El nuevo proyecto turístico de 180.000 metros cuadrados en un parque natural en La Palma pone en jaque a los ecologistas

El Cabildo de La Palma aprobó este viernes, por unanimidad, declarar de “interés insular” el proyecto de balneario-hotel Dichosa Wellness Clinic, que prevé disponer de 564 plazas turísticas al sur de las coladas del volcán de Tajogaite. Según la corporación insular, se trata de una infraestructura innovadora en el medio rural, que pretende integrar en un único establecimiento el ámbito sanitario y hotelero, para conformar un equipamiento en el que se refunden los servicios de cuidado del cuerpo y la salud con los propios de la actividad turística, vinculados al ocio y al descanso. El objetivo es el de crear un establecimiento sanitario singular, en el que mejorar y promover la salud y el bienestar, en un entorno único, explica el Cabildo. Y para ello, la instalación contará con 240 plazas alojativas en tipología de habitación hotelera y otras 324 en villas, lo que hace que se alcancen el total de 564 nuevas camas turísticas en el Valle de Aridane, en la costa oeste de La Palma, justo donde nació el volcán Tajogaite en 2021.

Este sábado, Ben Magec-Ecologistas en Acción ha rechazado este nuevo proyecto turístico y ha recordado que el Cabildo palmero ya hizo algo similar en 2023 al declarar de interés insular el resort y campo de golf de La Pavona.

Los ecologistas subrayan que el proyecto del Dichosa Wellness Clinic “ocupará más de 180.000 metros cuadrados en un espacio natural” al instalar “en el entorno rural de Los Valles de Aridane nada menos que 564 plazas alojativas, con resort y apartamentos de lujo, canchas de tenis, pádel, piscinas, balnearios y demás instalaciones de carácter turístico”. Para ello, señala la organización ecologista, “el Cabildo deberá modificar el Plan Insular de Ordenación de La Palma en beneficio de una empresa privada”.

El pleno celebrado este viernes contó con la intervención de los colectivos que defienden la protección del territorio y la gestión sostenible de los recursos insulares, representados por Isabel Ramos Argany, portavoz de Ben Magec - Ecologistas en Acción, y María Gómez Mellini, portavoz de la Asociación Biocultural la Foresta. Ambas expusieron la preocupación social que genera la perpetuación del turismo de masas y cómo afecta a todos los ámbitos, desde el territorial, social, ambiental y energético, hasta el económico, evidenciando la precariedad laboral y la pobreza provocadas tras décadas de turismo insostenible.

Se trata, recuerda Ben Magec, del mismo modelo turístico del archipiélago que “lleva tiempo siendo objeto de debate social, movilizaciones masivas y malestar generalizado en las islas”. Mientras tanto, añade, “los representantes públicos desoyen el sentir de la ciudadanía y siguen apostando por una industria caduca, aprobando de manera sistemática grandes proyectos turísticos que inciden en el turismo masivo, degradando nuestro territorio, haciendo un uso privativo de nuestros recursos y generando cada vez más problemas sociales, como la gentrificación, la especulación y la masificación de espacios e imposibilitando el acceso a la vivienda de los canarios y canarias”. Ejemplos hay numerosos en los últimos tiempos y en todas las islas, como el proyecto Dreamland para construir una ciudad del cine y centros comerciales junto a las Dunas de Corralejo, o el proyecto Cuna del Alma, para urbanizar con un hotel y decenas de villas de lujo el Puertito de Armeñime, en el sur de Tenerife.

“Es un modelo absolutamente insostenible en todos los sentidos y esto ya no es sólo un discurso del sector ecologista, es un malestar de toda la ciudadanía que pide urgentemente un cambio de rumbo, Canarias tiene un límite”, expresa la organización ecologista. Como muestra de esta problemática está el proceso iniciado en la isla de Lanzarote a finales de 2022 para declarar la isla “turísticamente saturada”, unos trámites que han quedado paralizados y que, de hecho, han visto cómo en apenas ocho meses de gobierno de CC-PP ya se han aprobado los proyectos para otros dos hoteles y un complejo de apartamentos en la isla.

“Esta crisis de vivienda generalizada en el archipiélago afecta de especial manera a la isla de La Palma tras la reciente erupción volcánica, una demanda habitacional urgente a la que la máxima institución palmera no ha puesto solución ni actuado con la misma urgencia con la que aprueban alojamientos turísticos, modificando leyes y cualquier instrumento necesario para que se lleven a cabo”, denuncia Ben Magec.

Días antes del pleno en el Cabildo, la formación política Drago advirtió de la inminente declaración de “interés insular” de este proyecto. La portavoz en La Palma, Sara Hernández, pidió a la corporación que “no engañe a la población prometiéndole oportunidades laborales, porque la realidad es que en el archipiélago el turismo tan solo genera riqueza para unos pocos, mientras que Canarias continúa siendo la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, más de un tercio de la población”. Y subrayó que en la zona en la que se prevé esta construcción “habitan unas 70 especies de invertebrados endémicas canarias y 20 insulares”. Además, indicó que la parcela “también contiene yacimientos arqueológicos, en concreto, una cueva funeraria prehispánica”.

