Ecologistas en Acción ha celebrado la entrada en vigor esta semana del Real Decreto 218/2022, que “pone freno” a la minería submarina en aguas españolas, una demanda del colectivo y de otros grupos medioambientalistas “ante el creciente interés por los potenciales yacimientos situados en montes submarinos al sur de las Islas Canarias y frente a las costas de Galicia y del Cantábrico”.
La organización destaca que la normativa introduce por primera vez en la legislación nacional una referencia al llamamiento para una moratoria internacional acordada por el Parlamento Europeo el pasado junio sobre la estrategia para la biodiversidad en 2030.
Pese a celebrar la entrada en vigor del real decreto, la organización señala que este es solo un “primer paso” y demanda al Gobierno que asuma un papel de “liderazgo” a favor de una moratoria en las próximas sesiones de la Convención para la Diversidad Biológica y la Alta Autoridad para los Fondos Marinos.
“De lo contrario, las primeras autorizaciones para explotar minerales en las profundidades oceánicas podrían concederse el próximo año, con devastadoras consecuencias para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la pesca”, advierte la organización ecologista.
El Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, fue publicado el miércoles de esta semana y modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.