Sánchez-Simón contra Germán Suárez

Un presunto fraude fiscal por 2,7 millones de euros que se dilucida en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado al descubierto una poderosa trama de revanchas y de tinta de calamar en la que aparecen como actores principales el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, y uno de los empresarios más destacados del Puerto, Germán Suárez. El primero, en su calidad de inspector de la Agencia Tributaria, y el segundo como accionista de la naviera griega Lavinia, que es el sujeto pasivo inspeccionado. Nadie se explica lo ocurrido a no ser que profundice un poco en la siempre delicada correlación de fuerzas que operan en los puertos de Las Palmas y en lo que ocurrió inmediatamente después de que Sánchez-Simón fuera relevado de la presidencia de la Autoridad Portuaria por el socialista Luis Ibarra. No esperó ni siquiera los dos años de descompresión que la ley obliga a los funcionarios públicos para intervenir en asuntos que tengan que ver con su última ocupación, y en enero de 2013 Sánchez-Simón abrió acta de inspección a Lavinia tratando de encontrar un fraude fiscal que seguramente se imaginaba por las conversaciones que en los tiempos de vino y rosas mantuvo con el que viene siendo su único accionista no griego, Germán Suárez. Pero ha ocurrido que el empresario de Utiaca (Vega de San Mateo) no es ni siquiera administrador de esa naviera, cuyos intereses representa en España a través de la consignataria Italmar, que sí es de su propiedad. Los pasados días 19, 20 y 21 de diciembre tuvieron que declarar como imputados Germán Suárez, sus dos socios griegos, el abogado canario José Antonio Andino, un empleado de Italmar y una secretaria de Lavinia con despacho en Atenas. Lo hicieron ante la fiscal de delitos económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos; ante el juez Rafael Passaro y ante el abogado del Estado. Lo más trascendente de esas declaraciones es que Lavinia tiene su sede social en Grecia, y es en ese país donde paga sus impuestos. Pero Sánchez-Simón insiste en que el motivo de su acta de inspección es una cuenta en el Banco Popular de Las Palmas de Gran Canaria donde se movieron entre 2008 y 2009 varios millones de euros que la naviera declara haber utilizado siempre para el pago de sus operaciones marítimas. La fiscal no ha admitido las pretensiones del inspector fiscal de alargar el presunto fraude a los años 2010 y 2011.

Testigo el 19 de febrero

La instrucción penal sigue en estos momentos su curso con la aportación por la parte querellada de informes periciales que demostrarían que durante los años inspeccionados la base imponible de la sociedad habría resultado negativa en el caso de declararse en España; con los balances de la póliza de crédito investigada con un límite de 6 millones de euros o su equivalencia en dólares para la operativa marítima de la naviera; o con la comprobación de si Lavinia tiene o no su sede en las oficinas de Germán Suárez en el parque de Santa Catalina, en lo que insiste Sánchez-Simón y el empresario canario rechaza. Será un proceso largo, como todos los que precisan de mucha documental y de mucha más discusión administrativa que penal, un proceso que podría complicarse a partir del 19 de febrero, cuando declare el inspector Javier Sánchez-Simón, obligado a decir verdad en su doble condición de testigo en el proceso y de funcionario público promotor de la querella de la fiscalía contra Germán Suárez y sus socios. Será entonces cuando en sede judicial puedan aclararse muchas cosas que tienen al recinto portuario preguntándose cómo es posible que una relación tan estrecha como la que mantenían el empresario y el inspector fiscal haya acabado en esto. ¿Se ha aprovechado Sánchez-Simón de información obtenida en el ejercicio de su cargo para luego actuar contra el que fuera incluso su mentor? ¿Llegó a anunciar en sus últimos meses en la Autoridad Portuaria con actuaciones desde su puesto en la Agencia Tributaria? ¿Fue Sánchez-Simón quien propuso en su plan de inspección investigar a Lavinia? ¿Qué contestó su superior jerárquico en junio de 2013, cuando Germán Suárez lo recusó por no haber respetado los dos años de descompresión obligatorios?

