Una nueva carretera de 380 millones de euros es la solución que las administraciones han encontrado para los atascos eternos que se producen en Tenerife. Esta autopista de seis kilómetros y seis carriles, tres por cada sentido, que pretende construirse entre la zona de Los Rodeos y Anchieta, ha sido presentada como una de las obras de carreteras más importantes que se planifican en Canarias tanto por su coste como por el volumen de vehículos que absorberá y que sacará del núcleo urbano de La Laguna, donde se producen fuertes embotellamientos en las horas punta. El proyecto, conocido como variante de la TF-5, está aún en fase de exposición pública, pero expertos y ambientalistas ya alertan de que construir más infraestructuras fomenta el vehículo privado y empuja a avanzar en el sentido contrario a la movilidad sostenible.
Cuando el Cabildo insular presentó el proyecto por primera vez en 2020, el coste de la obra era de 130 millones de euros. Sin embargo, la inversión que se maneja en los estudios actuales asciende a los 380 millones de euros. El presidente de la corporación insular, Pedro Martín, aseguró que esta obra es la “solución definitiva” al “gravísimo problema” de los atascos que se han cronificado en Tenerife, en especial en el tramo de la autopista del norte. Martín además defendió esta alternativa como la más “respetuosa” con el medio ambiente, ya que el 75% de la carretera será soterrada.
La propuesta de construir bajo el territorio la mayoría de la obra nace del Ayuntamiento de La Laguna. El concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, ha explicado a este períodico que los técnicos de la Gerencia están dando prioridad al estudio de este proyecto. “Vamos a emitir nuestro criterio y vamos a intentar hacerlo valer por todas las vías posibles”. “Vengo proponiendo esto desde hace años, porque contribuye a resolver un problema muy serio de movilidad y permite a La Laguna cumplir su anhelo de convertir ese tramo de autopista en una rambla y no en un dique. Por lo tanto, se proyectará el crecimiento de la ciudad”, apunta el edil.
Por el contrario, el colectivo ambientalista No Incineración Tenerife ha tildado el proyecto de un “disparate de marca mayor” que supondrá un retraso de 20 años en el objetivo de cambiar el paradigma de la movilidad de la isla“. Según el colectivo, el transporte privado en Tenerife se acerca al coche por habitante. Una proporción ”disparatada“ en una isla con unas 928.604 personas censadas.
El estudio Increasing Highway Capacity Unlikely to Relieve Traffic Congestion, elaborado por la investigadora Susan Handy, concluye que “tradicionalmente, la congestión del tráfico se ha abordado mediante la adición de capacidad vial adicional con la construcción de carreteras nuevas o adición de carriles a las existentes. Numerosos estudios muestran que agregar capacidad a las carreteras no logra aliviar la congestión por mucho tiempo, porque en realidad aumenta las millas recorridas por vehículos”.
En esta línea se posiciona también el Ayuntamiento de Tacoronte, municipio del norte que colinda con la variante. “Generar un nuevo viario salva a La Laguna, pero no resuelve la densidad de tráfico de 100.000 vehículos al día que recibe Tacoronte. Los vecinos del norte vamos a seguir teniendo la condena de estas colas eternas que empezaron hace 30 años”, sostiene el alcalde, José Daniel Díaz Armas (Nueva Canarias).
A la corporación municipal también le preocupa que esta nueva infraestructura dañe un área de especies arbóreas protegidas y a los proyectos que tenían previstos de crear un carril bici y de acerado de la carretera general. El alcalde de Tacoronte advierte además de que el coste del proyecto aumentará hasta los 500 millones de euros por la subida de precio de las materias primas. “Es una inversión millonaria que no servirá para nada”, asevera. Para él, la solución pasa por fomentar el transporte público y crear un carril BUS-VAO. “No destrozaría más suelo y absorbería a aquellos vehículos ocupados solo por una persona, que son la mayoría”.
El proyecto, que ya está sometido a exposición pública, plantea que la obra tenga un plazo máximo de ejecución de cuatro años y seis meses. Además, incluye un estudio de impacto ambiental ya que la infraestructura afecta a un área declarada de importancia para las aves por la Red SEO/BirdLife. El espacio también alcanza a una zona agrícola tradicional, a una zona residencial, casas dispersas, lugares tradicionales para la caza de codornices, tórtolas y palomas e incluye al aeropuerto de Los Rodeos.
Desde Aena explican que la empresa pública se ha coordinado con el Gobierno de Canarias para evitar que el trazado afecte a las servidumbres aeroportuarias. Por su parte, fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas insisten en que la obra irá soterrada con el fin de preservar la servidumbre aérea y las fincas o viviendas del entorno y cumplir así con los objetivos ambientales recogidos en el proyecto. Entre ellos figura la preservación de los recursos naturales del área metropolitana, de las áreas de mayor valor agrícola de la zona de Los Rodeos y evitar la destrucción de los hábitats de especial interés, entre otros.
Descentralizar los servicios
El profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna José León explica que es “dudoso” que esta infraestructura vaya a resolver el problema de los atascos que se producen en la TF-5. “El problema real es la enorme cantidad de tráfico que se dirige hacia el área metropolitana, y eso no lo va a evitar la carretera”.
León apunta también a la distribución de la población y las actividades económicas productivas, que se concentran entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. “Estamos presos del modelo de ocupación territorial que hemos hecho, que ha aprovechado el retroceso de la agricultura para convertir una parte de las parcelas agrícolas en solares. Hemos ocupado buena parte del espacio rural con edificaciones, pero esto presenta unos enormes problemas de movilidad porque hay que desplazarse para todo”, especifica el profesor.
“La pregunta no es que´hay que hacer para disminuir atascos, sino para reducir el número de coches que hay”, propone Fran Castro, miembro de Ben Magec - Ecologistas en Acción. Para el colectivo ambientalista, la única forma de que las personas no elijan el vehículo privado frente al público es que este último sea “puntual, fiable y cómodo”. “Si esos 300 millones de euros en carreteras se invirtieran en transporte público, este mejoraría de manera infinita”.