¿Boicoteamos a La Caixa o no?

A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando todos estábamos esperando que sonara el pitido que daba por iniciado el boicot a los accionistas de Repsol con presencia en Canarias, va el Gobierno regional y firma no uno sino dos convenios con La Caixa, titular de un importante paquete de participaciones en la petrolera de Soria. A los pocos días de que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, lanzara el aviso a los navegantes en una rueda de prensa tras la última sentencia del Supremo, el director general de Función Pública del Gobierno regional, Aarón Afonso, cerraba un acuerdo con Caixabank que “otorga condiciones ventajosas a los empleados públicos de la Administración autonómica que domicilien su nómina en esta entidad financiera”. Ole. Un acuerdo, resaltaba Afonso en un alarde propagandístico sin par, que contiene “mejoras para empleados públicos más allá de las que la entidad bancaria ofrece de forma general a sus clientes”. Y no sólo para los funcionarios que decidieran, a raíz de esta campaña gratuita, domiciliar su nómina en el principal accionista español de Repsol, sino también para aquellos que ya fueran clientes en el momento del campanazo. Pensábamos, la verdad, que había sido uno de esos frecuentes lapsus que tiene la Consejería de Presidencia, en manos del PSOE. Pero no, nos equivocábamos, y lo confirmamos este mismo jueves cuando vimos al mismísimo presidente del Gobierno, Paulino Rivero, acompañado de la consejera de Cultura y del presidente de la Fecam, firmando un convenio para acciones de emergencia social en presencia nada menos que del director de Caixabank en Canarias, Andrés Orozco. O la entidad se ha movido con agilidad y destreza para adelantarse a cualquier acción en contra de su imagen, o aquel presunto boicot va a quedar en agua de borrajas. Felicitamos a La Caixa, la verdad, y no solo por esta habilidad, sino también por echarle la pata por delante con mucha ventaja a los restos de La Caja, muy malamente representada aquí por Bankia.

Santa Cruz, la capital que Canarias necesita

La que ha liado José Manuel Bermúdez en Coalición Canaria de Las Palmas de Gran Canaria es de tararí y no echar gota. Sus correligionarios canariones se debaten entre no ir a su conferencia del lunes en el Club La Provincia o no ir, y además, sacarle los colores con un comunicado llamando a las barricadas. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que al igual que otros próceres de la política tinerfeña presenta en su biografía haber nacido en Las Palmas de Gran Canaria, tiene previsto plantificarse este lunes en el salón de actos de Editorial Prensa Canaria para dictar la conferencia que, por la convalecencia de una operación quirúrgica, canceló en mayo pasado. Nadie acierta a adelantar cuál será el contenido exacto de la disertación, pero lo que ha cabreado a los nacionalistas de la isla de enfrente es el título escogido: “Santa Cruz 2019, la capital que Canarias necesita”. Casi nada. Algunos dirigentes de CC de Gran Canaria han intentado sin éxito que el alcalde chicharrero cambiara el título de su intervención, aunque dejara intacto su contenido, más que nada para no herir susceptibilidades, pero la respuesta ha sido que nones, con el añadido de que nadie debería dejarse llevar por la fachada porque, en realidad, no se será un discurso pleitista, sino todo lo contrario. Lo malo es que la presencia de Bermúdez en la capital grancanaria coincide con el punto de ebullición máximo de la disputa entre candidatos presidenciables de Coalición Canaria, y el alcalde es partidario de su colega lagunero, Fernando Clavijo. Habrá boicot al acto, dicen; al menos de la parte paulinista de la parte contratante. Pero ya lo subsanará el conferenciante acercando hasta la calle de León y Castillo a unos cuantos tinerfeños que llenen los huecos de los ausentes, como hizo precisamente Clavijo cuando disertó en la misma tribuna.

Frenesí por los avales

Hablando de Clavijo. De repente, sin que nadie diera por iniciada la carrera electoral y sin que ni siquiera el candidato haya formalizado su candidatura a la presidencia del Gobierno por parte de Coalición Canaria, este jueves empezó la recolección de avales. La iniciativa ha cogido a los paulinistas con el paso cambiado porque jamás pensaron que los clavijistas se anticiparan al acto formal de presentación de la candidatura de su líder en Gran Canaria, prevista para la muy revolucionaria fecha del 14 de julio, sin duda una elección nada casual. Ocurrió tan señalado acontecimiento justo el día en que Paulino Rivero iniciaba el primero de sus encuentros con lo militantes, que este viernes le llevaba a San Bartolomé de Tirajana. Ya se sabe, sin embargo, que una cosa es un aval y otra cosa es un voto, pero suena a demostración de fuerza de los seguidores del lagunero. Desde la otra parte, donde no se quedan atrás, tratan de rescatar algunas perlas de Clavijo para recordar a dirigentes lanzaroteños y majoreros su postura ambigua con las prospecciones, afeadas nada cordialmente por Mario Cabrera cuando le dijo aquello de poner plataformas petrolíferas frente a Bajamar.