Tres querellas contra Sánchez-Simón

Javier Sánchez-Simón ha sido un presidente portuario controvertido, pero no el más controvertido de la historia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Si nos remontáramos al siglo pasado nos encontraríamos con uno, Manuel Barreto, al que la autoridad ambiental le tiró un chalet en el paraje protegido de Bandama; con otro –Luis Hernández- que se enredó en otro paraje natural, el de La Isleta, perdiendo dinero público a espuertas; con un Arnaiz de la Gran Marina y otras trapisondas que todavía colean en los tribunales… Alguna de esas trapisondas ha salpicado de manera inevitable a Sánchez-Simón, que desde que fue destituido al inicio de la actual legislatura, ha dedicado mucho de su tiempo a contestar, reprochar, afear o reclamar al presidente que le sustituyó, Luis Ibarra. Se enfrenta en estos momentos, y si las cuentas no nos fallan, a tres querellas: por las obras del muelle de La Esfinge, por la concesión de cobro fallido a Contenemar y por los swap con el Banco Santander. Y quizás como los malos futbolistas trata de descargar su mal partido repartiendo tortas por doquier. Podría meterse en más problemas penales de los que ya tiene si se enredara la causa contra Lavinia o si cuajaran otras querellas en ciernes. Lo raro es que haya descargado su ira contra Germán Suárez, el único empresario que dio la cara por él en octubre de 2010 cuando su antiguo partido, el PP, abandonó el Gobierno de Canarias y se abrían los relevos en todos los puestos que colgaron de aquel fallido pacto. Suárez habló personalmente con Paulino Rivero para que no hubiera relevo hasta el final de la legislatura (primavera de 2011) y con José Manuel Soria para que no pusiera ningún impedimento, a lo que accedió a regañadientes, pero accedió. Sánchez-Simón quería continuar, no se sabe si por el deseo de todo cargo público de rematar su mandato o si para resolver los conflictos que no pudo resolver (algunos de ellos rematados en las referidas querellas). Y fue él quien le pidió al empresario que interviniera para conseguirlo. Es cierto que durante el mandato de Sánchez-Simón también mantuvo algunas diferencias con el presidente de Astican, La Luz Market, Spanish Pelagic e Italmar, particularmente con la deuda de la desaparecida Sestiba que el presidente portuario quería que se cubriera en su totalidad por todos los socios (los privados y el público), a lo que el empresario se negó y así se mantuvo hasta que la justicia terminó por darle la razón recientemente. Pero esas desavenencias no justificarían el enconamiento al que han llegado las cosas, independientemente del final que pueda tener la causa penal abierta en Instrucción 2. Han pasado casi cuatro años desde que abandonó la Autoridad Portuaria, y unos pocos menos desde que hizo lo mismo con el PP. Ahora Javier Sánchez-Simón ejerce como inspector de la Agencia Tributaria y es el candidato de UPyD a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Dará mucho que hablar los próximos meses, ya lo verán.

Australia al Cabildo, no al Parlamento

Nos equivocamos, cosa que suele ocurrirle a quien muchas cosas está obligado a contar. El pasado martes comentábamos en esta sección con la repentina irrupción de María Australia Navarro en el panorama de candidatos del Partido Popular de Canarias. Una fuente bien informada nos hizo llegar la noticia y por el contexto de la conversación dimos por hecho que nos hablaban de la candidata a la Presidencia del Gobierno, cuando en realidad lo era para el Cabildo de Gran Canaria. No se nos podía pasar por la cabeza, la verdad, que los malos humores y los afanes de revancha de José Manuel Soria pudieran desembocar en que se cargara de un manotazo a uno de los principales valores electorales de su partido en Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna. Pero así se confirmaba 48 horas después: María Australia Navarro será la candidata de Soria al Cabildo de Gran Canaria, por lo que pedimos disculpas por nuestro fallo garrafal al colocarla de número uno al Parlamento en detrimento de los demás candidatos todavía en liza: los hermanos Hernández Bento y el propio José Manuel Soria, pendiente del dedo pulgar derecho del César. Con esta decisión del presidente del PP canario, Bravo de Laguna parece perder muchas opciones de repetir al frente del Cabildo, salvo que como ocurriera en 2011, haga un requiebro y se dirija a Mariano Rajoy para pedirle que le permita continuar cuatro años más. Pero a diferencia de entonces, el presidente del Gobierno tiene ahora muy cerca de él a José Manuel Soria, el principal enemigo interno que tiene Bravo de Laguna en su propio partido. Las encuestas lo sitúan como un candidato muy bien valorado, a mucha distancia del ministro canario, que apenas pasa de los dos puntos.