Un balneario en plena sequía

La organización Ben Magec señala también como parte del problema la situación climática actual de Canarias, y en concreto de La Palma, algo que, afirma, “no es irrelevante en este asunto”. “Estamos atravesando meses de una intensa sequía, con olas de calor y calimas cada vez más frecuentes que provocan una preocupante escasez de agua y que pone sobre la mesa, una vez más, el abuso y explotación que la industria turística lleva a cabo sobre los recursos hídricos limitados de las islas”. En otras palabras, incide, “en medio de una emergencia hídrica, mientras la agricultura sufre las consecuencias de la falta de agua y muchos hogares canarios ven dificultado su acceso a ella, los hoteles, balnearios, campos de golf y demás infraestructuras turísticas siguen llenando sus piscinas y regando hectáreas de terreno con el agua que nos falta”. Esta misma semana, en la isla de La Gomera, la localidad de Alajeró ha tenido que restringir el uso del agua a solo el de tipo doméstico y de primera necesidad dada la escasez en el municipio. La isla de Fuerteventura lleva desde marzo de 2023 en situación de emergencia hídrica debido a la escasez. Y no ha sido la única isla en hacerlo. El verano anterior, El Hierro hizo lo mismo por una sequía que duraba ya dos años, y también La Gomera.

Lanzarote y La Graciosa, las islas más áridas junto a Fuerteventura, arrastran importantes problemas de abastecimiento y escasez de agua, con cortes en el suministro en plena ola de calor el pasado verano.

En Tenerife, los agricultores ya avisaron el pasado mes de septiembre de la gravedad del problema en el sector primario dada la falta de agua en la isla, sin lluvias y con varias olas de calor en los meses de verano.

Este mes de enero, además, ha sido el más caluroso y seco en décadas en las Islas.

Por todo ello, desde Ben Magec - Ecologistas en Acción, Isla Nuestra y la Asociación Biocultural La Foresta piden al Cabildo de La Palma “que renuncie a la modificación del Plan Insular de Ordenación en beneficio de un interés privado y que atienda, de manera inmediata, la demanda urgente de vivienda para los habitantes de la isla y centre sus esfuerzos en paliar los efectos devastadores de la emergencia hídrica que sufrimos, que de ninguna manera se solucionan dando cabida a proyectos que explotan, derrochan y malgastan un recurso tan preciado como el agua”.

Los empresarios palmeros, a favor del proyecto

Antes de las elecciones municipales del 28 mayo, los candidatos del PSOE, PP y CC a presidir el Cabildo palmero firmaron un Pacto por el Turismo de La Palma. En el documento, elaborado por la patronal empresarial de la isla, se especificaba que todos ellos (Borja Perdomo, del PSOE, Mariano Hernández Zapata, del PP, y Sergio Rodríguez, de CC y actual presidente insular) apoyarían, entre otras cosas, los proyectos del eco resort de La Pavona y la Dichosa Wellness Clinic.

Según estos empresarios, se trataba de un “acuerdo por la sostenibilidad, el empleo, la excelencia y la competitividad del sector turístico de la Isla Bonita”, en el que se establecías hasta diez criterios comunes para el desarrollo turístico de la isla, entre los que se incluía “apoyar y favorecer la creación de nuevas infraestructuras turísticas y el fomento de acciones que promuevan una mejora de la seguridad jurídica y garantice la inversión en la isla”.

Sobre la construcción del Dichosa Wellness Clinic y La Pavona, estos empresarios afirmaban que “estos proyectos, al contrario de lo que se intenta trasladar desde algún movimiento ecologista, están amparados en un marco legal seguro que posibilita un modelo turístico singular y sostenible en suelo rústico”. Para ello, construir en suelo rústico, era imprescindible la declaración de “interés insular” por parte del Cabildo, algo que se confirmó este mismo viernes por unanimidad de los tres partidos presentes, es decir, con los votos de CC, PP y PSOE.

El agua, un bien escaso y codiciado en las islas

En Canarias, más de la mitad del agua que se consume proviene del subsuelo. Este recurso, escaso y valioso en las islas, tiene dueños privados y un mercado en el que se especula con su valor para su comercialización, por ejemplo, en el riego agrícola. A pesar de que la ley expone que “todas las aguas están subordinadas al interés general”, en el Archipiélago los pozos y galerías excavados en busca del líquido durante el siglo XX siguen en manos privadas, a las que antaño se denominaba aguatenientes y que, con el paso de los años, se agruparon en comunidades. En el caso de Tenerife (donde el 80% de los recursos hídricos provienen del subsuelo) se asociaron en la Cámara de Aguas para defender sus intereses y sus acciones. 

La parte pública o el estado ha tratado de regularizar o proteger el recurso y ha entrado también en el mercado del agua a través de la desalación o ha creado los consejos insulares para garantizar su control. Sin embargo, los ecologistas critican que la normativa permite la sobreexplotación de los acuíferos al considerar que es laxa con los titulares de las infraestructuras que extraen el recuso y, a efectos prácticos, estima que los consejos insulares no imponen sanciones. En las islas se han ejecutado más de 6.000 obras para la captación de agua subterránea, pero casi el 30% están inactivos o secos.