Defender el mar en Canarias como un bien común y gestionarlo entre toda la ciudadanía. Es una de las premisas con la que nació Microáreas Ecoturísticas Litorales, un proyecto de desarrollo sostenible con la participación social como eje. Su objetivo es conservar la biodiversidad marina y cuidar los entornos costeros frente a actuaciones que atenten contra el litoral, como los vertidos o el cemento en primera línea. La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, fue el primer lugar en implantarse con éxito, seguida de El Roque, en La Aldea de San Nicolás. Fruto de estas acciones y experiencias, el Gobierno de Canarias quiso replicar ese modelo entre todas las islas bajo el nombre de Ecoáreas- Mardetodos y crear la primera red del mundo, tal y como anunciaba durante unas jornadas en la Universidad de La Laguna. Pero el resultado que ha cosechado durante los últimos años ha sido diferente al de la idea original.
A las críticas vertidas por personas que formaron parte del proyecto del Ejecutivo o los recursos presentados frente a contrataciones irregulares, se ha sumado este año una propuesta de intervención en 117 piscinas naturales que ha generado el rechazo de partidos políticos, administraciones y más de 15.000 firmas, que han mostrado su oposición a que una de las joyas naturales de las costas isleñas sean objeto de más turistificación. En concreto, el polémico Plan director de charcos de marea anunciado por la Consejería de Turismo el pasado 23 de julio plantea una serie de actuaciones en estos enclaves sin haber contado previamente con participación ciudadana o la colaboración de otras administraciones.
Desde mejorar los accesos y las zonas de esparcimiento ya existentes en los charcos de la costa de Gáldar (Gran Canaria), con suelos de hormigón o plataformas de madera, a trazar y crear un aparcamiento para 100 vehículos, conectado mediante un sendero señalizado con Los Charcones, en Lanzarote, un espacio natural prácticamente virgen, conformado por un acantilado erosionado de gran belleza paisajística.
La Consejería de Turismo, administración encargada de llevar a cabo el proyecto, la controla actualmente la Agrupación Socialista Gomera (AGS), uno de los cuatro partidos que conforman el pacto de Gobierno, junto a PSOE, Nueva Canarias y Podemos, que desbancó del poder a Coalición Canaria en 2019. Turismo sostiene que Ecoáreas y el Plan director de charcos de marea “no tienen absolutamente nada que ver”, ya que el primero es competencia de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística y el segundo, de la Dirección General de Infraestructura Turística.
Sin embargo, el documento se basa en el libro Charcos de marea en Canarias. Un modelo de intervención en el litoral, del arquitecto Alberto Luengo, quien durante ocho años recorrió el Archipiélago para plasmar, describir y analizar 942 enclaves existentes en las islas. Y en el marco del proyecto Ecoáreas, la Consejería decidió editar dicha obra por un importe de 40.000 euros. El libro también recoge criterios de intervención en los charcos que, a su vez, el Plan director “se compromete a desarrollar”. El propio autor de la obra ha manifestado que el documento “tiene excesivo nivel de intervención” y considera que debe reconducirse.
“Es de poco sentido común y esto es solo la punta de un iceberg”. Lo dice Arturo Boyra, gerente de la agencia de divulgación científica Oceanográfica, que ideó Microáreas, y que fue contratada por el Gobierno de Canarias para desarrollar la iniciativa en todo el Archipiélago. Por un importe de 54.200 euros, en agosto de 2017 la entidad resultó adjudicataria del servicio de “asistencia técnica” de la coordinación del proyecto hasta diciembre de 2018.
El entonces Gobierno de Coalición Canaria había conseguido financiar el proyecto con 1,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR), al tener como objetivo “conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos”. Esta parte suponía el 85% del presupuesto, el 15% restante era abonado por la propia Consejería de Turismo.
Boyra y la también licenciada en Ciencias del Mar Cristina Fernández eran las dos únicas personas de la empresa contratada adscritas al proyecto y, según el pliego de condiciones, la adjudicataria se encargaría de conformar un equipo para desarrollar, principalmente, la estrategia y la metodología a seguir para implantar ocho microáeras en Canarias, una en cada isla.
También se encargaría de consolidar un Consejo Científico como mecanismo de control de las actividades, que estaría conformado por personal técnico de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL). Con ambas entidades, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística también firmaría un convenio de 175.000 euros a ejecutar durante 2017 para elaborar informes, celebrar jornadas o prestar asesoramiento técnico.
Durante el tiempo en el que estuvo en el proyecto, Boyra explica que con la agencia Oceanográfica llevaron a cabo “reuniones, talleres, encuentros y conferencias para difundir el proyecto”. Las dos universidades serían las encargadas de desarrollar las iniciativas de dinamización en las ecoáreas. Pero reconoce que solo se pudo ejecutar “el 10% de lo planificado”, algo que achaca a “las zancadillas constantes” desde la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.
Aunque el contrato con Oceanográfica finalizaba en diciembre de 2019, Boyra asegura que abandonó el proyecto junto a otros seis científicos que formaron parte del Consejo por “abusos de poder”. De hecho, en numerosos comunicados publicados en la web de la agencia, Boyra ha detallado que su experiencia fue “de acoso laboral”, llegando a detectar actitudes de “chantaje emocional, micromachismos o humillaciones”.
Esta redacción preguntó a la Consejería de Turismo liderada entonces por Isaac Castellano (Coalición Canaria), pero rehusó dar su versión alegando que no quería entrar en polémicas. Y la actual administración, en cuyo frente se sitúa Yaiza Castilla (ASG), achaca estos hechos al anterior Ejecutivo: “Ecoáreas es un proyecto heredado”.