Cuatro años de desencuentros

José Miguel Bravo de Laguna se ha cuidado mucho de contradecir o desautorizar al presidente de su partido en Canarias, José Manuel Soria, al que él mismo colocó en ese lugar en 1999 tras unos pobres resultados en las elecciones autonómicas que, sin embargo, empeoró en alguna otra ocasión el heredero del trono sin plantearse, ni por asomo, dar el mismo paso a un lado que dio su predecesor. Decíamos que Bravo ha evitado el enfrentamiento con el Gran Timonel, cosa que el Gran Timonel no ha evitado en sentido inverso. Porque a lo largo de esta legislatura, Soria ha tratado de desautorizar, incluso de ridiculizar, a Bravo de Laguna en momentos muy precisos. Ocurrió, por ejemplo, con la polémica del expediente de Bien de Interés Cultural del Oasis de Maspalomas: mientras Bravo se alineaba con las tesis de los colectivos ambientalistas y reforzaba esas pretensiones con un informe científico demoledor, Soria se ponía del lado de Riu y defendía exclusivamente los derechos e intereses de la cadena hotelera mallorquina. Soria no ha hecho nada por el Cabildo de Gran Canaria en estos casi cuatro años de ministro: ni trabajó por hacer cumplir el compromiso de cofinanciación del pabellón Gran Canaria Arena, ni arrimó el hombro en asuntos tan sangrantes como la carretera de La Aldea, lo que pudo haber ayudado mucho a los suyos en el Cabildo para hacerse oír desde la única Corporación insular presidida por el PP en Canarias. En el haber de Bravo podría anotar Soria el gesto de rescatar la bandera que Su Excelencia instaló por las buenas en la plaza de la Fuente Luminosa, y en el debe una posición un tanto tibia del presidente del Cabildo en el asunto de las prospecciones petrolíferas: aunque siempre se mostró en sintonía con al línea oficial, nunca se partió la cara por un asunto que desgastó sobremanera al partido en las Islas.

Un presunto fraude fiscal por 2,7 millones de euros que se dilucida en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado al descubierto una poderosa trama de revanchas y de tinta de calamar en la que aparecen como actores principales el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, y uno de los empresarios más destacados del Puerto, Germán Suárez. El primero, en su calidad de inspector de la Agencia Tributaria, y el segundo como accionista de la naviera griega Lavinia, que es el sujeto pasivo inspeccionado. Nadie se explica lo ocurrido a no ser que profundice un poco en la siempre delicada correlación de fuerzas que operan en los puertos de Las Palmas y en lo que ocurrió inmediatamente después de que Sánchez-Simón fuera relevado de la presidencia de la Autoridad Portuaria por el socialista Luis Ibarra. No esperó ni siquiera los dos años de descompresión que la ley obliga a los funcionarios públicos para intervenir en asuntos que tengan que ver con su última ocupación, y en enero de 2013 Sánchez-Simón abrió acta de inspección a Lavinia tratando de encontrar un fraude fiscal que seguramente se imaginaba por las conversaciones que en los tiempos de vino y rosas mantuvo con el que viene siendo su único accionista no griego, Germán Suárez. Pero ha ocurrido que el empresario de Utiaca (Vega de San Mateo) no es ni siquiera administrador de esa naviera, cuyos intereses representa en España a través de la consignataria Italmar, que sí es de su propiedad. Los pasados días 19, 20 y 21 de diciembre tuvieron que declarar como imputados Germán Suárez, sus dos socios griegos, el abogado canario José Antonio Andino, un empleado de Italmar y una secretaria de Lavinia con despacho en Atenas. Lo hicieron ante la fiscal de delitos económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos; ante el juez Rafael Passaro y ante el abogado del Estado. Lo más trascendente de esas declaraciones es que Lavinia tiene su sede social en Grecia, y es en ese país donde paga sus impuestos. Pero Sánchez-Simón insiste en que el motivo de su acta de inspección es una cuenta en el Banco Popular de Las Palmas de Gran Canaria donde se movieron entre 2008 y 2009 varios millones de euros que la naviera declara haber utilizado siempre para el pago de sus operaciones marítimas. La fiscal no ha admitido las pretensiones del inspector fiscal de alargar el presunto fraude a los años 2010 y 2011.

Testigo el 19 de febrero