El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la nueva Ley de Residuos y Suelos, basada en “favorecer la economía circular” a través de la penalización de aquellos que no separen o traten los deshechos antes de derivarlos al Complejo Ambiental.
De esta manera, se atiende a un principio de que “quien contamina, paga”, tal y como ha indicado el consejero de Desarrollo sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, a través de un comunicado.
A partir de esta nueva normativa quedan establecidos dos tramos de tasas y se prohíbe el vertido de residuos fuera de los complejos ambientales. Las tasas gravarán con 40 euros por tonelada a aquellos productores que viertan los materiales sin tratar y con 30 a quienes los hayan procesado.
La ley también indica que en un plazo de tres años los ayuntamientos deberán establecer nuevos precios por las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de las basuras. En esta cantidad también se incluye el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación. Rodríguez ha subrayado que esta nueva planificación generará empleos y oportunidades de negocio.
Asimismo, ha informado de que los primeros pasos para esta transformación en el tratamiento de residuos ya se han dado en el Complejo Ambiental de Tenerife, a través de las plantas de recuperación de residuos eléctricos, la recuperación de plástico film, la planta de envases, la de bioestabilizado, así como los puntos limpios y la remisión de algunas fracciones a gestores autorizados.
Con todo ello se pretende llegar a “un horizonte ideal de economía circular, donde los deshechos puedan convertirse en nuevos recursos”. Además, la nueva normativa atiende a la jerarquía de residuos en la que el sistema tradicional de vertido se coloca como última opción.