Los últimos renglones torcidos del juez Rafael Lis

La justicia ha tardado nueve años en abrirse paso e instalarse en el sumario abierto en 2010 contra el que fuera denunciante del caso Unión y azote de la corrupción en la isla de Lanzarote, el socialista Carlos Espino. Se trataba de hacerlo pasar por las mismas calamidades que él hizo pasar a un buen ramillete de corruptos y corruptas que campaban a sus anchas en las instituciones lanzaroteñas desde que alguien corrió la voz de que había impunidad. Espino colaboró con la Guardia Civil y con la Justicia para esclarecer hechos verdaderamente escandalosos que empiezan ahora a confirmarse en sentencias judiciales (algunas ya firmes), y lo que recibió a cambio de buena parte de la sociedad y de los poderes políticos de la isla —incluida una facción de su propio partido, el PSOE- fue el rechazo, cuando no el desprecio, y como en este caso de la querella contra él, la persecución.

Pero para que la justicia se haya podido abrir camino y Espino haya podido quedar libre de las imputaciones que pretendieron endilgarle, ha hecho falta que desapareciera de la Administración de Justicia por la vía de la jubilación forzosa el juez Rafael Lis Estévez, un caso a estudiar de servidor público que decidió transitar los últimos años de su vida laboral en el sentido inverso que cubren las personas que quieren acabar en paz con la sociedad y consigo mismo para poder gozar de un último párrafo encomiable en su biografía.

Rafael Lis regresó a su carrera como juez tras varias décadas en el ejercicio libre de la abogacía, donde defendió todo lo que consideró defendible y enriquecedor para su bufete. Y regresó a la Judicatura para adoptar algunas actitudes y muchas decisiones que lo acercaban más a los malos que a los buenos.

Este caso concreto de las diligencias previas 760/2010, luego transformadas en las 2962/2011, puso todo de su parte para que un grupo de personas, entre las que se encontraba Carlos Espino, resultaran señaladas por la sociedad lanzaroteña como corruptas a partir de una querella de la hoy alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, del Partido Popular, que no resistía el menor contraste con los apuntes de cualquier estudiante medio de primero de Derecho. A Pérez se sumó solícito otra desgracia para la política isleña, el expresidente del Cabildo Pedro Sanginés, que sí habrá de enfrentarse a un juicio por el caso de la depuradora que le incautó a unos particulares para entregarla al Canal de Isabel II, ese nido de corrupción proveniente del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid que llegó a Lanzarote para más de lo mismo.

Lis no solo tramitó la querella contra Carlos Espino con gran regocijo, sino que la alargó tanto en el tiempo que hasta llegó a parecer que lo que investigaba era de una gravedad fabulosa y que las pruebas que estaba acumulando iban a acabar con el denunciante del caso Unión sufriendo las más duras condenas penales.

Hemos tenido que esperar al auto de archivo firmado por el juez que la ha sustituido al frente del Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife, José Luis Ruíz Martínez, para conocer que todo era una gran farsa, que ni Espino ni las demás personas que Astrid Pérez señaló con el dedo acusador en su querella y su correspondiente ampliación hicieron jamás nada que pudiera tener encaje ni reproche en el Código Penal; que los peritos judiciales no encontraron ninguna irregularidad reseñable en las reformas de la cocina del restaurante de Los Jameos del Agua que provocaron la acción penal; ni en la web y su base de datos que Espino encargó que le hicieran cuando estuvo al frente de los Centros de Arte y Cultura del Cabildo de Lanzarote, ni en ninguna otra de las decisiones que lo condujeron ante el juez Rafael Lis.

Como tampoco era de recibo sostener acusaciones sobre hipotéticos pagos de comisiones y trasiegos entre cuentas corrientes basados exclusivamente en la rumorología conejera, como argumentaba la querella de la hoy alcaldesa de la capital de la isla que tramitó con ligereza el ex juez Lis.

La instrucción ha quedado definitivamente destrozada por el relato del juez que la archiva, quien cuenta con crudeza el modo en que el instructor dejó entrar en el procedimiento a la asociación de juristas Jiménez de Asúa, una suerte de banda de mangantes nacida para distorsionar y entorpecer las investigaciones judiciales perjudiciales para los corruptos, unas veces los del caso Unión, y otras veces personajes como el juez Salvador Alba, en cuya causa intentó colarse esta pandilla para echarle una mano con el resultado de un expeditivo salpafuera.

Bueno es recordar, llegados a este punto, la relación de amistad entre Salvador Alba y Rafael Lis, que desembocó incluso en movimientos telúricos en el TSJC para que el segundo formara parte del tribunal que debía juzgar al primero, lo que se desbarató por la improrrogable jubilación del ejerciente en Lanzarote. Del mismo modo que es bueno traer aquí a colación las extravagantes —y luego tumbadas por poco fundadas en Derecho- resoluciones del juez Alba a favor de algunos de los más rumbosos empresarios del caso Unión, como la anulación de la grabación que realizó la Guardia Civil a través del denunciante Carlos Espino, o el levantamiento del precinto de la bogega Stratvs, propiedad del inevitable empresario local Juan Francisco Rosa, tan involucrado en las andanzas de Rafael Lis que contrató los servicios de la esposa de este para que le defendiera en pleitos colaterales que lo terminaron contaminando todo, hasta el punto de derivar en una sanción disciplinaria para Lis de seis meses de empleo y sueldo por parte de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial.

El auto del juez José Luis Ruíz hace un estropicio tremendo a la instrucción de su antecesor y, seguramente sin pretenderlo, aporta una apabullante argumentación a los abogados que hace ya unos meses decidieron interponer una querella contra Lis en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) precisamente por la disparatada instrucción de esta causa. Una querella que se une a la queja que desde hace meses se tramita en el Consejo General del Poder Judicial y que, de estimarse, supondría una sanción a titulo póstumo para un juez que debió haber sido apartado mucho antes de la carrera judicial para evitarle a la Justicia un bochorno de alta graduación. Y a él mismo, que los últimos renglones de su biografía apesten que tiran para atrás.

En el terreno de lo político, cabría esperar que Astrid Pérez pida perdón públicamente a Carlos Espino, actual asesor de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, por haberse prestado a semejante juego sucio. Pero es seguro que no lo hará.

La justicia ha tardado nueve años en abrirse paso e instalarse en el sumario abierto en 2010 contra el que fuera denunciante del caso Unión y azote de la corrupción en la isla de Lanzarote, el socialista Carlos Espino. Se trataba de hacerlo pasar por las mismas calamidades que él hizo pasar a un buen ramillete de corruptos y corruptas que campaban a sus anchas en las instituciones lanzaroteñas desde que alguien corrió la voz de que había impunidad. Espino colaboró con la Guardia Civil y con la Justicia para esclarecer hechos verdaderamente escandalosos que empiezan ahora a confirmarse en sentencias judiciales (algunas ya firmes), y lo que recibió a cambio de buena parte de la sociedad y de los poderes políticos de la isla —incluida una facción de su propio partido, el PSOE- fue el rechazo, cuando no el desprecio, y como en este caso de la querella contra él, la persecución.

Pero para que la justicia se haya podido abrir camino y Espino haya podido quedar libre de las imputaciones que pretendieron endilgarle, ha hecho falta que desapareciera de la Administración de Justicia por la vía de la jubilación forzosa el juez Rafael Lis Estévez, un caso a estudiar de servidor público que decidió transitar los últimos años de su vida laboral en el sentido inverso que cubren las personas que quieren acabar en paz con la sociedad y consigo mismo para poder gozar de un último párrafo encomiable en su biografía.