La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) abrió el año pasado 70 expedientes por vertidos al mar en las Islas. Es el curso con más infracciones de los últimos cinco, sumando prácticamente los mismos que en los cuatro anteriores (71). El elevado número de sanciones se debe a la incorporación del personal de Costas que el Archipiélago asumió tras el traspaso de competencias, pero también a la incapacidad de las administraciones públicas de atajar una crisis que va a más, advierten expertos, ocasionando el cierre de playas, provocando multas millonarias y convirtiéndose en un problema de salud pública.
La mayoría de las infracciones surgen por la no autorización de los vertidos, asegura la directora de la ACPMN, Montserrat Ortega. En Canarias hay censados 434 puntos que derraman principalmente aguas residuales al océano, pero solo el 28% están autorizados, según la última actualización, de 2021. Los expedientes que apertura el Ejecutivo regional nacen por un incumplimiento “continuado” de la normativa, que obliga a todo vertido, ya sea de agua residual urbana, salmuera, de refrigeración, pluvial o dulce y salda (piscinas) a contar con la preceptiva licencia.
Ortega explica que el aumento de las sanciones viene motivado por la incorporación del personal de la Demarcación de Costas que la Agencia asumió el año pasado, el primero tras la transferencia de competencias del Estado al Archipiélago en esta materia. Las Islas integraron a 20 trabajadores, entre personal laboral y funcionario, que incrementó las labores de inspección del litoral y el espacio público marítimo-terrestre.
Fuentes consultadas que pasaron hace poco por la ACPMN reconocen que el amplio conocimiento de estos agentes ha venido de perlas para detectar nuevos vertidos ilegales. En esta labor también colaboran miembros de la Policía Canaria, del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, de los cabildos insulares e incluso denunciantes particulares.
Las propuestas de sanción no son muy cuantiosas. Ortega afirma que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros porque, dice, es difícil cuantificar el daño del vertido cuando este cae al océano y se diluye. La directora de la Agencia confiesa que su objetivo es “sancionar menos y que se corrijan” más las infracciones, pero esta no ha sido la norma hasta ahora. De los 1.501 expedientes abiertos por la ACPMN por vertidos al mar entre 1999 y 2023, solo se han restablecido 22, según su propia estadística. Subsanar el delito es más complicado de lo que parece por el sujeto que mayoritariamente lo comete: la propia administración pública.
En la isla de Gran Canaria, por ejemplo, hay 82 vertidos activos sin autorización. De ese total, 38 pertenecen a los ayuntamientos, la cifra más alta con diferencia. Algunos son nuevos con respecto al censo anterior, de 2017, pero muchos llevan documentándose alrededor de dos décadas, cuando el Gobierno canario publicó por primera vez un mapa con todos esos puntos.
Un caso concreto: el ubicado en la Playa de Los Charcones, en Bañaderos (Arucas). Allí fue reportada a principios de siglo una conducción de desagüe sin permiso que vierte aguas residuales y salmuera. En 2003, lo hacía a un ritmo de 21,6 metros cúbicos (m3) por hora; en 2021, ese valor había ascendido a 31 m3 como mínimo, un incremento del 43,51% en poco más de 20 años. Los técnicos del Ejecutivo señalan que el vertido afecta a una zona de baño y pesca y que en sus alrededores se detectaron olores.
Para Juan Romeu, presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (ACC Medioambiente), la principal hipótesis que explica por qué las entidades locales presentan tantos vertidos sin autorización es la falta de alcantarillado en los municipios. “Hemos llegado a este punto por la inacción de los responsables. Los vertidos son continuos y seguirán siéndolo porque las aguas residuales de muchas localidades no son recogidas y van directamente al mar o al subsuelo”, subraya.
Los datos le dan la razón. La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del Ministerio de Política Territorial muestra que el número de núcleos poblaciones sin servicio de saneamiento en las Islas es altísimo: un 71,36% no tienen, el porcentaje más elevado del país, por encima de Galicia (64,75%), Asturias (54,52%) y Andalucía (26,78%). La misma información estadística sugiere que hacen falta 733.345 metros de red de alcantarillado, es decir, más del doble que el servicio existente (599.492 metros, a fecha de 2021). Y también agrega que el 70,15% de las poblaciones de la Comunidad Autónoma no cuenta con una asistencia de depuración de aguas, de nuevo el valor más alto del Estado.
