RIU, primera beneficiada en Canarias por la nueva (y salvaje) Ley de Costas

Ya tenemos sobre el territorio de Canarias a la primera gran empresa beneficiada por la nueva Ley de Costas del Partido Popular, que rebaja la protección de todo el litoral español y abre la puerta a la revisión de concesiones en dominio público marítimo-terrestre y a la privatización de zonas que hasta ahora parecían eternamente públicas. Como no podía ser menos, esa gran empresa es la cadena mallorquina RIU, la que anunciaba al Gobierno de España en 2007 su intención de ir abandonando paulatinamente sus explotaciones en Corralejo y que ahora reclama para sí una ampliación de sus concesiones en las dunas para los hoteles Oliva Beach y Tres Islas por otros 75 años. La nueva ley, que cínicamente se llama “de protección y uso sostenible del litoral”, se lo permite al dejar en agua de borrajas los acuerdos que la cadena cerró con el Gobierno socialista tras una sentencia del Supremo de 2003 que ratificaba el deslinde marítimo-terrestre. Según aquellos acuerdos, RIU perdería por caducidad la concesión sobre el Oliva Beach en 2017, y sobre el Tres Islas en 2037, aunque podía extenderla, por renovación automática, hasta 2052. “Nosotros no trabajamos con hoteles sobre concesión administrativa, manejamos la propiedad privada, y aunque nos otorguen 60 años preferimos que nos dejen estar hasta amortizar nuestras inversiones y luego, nos vamos pacíficamente”, dijeron los representantes mallorquines a los responsables de Costas en las negociaciones que se cerraron en 2007. De este modo, la compañía renunciaba a su derecho a 30 y a 37 años, respectivamente, sobre sus dos hoteles de las dunas de Corralejo. Tan cierto era que su deseo era abandonar el norte de Fuerteventura que, en el marco de aquellas negociaciones hasta cedió al Estado la isla de Lobos, afectada también por el deslinde que acababa de ratificarse. Pero llegó el PP, y con él la defensa de los intereses (generales) de empresarios tan poderosos e influyentes como los del sector turístico mallorquín, para los cuales parece estar hecha a la medida esta ley de costas, perdón, de protección y uso sostenible del litoral. Y dos piedras.

Lo que viene ahora: revisión del deslinde

La ley y la postura de RIU son absolutamente coherentes: la compañía mallorquina no quiere trabajar “sobre concesiones administrativas” sino sobre propiedad privada, es decir, la suya. Siendo así, ¿por qué la cadena pide una ampliación de la concesión? ¿Ha cambiado de criterio? En absoluto. Es cierto que la nueva ley de desamparo del litoral permite una renovación casi automática por 75 años de las concesiones antes limitadas a 30 + 30, y a ella ya ha decidido acogerse, pero lo que realmente esconde la ley con su indefinición es la posibilidad de abrir la puerta a que los concesionarios recuperen la titularidad de los espacios naturales o de dominio público marítimo-terrestre que pasaron a titularidad pública con la derogada ley de costas. El procedimiento es bien sencillo y la autoridad no va a poner objeciones: revisión del deslinde mediante alegaciones como, en el caso que nos ocupa, que las dunas no están ligadas a la estabilidad de la playa. Revisado el deslinde en favor del solicitante, la reversión de la propiedad es automática, lo que hace buena la máxima de RIU de no trabajar sobre concesiones. Como en el Oasis de Maspalomas, donde proyecta un hotel sobre un suelo cuya titularidad discuten más de cuatro profesionales y entidades especializadas por las trazas que presentan las cesiones y alguna sentencia del Supremo actualizada.

¿Qué va a decir el Gobierno de Canarias?

Así las cosas, se abre la caja de pandora, porque la ley no sólo sirve para RIU y las cadenas hoteleras apadrinadas por los empresarios más cercanos al Gobierno de Rajoy. Cualquiera que tenga un problemón con el deslinde puede alegar un cambio en las mareas por el calentamiento global y pedir que se le revisen los metros de protección, y en Canarias tenemos casos a porrillo. Pero en el caso que nos ocupa asistimos a una modificación en una concesión administrativa (es lo que de momento se va a tramitar) que requiere un informe preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. La primera duda no surge sobre cuál va a ser su pronunciamiento sino sobre qué órgano lo elaborará. Si lo hace Medio Ambiente, en manos del PSOE, es de esperar que se recurra a la protección y a la conveniencia de que el patrimonio natural vaya revertiendo al término de las actuales concesiones en el uso público y la restitución de los espacios ocupados por construcciones intrusas. Pero como se decida que el informe lo elabore Ordenación del Territorio, los tiros irán en dirección contraria previsiblemente. No sólo por la condición de majorero del consejero titular, Domingo Berriel, que habrá de responder a la postura de las autoridades de esa isla, sino por su posición más que ambigua sobre la nueva ley del PP. Prevalecerá, nos tememos, la influencia de RIU, que se viene manifestando de manera descarada en las gestiones encomendadas a la empresa pública Gesplan en la resolución del conflicto abierto en el Oasis de Maspalomas. No tardaremos mucho en verlo.