Hasta la fecha, Boyra ha reclamado que se abra una investigación sobre lo ocurrido y ha acudido a los medios de comunicación, pero no a los tribunales para denunciar el maltrato que dice haber sufrido. “Fui a Inspección de Trabajo, pero me dijeron que el tema del acoso laboral en Canarias, y más aún de una contratación externa, está en pañales”, explica. En uno de sus comunicados, también relataba que consideraba más importante “generar conciencia hoy” que con “una sentencia dentro de cinco años”.
Tras la finalización del servicio con Oceanográfica, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística ejecutó cuatro contratos menores con otras entidades para continuar desarrollando el proyecto durante 2019, por un montante total de aproximadamente de 55.000 euros. A la asociación sociocultural Procrearte especializada en procesos de participación (que no cuenta con página web propia), le adjudicó el servicio de dirección y coordinación por 15.000 euros; a Bencomia Educación Ambiental SLU, la dinamización de la participación y consulta ciudadana, además del seguimiento, por 14.650 euros; a la graduada en Ciencias del Mar Sara Rendal, quien formó parte de Ecoáreas desde sus inicios, la dirección y coordinación ambiental por 14.999 euros; y a la Fundación Canaria Parque Científico de la ULPGC, con experiencia en planificación y gestión de proyectos, le encargó dirigir los procesos de formación por 11.267 euros.
En la página web de Ecoáreas, las primeras notas de prensa sobre su actividad son de 2019. Durante ese año, anunciaron la celebración de seminarios participativos, reuniones, talleres o charlas sobre dinamización en distintos puntos de la isla susceptibles de crear ecoáreas, además de lanzar la iniciativa Buenamar que pretendía fomentar la pesca artesanal como atractivo turístico. En un mapa de las Islas, aparecen ocho puntos repartidos entre el Archipiélago con las ecoáreas creadas: Cueva Bonita en La Palma; La Caleta en El hierro; Charco del Conde en La Gomera; Punta del Hidalgo en Tenerife; Las Canteras y Arinaga en Gran Canaria; Puerto Lajas, en Fuerteventura y Playa Chica, en Lanzarote. Pero no se facilita mayor información.
Una vez finalizaron los contratos, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística sacó a licitación mediante procedimiento abierto en julio de 2020, ya con el nuevo Gobierno regional, los servicios de dinamización participativa y la gestión de contenidos web y de redes sociales del proyecto, con un presupuesto base de 393.760 euros. Pero el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias tumbó el concurso después de que Oceanográfica lo impugnara. El órgano estimó parcialmente el recurso presentado porque estimaba que el presupuesto, el valor del servicio y los criterios de adjudicación no estaban justificados. Boyra recuerda que la licitación contemplaba la contratación de 17 puestos de trabajo para el proyecto, pero ninguno exija un perfil especializado en medio ambiente, en turismo o economía.
En enero de 2021, la Consejería de Turismo volvió a sacar otra licitación en el mismo sentido intentando subsanar lo señalado por el Tribunal. Oceanográfica volvió a impugnarlo, pero el órgano lo desestimó porque el recurso se presentó fuera de plazo. El anuncio fue publicado el 24 y 25 de enero, fecha a partir de la cual podían presentarse recursos hasta el 15 de febrero, al tener diez días de plazo. Y Boyra registró la impugnación el 18 de febrero.
En el escrito, volvía a incidir que los requisitos del nuevo concurso tampoco estaba “debidamente justificado”. También criticaba que como condiciones para acceder a los puestos de trabajo se requiriera alguna titulación en animación sociocultural. “16 personas de FP con apenas 1 año de experiencia en cualquier tipo de dinamización pueden optar a la licitación, mientras que biólogos marinos, biólogos, licenciados o graduados en ciencias del mar, ambientalistas o expertos en gestión litoral, no puede hacerlo”, reflejaba el recurso, algo que tildaba de “absurdo”.
En mayo de este año, Turismo adjudicó el lote correspondiente a la gestión de contenidos web y de redes sociales a Metrópolis Comunicación por un importe de 14.400 euros y, en agosto, GAIA Consultores gana el lote para los servicios de dinamización participativa, por 315.000 euros. La Consejería ha indicado que tras un proceso de licitación de más de 1 año, el proyecto continúa adelante con las labores de dinamización participativa en las ecoáreas ya creadas, que según el contrato, prevé la creación de una nueva en La Graciosa.
Modificación del Plan director de charcos de marea
A pesar de que, según la Consejería de Turismo, Ecoáreas y el Plan director de charcos de marea son proyectos distintos, el revuelo que suscitó la intervención ha llevado a dicha administración a mantener un encuentro con Transición Ecológica, que se sumó al rechazo del Ayuntamiento de la Laguna. En el comunicado tras dicho encuentro, matizó que solo se intervendría en aquellos charcos que ya cuentan con actuaciones y cualquier medida sería consensuada con las administraciones competentes, desde ayuntamientos, la Dirección General de Costas y el Mar hasta ciudadanos o científicos.
De hecho, tras el encuentro, el director general de Ordenación y Promoción Turística, Fernando Miñarro, y la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, mantuvieron una reunión con el experto ambientólogo Adrián Flores, creador de la iniciativa en change.org Los charcos no se tocan. En su cuenta de Twitter, Flores relató que le aseguraron que la cantidad de piscinas naturales en las que se propone intervenir se reducirían de 117 a 89 y “muchas medidas del plan” no se ejecutarían. “Un proyecto de estas características debería haber tenido en cuenta la biodiversidad desde un principio y no plantearse sin colaborar con la Consejería de Transición Ecológica desde un principio”, señala.
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