Por una vez imperó la legalidad

Guadalupe del Río lleva unos cuantos meses intentando que el alcalde le facilitara una determinada documentación sobre una operación, denegada ahora por la Consejería de Agricultura, sobre el inmueble de la Cámara Agraria local. El Niño Bravo, que se ha propuesto mortificar a la concejal hasta que se aburra y se marche, le instaba a que los papeles se los pidiera al portavoz del PP, Armando Umpiérrez, o que, en caso de no reconocerle esa autoridad, se marchara al grupo mixto, cosa a la que la doña se niega. Los continuos desplantes llevaron a Del Río a pedir una entrevista con el alcalde, que la recibió tras muchos requiebros en presencia del mentado Umpiérrez. Allí volvieron a negarle la documentación a la concejal, que pidió primero que actuara como testigo la secretaria del alcalde, pero al no reconocerla como tal los otros dos interlocutores, reclamó la presencia de la Policía Local. Tampoco le hicieron puñetero caso. Pero a Umpiérrez se le ocurrió que la secretaria general de la Corporación podía resolver el entuerto, y a ella recurrieron. La alta funcionaria hizo que prevaleciera la legalidad: recordó al alcalde y a su portavoz que estaban obligados a facilitar información a todos los concejales, y fue ella personalmente quien buscó la documentación, la fotocopió y la entregó a Guadalupe del Río.

Guadalupe del Río lleva unos cuantos meses intentando que el alcalde le facilitara una determinada documentación sobre una operación, denegada ahora por la Consejería de Agricultura, sobre el inmueble de la Cámara Agraria local. El Niño Bravo, que se ha propuesto mortificar a la concejal hasta que se aburra y se marche, le instaba a que los papeles se los pidiera al portavoz del PP, Armando Umpiérrez, o que, en caso de no reconocerle esa autoridad, se marchara al grupo mixto, cosa a la que la doña se niega. Los continuos desplantes llevaron a Del Río a pedir una entrevista con el alcalde, que la recibió tras muchos requiebros en presencia del mentado Umpiérrez. Allí volvieron a negarle la documentación a la concejal, que pidió primero que actuara como testigo la secretaria del alcalde, pero al no reconocerla como tal los otros dos interlocutores, reclamó la presencia de la Policía Local. Tampoco le hicieron puñetero caso. Pero a Umpiérrez se le ocurrió que la secretaria general de la Corporación podía resolver el entuerto, y a ella recurrieron. La alta funcionaria hizo que prevaleciera la legalidad: recordó al alcalde y a su portavoz que estaban obligados a facilitar información a todos los concejales, y fue ella personalmente quien buscó la documentación, la fotocopió y la entregó a Guadalupe del Río.