La Trinidad tiene protectores

No basta con denunciarlo ante el Gobierno; no basta con denunciarlo ante la Fiscalía Provincial; no basta con un programa en Telecinco que nos debió abochornar a todos. La residencia de mayores La Trinidad, instalada en el señero barrio de Vegueta, sigue abierta y supuestamente atendiendo desastrosamente a una treintena de personas que pagan alrededor de 1.050 euros al mes por unos servicios inhumanos y posiblemente delictivos. La inspección que funcionarios de Asuntos Sociales giraron al centro al enterarse de que la periodista Mercedes Milá andaba preguntando por él no ha servido para nada. Y eso que, como pudimos ver todos los telespectadores, aquel centro no sólo habría que cerrarlo, sino también exigir responsabilidades a su propietario. Las condiciones de atención a los residentes, la suciedad, los medicamentos caducados, la deficiente alimentación... ya eran motivos suficientes para actuar de inmediato en evitación de males mayores. Para colmo, el pasado 13 de mayo, dos fiscales adscritas a la Fiscalía Provincial de Las Palmas visitaron el centro, seguramente también movidas por la alarma social generada a partir de la emisión del reportaje, que ya se sabe del poder inspirador que para esa Fiscalía tiene un vídeo televisivo. Testigos presenciales dijeron entonces que las dos fiscales se llevaron la misma impresión que la periodista porque, a aquel testimonio de Telecinco, se sumaron los de los trabajadores y las fotografías que allí tomaron. Pero nada se ha hecho desde entonces hasta ahora, hasta que CANARIAS AHORA ha conocido las denuncias presentadas ante Bienestar Social dando cuenta de presuntos abusos sexuales. Lo que faltaba para escandalizarnos aún más.

No basta con denunciarlo ante el Gobierno; no basta con denunciarlo ante la Fiscalía Provincial; no basta con un programa en Telecinco que nos debió abochornar a todos. La residencia de mayores La Trinidad, instalada en el señero barrio de Vegueta, sigue abierta y supuestamente atendiendo desastrosamente a una treintena de personas que pagan alrededor de 1.050 euros al mes por unos servicios inhumanos y posiblemente delictivos. La inspección que funcionarios de Asuntos Sociales giraron al centro al enterarse de que la periodista Mercedes Milá andaba preguntando por él no ha servido para nada. Y eso que, como pudimos ver todos los telespectadores, aquel centro no sólo habría que cerrarlo, sino también exigir responsabilidades a su propietario. Las condiciones de atención a los residentes, la suciedad, los medicamentos caducados, la deficiente alimentación... ya eran motivos suficientes para actuar de inmediato en evitación de males mayores. Para colmo, el pasado 13 de mayo, dos fiscales adscritas a la Fiscalía Provincial de Las Palmas visitaron el centro, seguramente también movidas por la alarma social generada a partir de la emisión del reportaje, que ya se sabe del poder inspirador que para esa Fiscalía tiene un vídeo televisivo. Testigos presenciales dijeron entonces que las dos fiscales se llevaron la misma impresión que la periodista porque, a aquel testimonio de Telecinco, se sumaron los de los trabajadores y las fotografías que allí tomaron. Pero nada se ha hecho desde entonces hasta ahora, hasta que CANARIAS AHORA ha conocido las denuncias presentadas ante Bienestar Social dando cuenta de presuntos abusos sexuales. Lo que faltaba para escandalizarnos aún más.