Para sensibilidad, la de las costas

Parece que empieza a consolidarse entre la opinión pública española que los recortes económicos que está imponiendo el Gobierno de Mariano Rajoy tienen una alta componente ideológica que se esconde tras la crisis y las directrices europeas. Imposición ideológica ha sido, por ejemplo, todo lo que ha hecho el tal Wert con la educación; o lo que anuncia que hará (no se sabe si yendo para adelante o reculando como siempre) el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el facha de las cejas amables. Nada tiene que ver tampoco con la economía la reforma de la Ley de Costas cuyo anteproyecto ha aprobado el Gobierno porque, en realidad, es una amnistía para una amplia nómina de amigotes del PP que quieren legalizar su situación, evitar una demolición, conseguir una concesión de 75 años en dominio público o, directamente, devastar aún más una buena parte de los 10.000 kilómetros de litoral que tiene España. Los ecologistas estudian contrarreloj este segundo texto y preparan una batería de acciones para evitar que el Partido Popular cumpla con uno de sus sueños más acariciados, que Benidorm sea la fórmula a imitar. Y algunas organizaciones, como Greenpeace, ya han puesto nombres y apellidos a los que más han influido en la nueva norma legal. Nosotros ya conocemos dos de esos nombres, el de un ex ministro, Abel Matutes, y el de un ministro, José Manuel Soria, del que ignoramos, la verdad, qué interés puede tener en destrozar la costa de Canarias. Hay veces, sin embargo, en que no es necesario devanarse los sesos ni abrir un proceso de investigación profunda, basta con sentarse y ver cómo se mueven los actores que pululan sobre el dominio público marítimo-terrestre: el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba el inicio de la reforma, uno de los propietarios del Islote del Francés, pura zona de servidumbre, lanzaba al mundo un proyecto emblemático de un arquitecto estrella para convertir esa pieza de Arrecife en un nuevo objeto de especulación. La respuesta del ayuntamiento ha sido ?de momento- remitirlos a todos, a Cortezo y a Lamberti, al nuevo Plan General, que el deslinde ya está hecho y que todo sigue estando en discusión. ¿Y Hoya Pozuelo?, preguntan al fondo de la clase. Eso va a estar más complicado, pero con el PP al mando, todo es posible en Telde.

Parece que empieza a consolidarse entre la opinión pública española que los recortes económicos que está imponiendo el Gobierno de Mariano Rajoy tienen una alta componente ideológica que se esconde tras la crisis y las directrices europeas. Imposición ideológica ha sido, por ejemplo, todo lo que ha hecho el tal Wert con la educación; o lo que anuncia que hará (no se sabe si yendo para adelante o reculando como siempre) el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el facha de las cejas amables. Nada tiene que ver tampoco con la economía la reforma de la Ley de Costas cuyo anteproyecto ha aprobado el Gobierno porque, en realidad, es una amnistía para una amplia nómina de amigotes del PP que quieren legalizar su situación, evitar una demolición, conseguir una concesión de 75 años en dominio público o, directamente, devastar aún más una buena parte de los 10.000 kilómetros de litoral que tiene España. Los ecologistas estudian contrarreloj este segundo texto y preparan una batería de acciones para evitar que el Partido Popular cumpla con uno de sus sueños más acariciados, que Benidorm sea la fórmula a imitar. Y algunas organizaciones, como Greenpeace, ya han puesto nombres y apellidos a los que más han influido en la nueva norma legal. Nosotros ya conocemos dos de esos nombres, el de un ex ministro, Abel Matutes, y el de un ministro, José Manuel Soria, del que ignoramos, la verdad, qué interés puede tener en destrozar la costa de Canarias. Hay veces, sin embargo, en que no es necesario devanarse los sesos ni abrir un proceso de investigación profunda, basta con sentarse y ver cómo se mueven los actores que pululan sobre el dominio público marítimo-terrestre: el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba el inicio de la reforma, uno de los propietarios del Islote del Francés, pura zona de servidumbre, lanzaba al mundo un proyecto emblemático de un arquitecto estrella para convertir esa pieza de Arrecife en un nuevo objeto de especulación. La respuesta del ayuntamiento ha sido ?de momento- remitirlos a todos, a Cortezo y a Lamberti, al nuevo Plan General, que el deslinde ya está hecho y que todo sigue estando en discusión. ¿Y Hoya Pozuelo?, preguntan al fondo de la clase. Eso va a estar más complicado, pero con el PP al mando, todo es posible en Telde.