Hernández Bento pide ahora volver a negociar

Siempre apoteósico, el subsecretario de Industria, Enrique Hernández Bento, nos tiene permanentemente metidos en un no parar. Quizás consciente del sonoro tirón de orejas que a su ministerio ha propinado el Tribunal Constitucional echando por tierra las pretensiones sorianas contra la Ley de Modernización Turística de Canarias, ha decidido ponerse modosito. Su última aportación al debate es, sin embargo, de agradecer: que se retomen las negociaciones entre ambas administraciones, la estatal y la autonómica, para que se consiga de verdad el objetivo que, de manera bastante torcida, llevó a Soria a recurrir la norma ante el Constitucional. Pero siendo de elogiar que alguien levante la bandera blanca del diálogo, bueno es recordar que el señor subsecretario quiere que las negociaciones se retomen justo en el punto de la oferta que Canarias puso sobre la mesa: sustituir el debate de los hoteles de cuatro o cinco estrellas por estándares de calidad que permitan mejorar la oferta turística del Archipiélago. La marca puesta por Bento no hace otra cosa que confirmar que la ruptura de negociaciones fue absolutamente arbitraria y alimentada por el deseo de su jefe de filas de arrasar con cualquier acuerdo que pudiera beneficiar, aunque fuera indirectamente, al Gobierno canario. Si se fijan bien, observarán que la postura conciliadora de Bento, que ha pasado a ocupar el primer plano que ha dejado libre el ministro, se suma a la mano que tendió hace poco al PSOE dejándolo fuera de la polémica petrolera, muy probablemente, por las encuestas que otorgan al PP un soberano batacazo electoral si no cambia el tonito y por la leve subida de tono de las voces críticas dentro de la organización, siempre muy prudentes y respetuosas, pero cada vez más críticas.

Cardona vuelve a mentir

En una clara demostración de que no todos los partidos políticos son como el PP canario, se ha producido en Canarias un solidario cierre de filas de Coalición Canaria y el PSOE para, desde las instituciones, tratar de salvar de la piqueta a la Biblioteca Pública del Estado. No hace falta esforzarse mucho para imaginarse qué hubiera hecho la muchachada soriana en una situación inversa, con un alcalde socialista o de CC en el duro trance en el que la sentencia del Supremo ha metido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esa solidaridad, sin embargo, nada tiene que ver con la última mentira del alcalde, Juan José Cardona, que declaró en su apoteósica rueda de prensa post-sentencia que su partido no era el único responsable de la concesión de la licencia ilegal, culpable a la postre de la resolución judicial, sino que aquella había sido aprobada por el pleno municipal. Se ha encargado de deshacer el entuerto el ex alcalde socialista Emilio Mayoral, que ha contado a Canarias7 que la licencia se otorgó en una Comisión de Gobierno en la que sólo estaban presentes concejales del Partido Popular después de que la oposición fuera excluida de ese órgano por decisión muy democrática –cómo no- de José Manuel Soria. Para general conocimiento de la ciudadanía, sepan que, además de Soria y de Cardona, levantaron la mano en 1997 para aprobar esa licencia ilegal Curro Fernández Roca (el concejal de La Favorita y el viaje a Suiza); Jorge Rodríguez (acusado por corrupción en el caso Grupo Europa); Felipe Afonso (diputado regional); Pepa Luzardo (senadora); Carmen Guerra (concejala), Rosario Chesa (en el Cabildo, bajo los auspicios del PP), y Rafael Santana, el único de todos ellos que hace años se alejó de la política tras ser repudiado por la alcaldesa Luzardo.

Jorge Rodríguez también se echa sus trolas

Pero no sólo ha mentido en esta resaca de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Cardona. El que fuera en aquellos momentos concejal de Urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria y hoy diputado regional, Jorge Rodríguez, declaró este viernes a la radio autonómica que la decisión de aprobar la licencia se adoptó porque todos los informes técnicos eran favorables, “y había que tomar una decisión porque así es la política”. No seremos nosotros los que digamos que no existían informes favorables, porque de existir, desde luego, no los conoce el Tribunal Supremo, que en su última sentencia relata cómo la mayoría municipal del PP desoyó, entre otros, el del jefe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento, que advirtió formalmente que sin la elaboración de un Plan Especial sobre la parcela no se podía otorgar licencia. La altanería con la que se gobernaba entonces la ciudad (ahora retomada tras la vuelta del PP) condujo no solo a que se desoyera a los técnicos de la Corporación, sino a que se despreciaran las quejas de los vecinos y, posteriormente, sus denuncias ante la justicia que, a la postre, han supuesto este enorme disgusto a la vecindad.

A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando todos estábamos esperando que sonara el pitido que daba por iniciado el boicot a los accionistas de Repsol con presencia en Canarias, va el Gobierno regional y firma no uno sino dos convenios con La Caixa, titular de un importante paquete de participaciones en la petrolera de Soria. A los pocos días de que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, lanzara el aviso a los navegantes en una rueda de prensa tras la última sentencia del Supremo, el director general de Función Pública del Gobierno regional, Aarón Afonso, cerraba un acuerdo con Caixabank que “otorga condiciones ventajosas a los empleados públicos de la Administración autonómica que domicilien su nómina en esta entidad financiera”. Ole. Un acuerdo, resaltaba Afonso en un alarde propagandístico sin par, que contiene “mejoras para empleados públicos más allá de las que la entidad bancaria ofrece de forma general a sus clientes”. Y no sólo para los funcionarios que decidieran, a raíz de esta campaña gratuita, domiciliar su nómina en el principal accionista español de Repsol, sino también para aquellos que ya fueran clientes en el momento del campanazo. Pensábamos, la verdad, que había sido uno de esos frecuentes lapsus que tiene la Consejería de Presidencia, en manos del PSOE. Pero no, nos equivocábamos, y lo confirmamos este mismo jueves cuando vimos al mismísimo presidente del Gobierno, Paulino Rivero, acompañado de la consejera de Cultura y del presidente de la Fecam, firmando un convenio para acciones de emergencia social en presencia nada menos que del director de Caixabank en Canarias, Andrés Orozco. O la entidad se ha movido con agilidad y destreza para adelantarse a cualquier acción en contra de su imagen, o aquel presunto boicot va a quedar en agua de borrajas. Felicitamos a La Caixa, la verdad, y no solo por esta habilidad, sino también por echarle la pata por delante con mucha ventaja a los restos de La Caja, muy malamente representada aquí por Bankia.

Santa Cruz, la capital que Canarias necesita