Más de 200 científicos de distintos países han firmado un manifiesto en el que piden que todos los recursos para la gestión científica del riesgo volcánico en España trabajen “bajo una misma estructura, que sería el Centro Nacional de Volcanología y que se denomina Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan)”, con sede principal en Tenerife.
Los firmantes son 218 investigadores en diferentes etapas de su carrera profesional, vinculados a 102 instituciones científico/académicas de 37 países (Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, El Salvador, Filipinas, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumania, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía).
Entre quienes suscriben el texto se encuentra Salvador Ordóñez, catedrático de Geología, exsecretario de Estado de Universidades e Investigación del Gobierno de España en el primer gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, así como exrector de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Este colectivo ha hecho público el manifiesto coincidiendo con los actos conmemorativos del primer aniversario de la erupción del volcán de La Palma, ocurrida el 19 de septiembre de 2021.
En esa erupción, explica el texto, “el papel desempeñado por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) fue un claro ejemplo de aplicación de un modelo inclusivo al coordinar a 241 investigadores nacionales y foráneos que desarrollan su labor científica en 79 instituciones de 21 países”, defienden los firmantes.
En el escrito se apela a la sensibilidad y la responsabilidad del sector público para materializar la necesidad del Instituto Volcanológico de Canarias “como una apuesta conjunta de todas las administraciones sin más aplazamientos y con todas sus consecuencias”.
El documento señala que en esa línea ha habido pronunciamientos ya del Congreso, del Senado, del Parlamento de Canarias, de cabildos y ayuntamientos y de representantes de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra.
La sede principal de esta entidad “debe estar en Tenerife al tratarse de la zona del territorio nacional con mayor riesgo volcánico en España y por la presencia del volcán Teide”.
Pero debe contar con sedes en La Palma, El Hierro y Lanzarote, por ser islas con erupciones en tiempos históricos, e incluso en Gran Canaria, donde ha habido una veintena de erupciones en los últimos 10.000 años.
Involcan fue creado en 2011 por el Cabildo de Tenerife y diez años después, en plena erupción en La Palma, el Gobierno de Canarias anunció su participación en él.
“La Administración General del Estado ha reconocido igualmente que el organismo público responsable de la gestión científica del riesgo volcánico en España deba tener su residencia en Canarias”, prosigue el manifiesto. En consecuencia, se pide “el fortalecimiento del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) o Centro Nacional de Volcanología como un organismo autónomo cofinanciado por la Administración General del Estado (AGE), Gobierno de Canarias y cabildos insulares, y con la participación de las dos universidades públicas canarias”.
Además, el manifiesto propone que Involcan pueda adquirir la figura de instituto universitario de investigación adscrito a las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna (Tenerife) y que coordine las acciones científicotécnicas destinadas a la reducción del riesgo volcánico en Canarias y minimizar todos los problemas y amenazas que en la actualidad ocurren como consecuencia de la descoordinación existente.
Poniendo como ejemplo al Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), que nació como una apuesta del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna a la que posteriormente se sumaron la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, las administraciones deben sumarse al Involcan, “cuya proyección de futuro será emular el éxito que ha supuesto el IAC para el progreso científico y el desarrollo de la sociedad”, defiende el texto.
Se trata de “contribuir a la seguridad ciudadana y al bienestar social de Canarias, promoviendo de paso el desarrollo sostenible, justo y equitativo de las comunidades que residen en zonas volcánicamente activas como la nuestra”, concluye.