Suspender o no suspender, ésa es la cuestión

Si se aplazó hasta dentro de quince días la aprobación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife, ¿por qué no aplazar la adjudicación definitiva del concurso de radios? Esa es la postura que ya mantienen decenas de empresas no seleccionadas en esta fase de la licitación pública. En eso coinciden el PP y el PSOE (en alguna cosa tenían que estar de acuerdo), mientras que el Gobierno se aferra a los autos y sentencias judiciales, así como a los informes jurídicos propios que tiene en su poder. Porque ni el Parlamento ni los concursantes parecen estar en contra de los criterios fijados por las bases, ni por el número de frecuencias, por otra parte impuestos por decreto nacional. La discusión estriba en el momento, en si debe o no debe un Gobierno en funciones otorgar un concurso de esta enjundia, aún manteniendo los criterios técnicos fijados por las prescripciones publicadas, aprobadas y ratificadas por la Justicia. ¿Sería una buena solución que, en lugar de firmar el decreto de adjudicación Paulino Rivero en junio de 2011, lo firme Paulino Rivero en septiembre de 2011, con el nuevo Gobierno ya constituido y con las mismas garantías jurídicas que tiene en la actualidad? ¿O hay que esperar a mitad de la legislatura para que no haya dudas respecto a la legitimidad política y moral del firmante? Porque debemos rechazar por pura presunción de inocencia que los nuevos socios de CC, los socialistas, no tienen previsto meter la mano en la propuesta de la mesa de contratación, ni cambiar los baremos, ni prejuzgar quién va a cumplir o no va a cumplir con su propia oferta. Como descartamos del mismo modo que no le quitarán una frecuencia a una empresa para dársela a don Pepito, no vaya a ser que le dé un jamacuco en uno de estos últimos sofocos que se ha cogido.

Si se aplazó hasta dentro de quince días la aprobación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife, ¿por qué no aplazar la adjudicación definitiva del concurso de radios? Esa es la postura que ya mantienen decenas de empresas no seleccionadas en esta fase de la licitación pública. En eso coinciden el PP y el PSOE (en alguna cosa tenían que estar de acuerdo), mientras que el Gobierno se aferra a los autos y sentencias judiciales, así como a los informes jurídicos propios que tiene en su poder. Porque ni el Parlamento ni los concursantes parecen estar en contra de los criterios fijados por las bases, ni por el número de frecuencias, por otra parte impuestos por decreto nacional. La discusión estriba en el momento, en si debe o no debe un Gobierno en funciones otorgar un concurso de esta enjundia, aún manteniendo los criterios técnicos fijados por las prescripciones publicadas, aprobadas y ratificadas por la Justicia. ¿Sería una buena solución que, en lugar de firmar el decreto de adjudicación Paulino Rivero en junio de 2011, lo firme Paulino Rivero en septiembre de 2011, con el nuevo Gobierno ya constituido y con las mismas garantías jurídicas que tiene en la actualidad? ¿O hay que esperar a mitad de la legislatura para que no haya dudas respecto a la legitimidad política y moral del firmante? Porque debemos rechazar por pura presunción de inocencia que los nuevos socios de CC, los socialistas, no tienen previsto meter la mano en la propuesta de la mesa de contratación, ni cambiar los baremos, ni prejuzgar quién va a cumplir o no va a cumplir con su propia oferta. Como descartamos del mismo modo que no le quitarán una frecuencia a una empresa para dársela a don Pepito, no vaya a ser que le dé un jamacuco en uno de estos últimos sofocos que se ha cogido.