El Ayuntamiento de Adeje continúa buscando la fórmula que le permita reactivar el polémico proyecto turístico de Cuna del Alma, paralizado desde finales del año pasado por la presencia de la viborina triste, una planta protegida. En un escrito firmado este miércoles por Manuel Luis Méndez, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio, la corporación local ha propuesto declarar de interés público de primer orden que se ejecuten los sectores urbanizables a desarrollar en el municipio, como el del Puertito de Adeje, como pretexto para “garantizar” el derecho de acceso a una vivienda digna por parte de los vecinos.
La declaración, aún a la espera de ser aprobada por el pleno municipal, pero que lo será gracias a la mayoría con la que cuenta el PSOE, formación que gobierna en la demarcación desde hace casi cuatro décadas, utiliza la crisis de vivienda actualmente sufrida en todo el Archipiélago, tal y como evidenció un informe reciente del Diputado del Común, para impulsar los planes urbanísticos no desarrollados en el municipio y así engordar el Patrimonio Público de Suelo (PPS) del Consistorio.
Estas bolsas de terreno son obtenidas por las entidades locales como una especie de compensación de los promotores a razón de las actuaciones urbanísticas proyectadas. La ley estatal del suelo establece que, con carácter general, las entregas a las administraciones públicas oscilarán entre el 5 y el 15% (20% en casos excepcionales) del aprovechamiento medio de la actuación. El destino de los bienes que integren dicho patrimonio debe ser el de la construcción de viviendas públicas y equipamiento urbano.
El Plan Parcial del Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife, cuenta con una superficie de 442.000 metros cuadrados (m2), donde la entidad mercantil Segunda Casa Adeje, la promotora del proyecto turístico de Cuna del Alma, es propietaria de más del 90%. La iniciativa pretende construir 3.602 camas turísticas entre villas de lujo, plazas extrahoteleras y hoteleras. El sector privado construirá alrededor de 136.000 m2 y el público, 5.841 m2, entre infraestructuras religiosas y deportivas. La memoria de la actuación no especifica cuánto porcentaje de suelo le corresponde al Ayuntamiento para aumentar su PPS, aunque en convenios anteriores era del 10%, según documentación vista por este periódico.
Las obras en el Puertito de Adeje forman parte de una lista de 16 planes urbanísticos en la localidad todavía por ejecutar que el Ayuntamiento ve ahora como necesarios para inflar las bolsas de suelo y edificar viviendas sociales “ante la gran carencia [de bienes inmuebles]” existente. La corporación local asegura que “a día de hoy” no cuenta con suelo residencial, de ahí su intención de hacerse con él, de alguna forma, con estos aprovechamientos. “[La emergencia habitacional en las Islas] se agudiza en los municipios turísticos, pues a su vez es causa de queja de los propios empresarios hoteleros, que no pueden contratar trabajadores en el sector al no existir viviendas en el entorno”, apunta el documento.
En el caso concreto del Puertito, la totalidad de la superficie afectada por el plan parcial es 100% turística. No hay espacio, de acuerdo con la ordenación, para el uso residencial. Sin embargo, el Consistorio de Adeje ha recordado en el texto que el suelo público adquirido, aun no siendo con fines residenciales, puede ser vendido o cedido para así construir en otros puntos de la comarca. Lo que viene a indicar, en plata, que la intención del Gobierno local es utilizar la crisis de vivienda como pretexto para reactivar Cuna del Alma, vender el aprovechamiento proporcional que le corresponda y construir pisos de protección oficial en otros lugares de la región.
El escrito señala, además, que la declaración de este tipo de actuaciones “de interés público de primer orden” permite el “tratamiento” de las especies incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, como la viborina triste, para que ello no suponga ningún impedimento. La Ley 42/2007, del Patrimonio y Biodiversidad, prohíbe recoger, cortar, mutilar o destruir “intencionadamente en la naturaleza” todas las plantas, hongos o algas incluidas en el catálogo mencionado. Sin embargo, agrega que dichas prohibiciones podrían quedar sin efecto cuando concurra alguna de las circunstancias citadas en la norma, como la que alega ahora el Ayuntamiento de Adeje.
La autorización administrativa para anular la protección en este sentido sobre la viborina triste, en concreto, debe emitirla la Administración General del Estado (AGE) o la Comunidad Autónoma, en estos momentos gobernada por un pacto entre Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que en septiembre de este mismo año llegó a decir que buscaría “soluciones” para reactivar la iniciativa turística de Cuna del Alma, dijo el consejero de Transición Ecológica y Energía, Manuel Zapata (PP), y esta misma semana llegó a lamentar que, en clave urbanística, “si aparece un escarabajo o la viborina se paraliza todo”, expresó el presidente regional, Fernando Clavijo (CC). El acuerdo del Consistorio de Adeje, de hecho, va dirigido al Gobierno autonómico.
“Es posible y viable que se autorice el tratamiento de la especie afectada mediante esta autorización si se da el motivo contemplado para ello”, concluye el texto. Ese “motivo”, incide el documento, es la necesidad de contar con suelo público mediante la ejecución de los planes urbanísticos, como el del Puertito de Adeje. El Ayuntamiento cree que “todos los suelos citados”, los 16, “son susceptibles de tener el mismo problema”, esto es, de contar con la presencia de especies incluidas el Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Adeje cree que esta es la solución “más inmediata” a la emergencia habitacional que protagoniza el municipio, donde han aumentado en los últimos meses los núcleos residenciales precarios, chabolas y edificaciones ilegales, según un informe de Cáritas. Otra alternativa, no obstante, sería solicitar la declaración de la localidad como “zona de mercado residencial tensionado”, recogida en la ley estatal de Vivienda aprobada este año, que faculta al Ejecutivo nacional a desplegar medidas o ayudas específicas adicionales para este tipo de zonas encaminadas, entre otras cosas, a incrementar la oferta del parque público de vivienda.
“El Ayuntamiento de Adeje no tiene que acudir a medidas excesivamente imaginativas y que rocen o alteren la voluntad legislativa para la consecución de suelo para vivienda pública. Tiene que lograr que el municipio sea declarado tensionado [competencia que recae sobre las comunidades autónomas] y así el departamento ministerial competente podrá promover fórmulas de colaboración con las administraciones para estimular la oferta asequible y diseñar medidas de financiación específicas”, argumenta el concejal por Unidas Podemos en Adeje, Gabriel González.
A finales de 2022, el proyecto turístico de Cuna del Alma fue paralizado por una “amenaza inminente de daño ambiental” por la presencia de la viborina triste. La promotora, además, fue sancionada por la “alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico” y expedientada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) por no contar con un estudio de impacto ambiental de la iniciativa. En septiembre de este curso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó levantar la paralización de las obras, petición formulada por el Ayuntamiento de Adeje, porque aún no se había realizado un análisis detallado sobre las especies que presumiblemente se verían afectadas.