RTVC: escenario tras el escarnio

¡Lo han vuelto a hacer! Parecía imposible empeorar el esperpento en el que se ha convertido la Radiotelevisión Canaria desde que entrara en vigor su flamante ley de 13/2014, pensada para transparentar la gestión, profesionalizar y despolitizar los órganos ejecutivos y dotar a los medios públicos autonómicos de pluralidad e independencia. Pero lo han conseguido: lo ocurrido este martes en el Parlamento de Canarias, con las dos fuerzas mayoritarias (CC y PSOE) derrotadas por ellas mismas y por la oposición es la consecuencia directa de una mala ley gestionada por unos pésimos políticos que, por supuesto, no tienen previsto asumir ningún tipo de responsabilidad.

Este es el peor escenario posible de cuantos cabría desear para sacar a RTVC del marasmo en el que anda metida desde que se hizo cargo de ella Santiago Negrín, al que el Parlamento deja ahora la solitaria responsabilidad de resolver expedientes tan delicados como el concurso de los servicios informativos de TVC (144 millones de euros), así como la sucesión impertinente de irregularidades para renovar el contrato de transporte de señal, los nombramientos de personal del ente y la gestión del día a día, con unas audiencias que han caído al límite del ridículo y una estampida de funcionarios que amenaza con hacer aquello ingobernable. Todo ello, claro está, si no interviene la Justicia en alguna de sus jurisdicciones para enderezar lo que los gestores de la cosa política han sido incapaces de resolver.

La responsabilidad hay que situarla políticamente en Coalición Canaria y en el PSOE (con la ayudita del partido de Casimiro Curbelo, tres votos leales), que rechazaron intervenir en RTVC con un mayor consenso parlamentario para echar en noviembre a Santiago Negrín y poner en su lugar a gente seria. A cambio prefirieron un pacto de cuyo contenido y alcance solo saben los negociadores de cada partido y que ha terminado de manera catastrófica.

En el PSOE hay muchas voces contrarias a ese acuerdo con los de Fernando Clavijo, y esa corriente crítica es la que este martes se manifestó en forma de un solo voto rebelde que provocó el más lamentable final a estos largos meses de escarnio a dos candidatas que, seguramente con la mejor intención del mundo, se prestaron a participar en una operación que desde el principio nacía gafada. Tenían que haber aparecido 15 votos marcados en rojo en la urna de la Mesa del Parlamento y aparecieron 14, sin que hubiera sido necesario exigir a las direcciones de los grupos parlamentarios nacionalista y socialista un mayor respeto por el carácter secreto del voto secreto, que ambas formaciones se pasaron por el arco del triunfo como es menester.

En el PSOE buscan desesperadamente al diputado o diputa autor o autora de esa ofensa, cuando en realidad lo que tenían que estar buscando es una nueva fórmula que sacuda a ese partido del yugo y las flechas de Coalición Canaria, que como buena muestra de la deriva por la que quiere transitar, acaba de fichar nada menos que a José Miguel Bravo de Laguna. Va a ser fascinante ver a los socialistas votando la misma cosa que el veterano político de derechas en un más que probable escenario de un pacto de gobierno con Coalición Canaria al estilo del que deben tener apalabrado Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres.

Resulta conmovedor que haya sido el secretario de Organización socialista el que haya salido a anunciar grandes represalias contra el diputado o diputada que rompió la disciplina de voto. Jorge González es uno de los consejeros del PSOE en el Cabildo de La Palma que desobedeció las órdenes de Ferraz y de la Ejecutiva Regional y en 2013 pactó con el PP. Todos fueron expulsados y luego readmitidos en 2015 en un alarde de disciplina digno del ejército de Pancho Villa.

El escenario parlamentario no va a cambiar por mucho que se empeñen ambos en insistir en la fórmula escogida. La ley obliga ahora a retirar a una de las dos candidatas para que el proceso pueda reiniciarse con la renovación de la mitad de los propuestos, lo que genera el primer problema: ¿se retirará Carmen Zamora?; ¿se retirará Marta Cantero?; ¿se retirarán las dos? En el mejor de los casos, si CC y el PSOE no dan su brazo a torcer, tendrán que esperar al menos hasta junio para volver a una votación de 36 parlamentarios. Con el peligro de que otra u otro vuelva a rajarse. El deterioro para entonces será más irreversible que hoy.

¡Lo han vuelto a hacer! Parecía imposible empeorar el esperpento en el que se ha convertido la Radiotelevisión Canaria desde que entrara en vigor su flamante ley de 13/2014, pensada para transparentar la gestión, profesionalizar y despolitizar los órganos ejecutivos y dotar a los medios públicos autonómicos de pluralidad e independencia. Pero lo han conseguido: lo ocurrido este martes en el Parlamento de Canarias, con las dos fuerzas mayoritarias (CC y PSOE) derrotadas por ellas mismas y por la oposición es la consecuencia directa de una mala ley gestionada por unos pésimos políticos que, por supuesto, no tienen previsto asumir ningún tipo de responsabilidad.

Este es el peor escenario posible de cuantos cabría desear para sacar a RTVC del marasmo en el que anda metida desde que se hizo cargo de ella Santiago Negrín, al que el Parlamento deja ahora la solitaria responsabilidad de resolver expedientes tan delicados como el concurso de los servicios informativos de TVC (144 millones de euros), así como la sucesión impertinente de irregularidades para renovar el contrato de transporte de señal, los nombramientos de personal del ente y la gestión del día a día, con unas audiencias que han caído al límite del ridículo y una estampida de funcionarios que amenaza con hacer aquello ingobernable. Todo ello, claro está, si no interviene la Justicia en alguna de sus jurisdicciones para enderezar lo que los gestores de la cosa política han sido incapaces de resolver.