¿Por qué Ruano prefiere la Fiscalía?

Más explicaciones requeriría, sin embargo, la postura adoptada por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que se lanzó al combate, bayoneta en ristre, una vez supo que la juez Rosell había denunciado ante el juzgado de guardia que su ordenador había sido reventado sin mayores miramientos. Primero llamó a Canarias7 para pedirle que, por favor, publicaran que el Gobierno iba a denunciar a la magistrada ante la Fiscalía, sin especificar por qué actuación ilícita, para corregir el tiro al día siguiente, en una nueva llamada al mismo periódico, pidiéndole, de nuevo por favor, que donde dijo denunciar a la juez, pusieran “llevar el asunto a la Fiscalía”, no fuera a ser que alguien hubiera cometido delito (y no precisamente la juez). Aún siendo de reconocer el esfuerzo por sacar la pata, no lo ha hecho del todo el señor consejero porque él y sus más dilectas asesoras saben de sobra que la Fiscalía no se puede hacer cargo de un asunto así, que nadie puede abrir el disco duro de ningún ciudadano si no media la sospecha de la comisión de un delito. Mejor haría el consejero en a) devolver el disco duro a la juez, tal y como se comprometió el viernes pasado por escrito su directora general, o b) entregar el disco al juez que instruye la denuncia de la magistrada para, si lo considera oportuno, ordenar su reparación y/o volcado y detectar (si es que se puede detectar) quién entró en ese ordenador aquel aciago fin de semana del 13 y 14 de noviembre pasados para buscar lo que creían que tenían claro que iban a encontrar. Y que no encontraron, of course, y de ahí el crujir de dientes.

Más explicaciones requeriría, sin embargo, la postura adoptada por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que se lanzó al combate, bayoneta en ristre, una vez supo que la juez Rosell había denunciado ante el juzgado de guardia que su ordenador había sido reventado sin mayores miramientos. Primero llamó a Canarias7 para pedirle que, por favor, publicaran que el Gobierno iba a denunciar a la magistrada ante la Fiscalía, sin especificar por qué actuación ilícita, para corregir el tiro al día siguiente, en una nueva llamada al mismo periódico, pidiéndole, de nuevo por favor, que donde dijo denunciar a la juez, pusieran “llevar el asunto a la Fiscalía”, no fuera a ser que alguien hubiera cometido delito (y no precisamente la juez). Aún siendo de reconocer el esfuerzo por sacar la pata, no lo ha hecho del todo el señor consejero porque él y sus más dilectas asesoras saben de sobra que la Fiscalía no se puede hacer cargo de un asunto así, que nadie puede abrir el disco duro de ningún ciudadano si no media la sospecha de la comisión de un delito. Mejor haría el consejero en a) devolver el disco duro a la juez, tal y como se comprometió el viernes pasado por escrito su directora general, o b) entregar el disco al juez que instruye la denuncia de la magistrada para, si lo considera oportuno, ordenar su reparación y/o volcado y detectar (si es que se puede detectar) quién entró en ese ordenador aquel aciago fin de semana del 13 y 14 de noviembre pasados para buscar lo que creían que tenían claro que iban a encontrar. Y que no encontraron, of course, y de ahí el crujir de dientes.