Romeu rescata la polémica depuradora comarcal del Valle de Güímar como obra que explica a las mil maravillas la magnitud del problema. Fue construida para filtrar las aguas residuales vertidas por el polígono industrial de la zona, un atentado medioambiental por el que la Justicia europea condenó a España y por el que irán próximamente a juicio la actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y tres exregidores más de la isla de Tenerife. La central, que costó más de 10 millones de euros, está lista desde principios de 2022, pero el agua que necesita para funcionar no llega por la pobre red de alcantarillado de los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar.
Además, cuando el contratiempo no lo ocasiona la ausencia de saneamiento, como sucede en estos momentos en el barrio de Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), donde el sistema no soporta la proliferación de rascacielos y megaconstrucciones auspiciados por el turismo masivo, lo puede hacer la propia depuradora. El Libro Blanco sobre el Medio Ambiente de Canarias, publicado en el año 2000, reconoce que, “en líneas generales, las estaciones depuradoras del Archipiélago se caracterizan por su reducida capacidad y, sobre todo, por su funcionamiento irregular y ausencia de gestión y mantenimiento adecuado”. Bañaderos, en Arucas, vuelve a ser un ejemplo en esto. La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) recibía en 2003 un caudal medio de aguas negras aproximado de 900 m3 al día, siendo su capacidad inicial de 500 m3.
El presidente de ACC Medioambiente intenta emitir un mensaje de tranquilidad: hay solución. En lo que se impulse una red de alcantarillado decente, el agua con residuos que actualmente cae al mar podrá ser depurada. Es una inversión millonaria, eso sí. Romeu cifra el gasto en torno a 2.000 millones de euros, más de un 15% del presupuesto anual del Gobierno canario. Pero hay un nuevo contratiempo para eso.
La Ley de Cambio Climático de las Islas establecía que sería el propio Ejecutivo regional el que desplegaría un paquete de medidas para “dar solución a los incumplimientos ambientales en materia de aguas y de gestión residuos”. Con la reciente modificación de la norma, promovida por el Partido Popular, que gestiona la Consejería de Transición Ecológica y Energía, pasan a ser “las administraciones públicas del Archipiélago competentes” las que se encargarán de ello. La pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos y cabildos que “no tienen dinero” para acometer tales proyectos, lamenta Romeu.
“Es necesario elaborar un plan para solucionar todo esto. Pero no saben qué hacer [los políticos]. Pasan de una administración a otra”, critica el consultor ambiental. “Si seguimos sin meterle mano a este asunto, seguiremos contaminando las playas y la gente enfermando”.
“El problema de los vertidos es sistémico”, añade Julio Muñoz Padilla, químico y profesor jubilado de Depuración de Aguas. “El modelo hídrico que se impone en las Islas implica que por cada metro cúbico de agua que se consume y depura, se produce 1,25 m3 de agua que se vierte al mar”.
Ana Aldarias es portavoz de Ecologistas en Acción y autora del informe anual de Banderas Negras de la organización. Ella cree que el sistema de saneamiento español padece de “raquitismo crónico” porque las depuradoras instaladas en las localidades costeras, que tenían una población “relativamente pequeña” hasta hace no mucho, ahora no dan abasto por la incesante llegada de visitantes extranjeros. En esos casos, el agua rebosa la central o provoca que el mecanismo falle.
La también investigadora del Centro Oceanográfico costero del Instituto Español de Oceanografía (COCAD) denuncia la falta de transparencia de las entidades locales con respecto a la publicación de las analíticas de las depuradoras. Dice que muchas veces tiene que “ir detrás de ellas” para que difundan los resultados, que son los que determinan si una playa puede continuar abierta o debe cerrar por un episodio de contaminación fecal, cada vez más frecuentes.
Para las personas, esto es un problema de salud pública. Pero para el ecosistema, “del que formamos parte”, insiste Aldarias, también lo es. “Ese vertido de aguas fecales es materia orgánica que va a demandar muchísimo oxígeno, lo que va a hacer turbia el agua y limitar la posibilidad de que haya organismos fotosintéticos en la zona, como las algas. También va a haber un déficit de oxígeno en el medio. Los peces u otros organismos que luego consumismos, no pueden estar ahí”, remacha.
La portavoz de Ecologistas en Acción clama por otro modelo turístico que “no destruya el medioambiente” y no piense en el mar como “la alfombra que levantamos para meter mierda debajo”.