo haber filtrado la cita. La brecha en Coalición en Gran Canaria lleva mucho tiempo abierta, y no solo por la diferencia de criterios a la hora de decidir a quién apoyar en la carrera presidencial, sino por la sensación de debilidad que la organización presenta en el contexto regional. Desde otras islas ya avisan, y secretarios insulares nada dados al disimulo, afilan sus cuchillos para el próximo cónclave regional (o nacional, en el argot) porque el desgaste de Gran Canaria automáticamente supone un fortalecimiento de Tenerife. Y ya van dos, camino de tres, presidentes consecutivos de esa isla.

Román hace acopio

Mientras se abre de manera dramática la brecha que en Coalición Canaria separa a los paulinistas de los clavijistas, a la espera de que alguien destape el pegamento de la unidad de destino en lo universal (a partir de lo local) otras fuerzas tratan de acopiar apoyos. Por ejemplo, Nueva Canarias, que este jueves anunció urbi et orbi su nuevo acuerdo electoral con Por Tenerife, del siempre inquieto José Manuel Corrales. Román Rodríguez aplica un formato de acuerdos con una amplitud tan grande que le permite sumar votos con fuerzas bastante dispares que sólo han de coincidir con su partido en eso mismo, en la suma de votos. El objetivo es que la adición rompa con las barreras electorales y permita formar un grupo parlamentario consistente que empuje como en esta legislatura lo ha hecho sin duda el que lidera el ex presidente del Gobierno. “No pretende ser presidente del Gobierno porque sabe que no volverá a serlo”, explica uno de sus más directos asesores áulicos, “sino influir en los tres o cuatro asuntos decisivos de la política de Canarias”. Entre ellos, como no, seguir forzando la máquina para conseguir alguna vez la modificación de la injusta (y casi salvaje) ley electoral canaria. Cada partido que se suma al acuerdo con NC está obligado solamente a no disparatar, lo que en algunos casos no está plenamente garantizado.

Tacoronte y La Palma, los siguientes

Román pesca en río revuelto, de eso no hay duda. Más necesitado que él en asociarse a grupos como el de Corrales están los que hacen cuentas y no suman lo suficiente ni para un grupo municipal. Es el caso del concejal tinerfeño, irradiado ya de varias fuerzas políticas por su tendencia a mirarse el ombligo. Pero tiene su parroquia y esa también suma. Pero habrá más adiciones, por lo que cuentan, y una de ellas estuvo encarnada en el acto de presentación del acuerdo entre NC y XTF: Rodolfo León, alcalde fugaz de Tacoronte tras aquella moción de censura que acabó en su expulsión (y de otros cuatro concejales) del PSOE, se dejó ver para a) alimentar conjeturas como esta, o b) avisar a los navegantes que también él simpatiza con la corriente asociativa de Román Rodríguez. No descarten en absoluto que el ejemplo sea igualmente seguido por los seis consejeros socialistas del Cabildo palmero expulsados reiteradamente del partido por haber pactado con el PP. Si continúan con su vocación política, formen o no un partido político propio, acabarán integrándose en el acuerdo electoral de Nueva Canarias conscientes de que, en la actual revoltura, hasta es posible obtener un acta de parlamentario regional por la isla.

Cuando dicen que tenemos fijación por Soria, invitamos a los protestantes a verificar si lo que contamos es verdad o mentira. Es imposible superar un día de actualidad periodística sin tropezarnos con alguna trapisonda del ministro de Industria, y nuestra obligación es contarlo todo. Este jueves, sin ir más lejos, nos encontramos con dos noticias que lo implican directamente. La primera de ellas, el hallazgo de una resolución de la Fiscalía General de Canarias archivando, sin la menor diligencia de investigación, una denuncia del Diputado del Común que implicaba directamente al presidente del PP canario por un presunto delito de prevaricación durante su última etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. La noticia la tienen en esta misma edición: Soria sacó del padrón del IBI a 700 fincas de Vegueta y Triana, y Pepa Luzardo mantuvo la exención hasta el límite de su mandato en 2007. Es decir, perdonó ese impuesto a una de las zonas más favorecidas de la capital, particularmente a las grandes familias propietarias de las mayores propiedades censadas (y gravadas) en el catastro, hasta una merma de cuatro millones de euros que desde luego jamás han sobrado en las cuentas municipales. Pero para algo está la fiscalía, a donde el Diputado del Común envió el expediente por si hubiera o hubiese en presencia un delito de prevaricación (tomar una resolución injusta a sabiendas). El Ministerio Público, una vez más, da por prescrito un delito que pudiera alcanzar a Soria, como ocurrió en el caso salmón con el cohecho impropio de libro que jamás dio por no cometido. La nobleza no paga, como no pagaba Soria sus vacaciones o el alquiler del chalet que le prestó Javier Esquivel mientras el hoy ministro construía su casa en Tafira.

Vuelve la amenaza petrolera