El hotel en La Tejita es uno de los dos macroproyectos turísticos en Tenerife por el que activistas de la plataforma Canarias se agota iniciaron una huelga de hambre el pasado 10 de abril para exigir su paralización. Se trata de un complejo hotelero a medio hacer con 883 plazas previstas en las inmediaciones de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en Granadilla de Abona. Estuvo paralizado entre 2021 y febrero de 2024 después de que el Ministerio de Transición Ecológica revisara el deslinde de un tramo de la costa en el que estaba previsto inicialmente acoger parte del complejo hotelero. Eso pasó entonces a ser dominio público, a pertenecer al Estado. Y ahora existe un conflicto entre Costas y la compañía detrás del proyecto, Construcción, Promoción y Derivados, S.A., del empresario José Viqueira, sobre la necesidad o no de contar con un nuevo permiso para edificar en dichos terrenos. Costas entiende que sí. Por eso ha amenazado. Viqueira, en cambio, sostiene que, como ha sentenciado la justicia, le vale con las autorizaciones previas a la revisión del deslinde.
El hotel en La Tejita fue autorizado por primera vez el 3 de junio de 2016 mediante una resolución de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, liderada entonces por Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria (CC), también consejera en el actual gobierno de Fernando Clavijo (CC). El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó la licencia urbanística del proyecto el 19 de septiembre de 2017 y la de obras el 25 de noviembre de 2018. En ambos casos, el alcalde del Consistorio del sur de Tenerife era Domingo Regalado, también de CC.
Los tres actos administrativos mencionados tienen como referencia el deslinde del año 2002 que delimita físicamente el dominio público marítimo-terrestre en el tramo de la costa donde pretende erigirse el polémico complejo turístico. Ese deslinde acota la propiedad pública a una pequeña porción de terreno muy cercana a la ribera del mar, obviando lo que hay tierra dentro y que, según advirtieron las organizaciones Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN), presenta características de un sistema dunar. La servidumbre de protección, además, se fijó en 20 metros y no 100 por haber un plan parcial aprobado antes de la Ley de Costas, de 1988, que ya contemplaba la construcción del hotel.
Fuentes conocedoras de la orden explican que “casi todos los deslindes de la costa de Tenerife realizados en esas fechas se encuentran mal trazados” y con la “principal prioridad de respetar los intereses privados”. Viqueira recibió luz verde para construir con ese punto de apoyo. Pero las asociaciones citadas en el párrafo anterior pidieron una revisión del deslinde que finalmente fue autorizada el 12 de noviembre de 2018. Costas volvió a estudiar la zona. Determinó “acreditada” la existencia de terrenos que debían formar parte del dominio público y no lo estaban siendo. Y situó “más hacia el interior” la línea del deslinde, “hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. Eso fue firmado el 12 de febrero de 2021. Esa fecha, oficialmente, terrenos de titularidad privada donde estaba previsto edificar pasaron a ser del Estado. Para entonces, el hotel en La Tejita ya había empezado a coger forma. Y el Gobierno canario, esta vez liderado por el PSOE, ordenó paralizar las obras ese mismo verano porque las mismas afectaban a esta nueva realidad jurídica.
Han pasado casi tres años desde entonces. Pero La Tejita volvió a acaparar portadas el pasado mes de febrero cuando la promotora del hotel anunció la reanudación de las obras alegando hasta tres sentencias favorables que daban legitimidad a los trabajos. Canarias Ahora ha tenido acceso a al menos dos de esos fallos.
El primero es del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechado el 17 de julio de 2023. La sociedad Construcción, Promoción y Derivados interpuso un recurso contra la resolución de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) emitida en marzo de 2022 que imponía una multa de 300 euros a la empresa de Viqueira por las obras en la zona, “afectando a la servidumbre de protección”, y exigió la “restitución de las cosas y reposición a su estado anterior”. El recurso había sido rechazado en primera instancia. El alto tribunal canario, sin embargo, sí lo estimó. Uno de los magistrados firmantes fue Jorge Riestra Sierra, actualmente viceconsejero de Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional nombrado por CC.
La ACPMN consideró que la empresa de Viqueira estaba realizando obras “ilegales”, tanto por afectar a la zona de servidumbre del nuevo deslinde y “no contar con la autorización de Costas”, como por “excederse de lo autorizado inicialmente”, que era, según dijo, movimiento de tierra, cerramiento de parcela o plantación de elementos vegetales. Pero el TSJC sentenció que no puede hablarse de obras “ilegales” cuando las mismas “estaban amparadas” por autorizaciones previas a la revisión del deslinde. Y, por tanto, “no cabía la adopción de la medida cautelar adoptada”, esta fue, la paralización, ya que ninguna de las licencias otorgadas “había perdido su vigencia”.
Otro fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, del 10 de febrero de 2023, ahonda en esta idea. La sentencia, que también versa sobre lo mismo (la decisión de la ACPMN de multar a la promotora por obras “ilegales” en servidumbre de protección), resuelve de forma idéntica que la anterior y expone lo siguiente: “Si bien la existencia de previas licencias de obras no impiden la aprobación de un nuevo deslinde, tampoco la ampliación [de este] priva por sí solo de eficacia y validez a los títulos jurídicos que (...) fueron otorgados”. Viqueira se ha apoyado en este razonamiento para defenderse de las amenazas recientes de Costas. El organismo público contraatacó hace unas semanas con una clave más.
En un escrito dirigido al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, la Dirección General de la Costa y el Mar indicó que tres de las sentencias a las que alude la mercantil Construcción, Promoción y Derivados tratan sólo sobre obras presuntamente ilegales “en servidumbre de protección”, pero no en dominio público marítimo-terrestre. Costas ha pedido formalmente a la promotora que paralice los trabajos en esta área porque entiende que necesita un nuevo permiso para ello. El artículo 13 bis de la Ley de Costas detalla que los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público “pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento”. Pero es aquí donde la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol, matiza: “El derecho a la obtención de un título no puede entenderse como el otorgamiento del mismo”.
Sobre si procede o no otorgar a la compañía de Viqueira una nueva licencia, es una cuestión que está por dilucidarse. El escrito de Pérez Puyol aporta un informe de la Abogacía del Estado de 2021 que precisamente afirma que no, que no debería porque la concesión tiene que asignarse “respetando los usos y aprovechamientos existentes”. Como en La Tejita “actualmente no hay nada”, el órgano cree que hacerlo “no sería razonable”. Sí reconoce el derecho a una indemnización en favor de la promotora por haber “perdido [parte de] la propiedad sobre los terrenos” como consecuencia del nuevo deslinde.
Costas ha vuelto a pedir a Viqueira que detenga las obras en dominio público. El empresario ha pedido la nulidad de la orden, anunciado que seguirá adelante “amparado por las sentencias del TSJC” y también ha dicho que el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife “reincide en su conducta ilegal de paralizar unas obras al margen del procedimiento”. Al margen, el Ejecutivo autonómico, conformado por CC y PP, ha desechado comprar los terrenos en La Tejita por 25 millones de euros para frenar la construcción del hotel que había pactado el Gobierno anterior con la promotora. Mientras tanto, los activistas en huelga de hambre que solicitan la paralización del complejo continúan la protesta.