La Dirección General de la Costa y el Mar ha revisado el deslinde comprendido entre las zonas de Piedra Vieja y Baja Cumplida, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), por el que ha ampliado la anchura de la servidumbre de protección del litoral de 20 a 100 metros en muchos de sus puntos, entre ellos el de Playa Blanca, donde está ubicado el hotel ilegal Papagayo Arena.
La resolución del órgano ordena a la Demarcación de Costas de Canarias a iniciar las actuaciones pertinentes a “rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado”. En la zona de servidumbre de protección está prohibido construir viviendas u hoteles de ningún tipo.
El nuevo deslinde sitúa la mayor parte del complejo turístico Papagayo Arena, levantado sobre el paisaje volcánico de Los Ajaches, en la franja trazada para proteger el litoral. La resolución, del pasado 8 de julio, otorga el plazo de un mes para presentar un recurso de reposición y dos meses para hacerlo en la vía contencioso-administrativo.
Costas asesta así un nuevo varapalo para el mencionado hotel semanas después de que aterrizara en la Fiscalía una denuncia interpuesta por la asociación cívica El sol sale para todos contra el Gobierno de Canarias por su inacción ante el mismo. El Papagayo Arena, que abrió sus puertas en verano de 2003, opera con normalidad pese a tener más plantas de las permitidas, ocupar un vial público de acceso a la playa y no tener licencia. Fue construido “sin otra base legal” que el “capricho” del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, según la sentencia del caso Yate, emitida en 2017 y que lo condenó a seis años de prisión.
En enero de 2022, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó en un auto la demolición del complejo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó recientemente un recurso presentado por la propiedad, Papagayo Arena SL, al constatar que existe un expediente de legalización del hotel iniciado por el Ayuntamiento de Yaiza, aún sin resolver. En caso de que la licencia no pueda ser obtenida, el alto tribunal canario sostiene que “la edificación estará huérfana” de permisos “y, por tanto, abocada a su demolición”.
Por qué la revisión del deslinde y los 100 metros acordados
La Dirección General de la Costa y el Mar ha movido ficha ahora después de que el Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza, aprobado en 2014, resultara anulado por el TSJC por carecer precisamente del informe preceptivo de Costas. En este municipio costero de Lanzarote hay 14 expedientes de deslindes, de los que al menos ocho fueron aprobados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. El órgano tiene que dar el visto bueno de todos ellos para que el PGO salga adelante.
La directora general del departamento, Ana María Oñoro, ya avisó en un informe fechado en 2021 que la servidumbre de protección en algunos tramos, como el de Playa Blanca, se representa “de forma incorrecta” con una anchura de 20 metros en lugar de 100, que es lo que exige la normativa, salvo excepciones.
Costas permite tramos de servidumbre de 20 metros en franjas litorales clasificadas como urbanas o que tuvieran un plan parcial aprobado con anterioridad al 1 de enero de 1988. El Plan Parcial de Las Coloradas, que es el que recoge el complejo turístico Papagayo Arena, fue aprobado el 4 de enero de 1988, es decir, no cumple con ese requisito. Sin embargo, sí lo hizo antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, el 28 de julio de ese mismo año. En estos casos, el órgano accede a fijar una anchura de 20 metros en la servidumbre siempre que la ejecución del planeamiento se haya llevado a cabo cumpliendo su plan de etapas.
La resolución de Costas de este verano, no obstante, sostiene que “no consta certificado” de la finalización de las obras del Plan Parcial de Las Coloradas, que tenía una duración de nueve años y debía haber terminado en 1997. Además, el departamento analizó las imágenes satélites del lugar disponibles en el portal de GRAFCAN, concluyendo que, si bien a fecha de 1997 el acceso rodado y el encintado de las aceras parece finalizado en buena parte, los terrenos contiguos a la zona marítimo-terrestre que iban destinados a zonas verdes públicas se aprecian “totalmente inalterados”. Del mismo modo, “tampoco puede asegurarse” que el resto de los servicios como saneamiento, abastecimiento y suministro de energía eléctrico y alumbrado público estuvieran concluidos.