Santa Brígida tendrá plataforma electoral ciudadana

La cita es este sábado a las once de la mañana en el local de la Asociación Sociocultural Drago de Sataute, dato este último que ya puede irles dando una pista. Un inquieto grupo de ciudadanos de Santa Brígida, hasta el moño (o boina, táchese lo que no proceda) de las cosas que vienen pasando hace años en esa villa del centro de Gran Canaria ha decidido constituirse en plataforma electoral ciudadana, o plataforma ciudadana con aspiraciones electorales. El primer enunciado es “proyecto ciudadano 2014-2023” con la intención de conjurarse “por el buen funcionamiento del municipio” pase lo que pase en las elecciones de 2015, lo que significa que si no sacan alcalde o un mísero concejal, prometen plantear batalla a los que sí salgan. Quieren elaborar “una propuesta ambiciosa de participación ciudadana que cambie la deriva de este municipio hacia un modelo integral y respetuoso que sepa responder a las necesidades” de la población. El movimiento está tan abierto que en esa asamblea del sábado se va a decidir hasta su nombre y su logo, los grupos de trabajo que se constituirán y los diez principios y valores que habrá de regirles. Eso sí, exigirán a los presentes que no se limiten a pasar por allí, sino que se comprometan a trabajar por la causa en sus distintos grados de implicación, también a aprobar. Los partidos tradicionales y las agrupaciones de pulso y púa que les hacen los coros van a tener un duro contrincante en Santa Brígida por razones absolutamente naturales: no enterarse de nada. Y no digan que no les veníamos dando pistas.

María Luisa Antúnez, la esperanza de Pediatría

Continúan tensándose las relaciones entre los médicos que forman parte del Servicio de Pediatría del hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ni siquiera la apertura del proceso de evaluación para el nombramiento de nuevo jefe del servicio ha relajado los ánimos, ni por parte de los pediatras ni por parte del actual responsable, Francisco Machado, que no afloja un punto en su empeño en seguir contribuyendo a generar un ambiente irrespirable que por los pelos no afecta a los pacientes. La aparición de una candidata a disputarle el cetro ha ilusionado a unos cuantos facultativos, que ven en ella una esperanza de que las cosas puedan mejorar. La aspirante es María Luisa Antúnez, una pediatra veterana que saltó a la palestra de manera pública por la encendida defensa que hizo en su momento en contra del cierre del servicio de cirugía cardiaca infantil, pulso que se saldó en favor de su mantenimiento. Es precisamente ese enfrentamiento con la Gerencia del hospital la que pudiera restarle puntos en la parte subjetiva de la evaluación (60%) frente a un candidato que incomprensiblemente sigue gozando del blindaje y de la complicidad de la Administración sanitaria canaria. Los pediatras se quejan a menudo de la permisividad con la que se trata al jefe del servicio. El último ejemplo conocido procede de la orden del Servicio Canario de la Salud de ampliar a 37,5 horas semanales el horario de cada facultativo, lo que les obliga a prolongar su horario en dos horas y media a la semana para que pasen consultas de 15.00 a 17.00. El único pediatra de los treinta que conforman el servicio que no hace esa permanencia es precisamente el jefe, Francisco Machado, que es capaz de pasar a horarios de la mañana las consultas que se le colocan en la agenda de sus dos horas y media de tarde. De este modo tiene tiempo para compatibilizar al cien por cien, como hacía antes de la circular, su dedicación a la sanidad pública (hasta las tres) con su consulta particular.

Ya tenemos sobre el territorio de Canarias a la primera gran empresa beneficiada por la nueva Ley de Costas del Partido Popular, que rebaja la protección de todo el litoral español y abre la puerta a la revisión de concesiones en dominio público marítimo-terrestre y a la privatización de zonas que hasta ahora parecían eternamente públicas. Como no podía ser menos, esa gran empresa es la cadena mallorquina RIU, la que anunciaba al Gobierno de España en 2007 su intención de ir abandonando paulatinamente sus explotaciones en Corralejo y que ahora reclama para sí una ampliación de sus concesiones en las dunas para los hoteles Oliva Beach y Tres Islas por otros 75 años. La nueva ley, que cínicamente se llama “de protección y uso sostenible del litoral”, se lo permite al dejar en agua de borrajas los acuerdos que la cadena cerró con el Gobierno socialista tras una sentencia del Supremo de 2003 que ratificaba el deslinde marítimo-terrestre. Según aquellos acuerdos, RIU perdería por caducidad la concesión sobre el Oliva Beach en 2017, y sobre el Tres Islas en 2037, aunque podía extenderla, por renovación automática, hasta 2052. “Nosotros no trabajamos con hoteles sobre concesión administrativa, manejamos la propiedad privada, y aunque nos otorguen 60 años preferimos que nos dejen estar hasta amortizar nuestras inversiones y luego, nos vamos pacíficamente”, dijeron los representantes mallorquines a los responsables de Costas en las negociaciones que se cerraron en 2007. De este modo, la compañía renunciaba a su derecho a 30 y a 37 años, respectivamente, sobre sus dos hoteles de las dunas de Corralejo. Tan cierto era que su deseo era abandonar el norte de Fuerteventura que, en el marco de aquellas negociaciones hasta cedió al Estado la isla de Lobos, afectada también por el deslinde que acababa de ratificarse. Pero llegó el PP, y con él la defensa de los intereses (generales) de empresarios tan poderosos e influyentes como los del sector turístico mallorquín, para los cuales parece estar hecha a la medida esta ley de costas, perdón, de protección y uso sostenible del litoral. Y dos piedras.

Lo que viene ahora: revisión del deslinde