Testigos e imputados señalan al bufete

Un informe de la Policía de junio pasado, incorporado a las diligencias previas que se siguen en Instrucción 10 de Valencia bajo el número 1.151/2011, señala al bufete de Díez & Romeo como autor de todas las ofertas técnicas presentadas al concurso de asignación de frecuencias de radio en esa comunidad. Tanto los testigos como los imputados (representantes de las empresas que contrataron a Díez & Romeo) coinciden en sus versiones: fue esa firma quien elaboró la documentación, que se presenta con formatos iguales y con sellos de correos que acreditan que todo llegó desde Madrid, sede de aquel despacho profesional. En esa documentación se aprecia claramente el nombre y diferentes firmas de la misma ingeniera de Telecomunicaciones que niega haber firmado nada de nada. La representante del Ministerio Fiscal da por hecho que los documentos presuntamente falsificados, a pesar de ser privados, adquieren la condición de públicos cuando son presentados ante la Administración “para que surtieran efectos en la adjudicación de frecuencias”. Más o menos lo mismo que puede haber ocurrido en Canarias, donde Díez & Romeo entregó 90 ofertas fuera de plazo con una fotocopia acreditativa de que se habían enviado desde las oficinas de Correos de Arucas el mismo día en que terminaba el periodo legalmente establecido. Lo malo es que el sello de Correos podría haber sido falsificado, según consta en la denuncia formulada por el Gobierno, que descubrió todo el pastel en el preciso instante en que le llegaron los documentos.

Un informe de la Policía de junio pasado, incorporado a las diligencias previas que se siguen en Instrucción 10 de Valencia bajo el número 1.151/2011, señala al bufete de Díez & Romeo como autor de todas las ofertas técnicas presentadas al concurso de asignación de frecuencias de radio en esa comunidad. Tanto los testigos como los imputados (representantes de las empresas que contrataron a Díez & Romeo) coinciden en sus versiones: fue esa firma quien elaboró la documentación, que se presenta con formatos iguales y con sellos de correos que acreditan que todo llegó desde Madrid, sede de aquel despacho profesional. En esa documentación se aprecia claramente el nombre y diferentes firmas de la misma ingeniera de Telecomunicaciones que niega haber firmado nada de nada. La representante del Ministerio Fiscal da por hecho que los documentos presuntamente falsificados, a pesar de ser privados, adquieren la condición de públicos cuando son presentados ante la Administración “para que surtieran efectos en la adjudicación de frecuencias”. Más o menos lo mismo que puede haber ocurrido en Canarias, donde Díez & Romeo entregó 90 ofertas fuera de plazo con una fotocopia acreditativa de que se habían enviado desde las oficinas de Correos de Arucas el mismo día en que terminaba el periodo legalmente establecido. Lo malo es que el sello de Correos podría haber sido falsificado, según consta en la denuncia formulada por el Gobierno, que descubrió todo el pastel en el preciso instante en que le llegaron los documentos.