Un traje a la medida en Taurito

Hay combinaciones que resultan explosivas: Mogán, Paquirrín, Santana Cazorla y un barranco. Si al cóctel añadimos el deseo indisimulable del Cabildo de Gran Canaria por arreglarle al alcalde y al empresario un tremendo problemón con expediente administrativo y querella de la Fiscalía, la cosa se convierte en bomba atómica. Todo empezó hace más o menos una década en el barranco de Taurito, sede de uno de los virreinatos del empresario Santiago Santana Cazorla. Eran tiempos de absoluta impunidad, donde era posible hacer un vertido de 400.000 metros cúbicos de escombros en el cauce de un barranco y sacudirse las hombreras de la americana como si hubieran caído cuatro gotas inesperadas. El disparate fue de tal calibre que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) se vio obligada a incoar expediente, el IM58/2001, que por aquellas cosas del realismo mágico que impera en esta nacionalidad, terminó en una resolución de caducidad. La cosa se reactivó, sin embargo, en 2003 (expediente IM 132/2003), con el que se precintaban los vertidos y se avisaba al infractor con meterle un puro en forma de multa e incautarle la maquinaria por majadero. La misma parsimonia administrativa de la que tanto se quejan los empresarios se conjuró en este caso benefactora, porque diez años después de ese expediente, el vertido sigue ahí , en la zona A1 del Plan Insular, la más protegida ambientalmente, provocando no sólo el escarnio público, sino también el bloqueo del Plan General de Ordenación de Mogán y el Plan Territorial Especial de Actividades Extractivas y Vertidos (PTE 12), responsabilidad del Cabildo. La situación se ha hecho insostenible, y en lugar de proceder a devolver a su estado anterior la zona afectada por los vertidos, las autoridades están procediendo a diseñar un traje a la medida que se convierta en salida administrativa y judicial para el infractor.

Hay combinaciones que resultan explosivas: Mogán, Paquirrín, Santana Cazorla y un barranco. Si al cóctel añadimos el deseo indisimulable del Cabildo de Gran Canaria por arreglarle al alcalde y al empresario un tremendo problemón con expediente administrativo y querella de la Fiscalía, la cosa se convierte en bomba atómica. Todo empezó hace más o menos una década en el barranco de Taurito, sede de uno de los virreinatos del empresario Santiago Santana Cazorla. Eran tiempos de absoluta impunidad, donde era posible hacer un vertido de 400.000 metros cúbicos de escombros en el cauce de un barranco y sacudirse las hombreras de la americana como si hubieran caído cuatro gotas inesperadas. El disparate fue de tal calibre que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) se vio obligada a incoar expediente, el IM58/2001, que por aquellas cosas del realismo mágico que impera en esta nacionalidad, terminó en una resolución de caducidad. La cosa se reactivó, sin embargo, en 2003 (expediente IM 132/2003), con el que se precintaban los vertidos y se avisaba al infractor con meterle un puro en forma de multa e incautarle la maquinaria por majadero. La misma parsimonia administrativa de la que tanto se quejan los empresarios se conjuró en este caso benefactora, porque diez años después de ese expediente, el vertido sigue ahí , en la zona A1 del Plan Insular, la más protegida ambientalmente, provocando no sólo el escarnio público, sino también el bloqueo del Plan General de Ordenación de Mogán y el Plan Territorial Especial de Actividades Extractivas y Vertidos (PTE 12), responsabilidad del Cabildo. La situación se ha hecho insostenible, y en lugar de proceder a devolver a su estado anterior la zona afectada por los vertidos, las autoridades están procediendo a diseñar un traje a la medida que se convierta en salida administrativa y judicial para el infractor.