El proyecto de una Ciudad del Cine en Fuerteventura, declarado hace unas semanas bien de interés insular, ha acentuado el trillado debate del modelo territorial en Canarias y la consolidación del ladrillo. La diferenciación de criterios al respecto ha provocado que la empresa encargada de la evaluación ambiental de la iniciativa, Evalúa Soluciones Ambientales, y el Órgano Ambiental de la isla majorera (OAF) hayan ‘chocado’ por el impacto visual de la instalación. La primera sostiene que “la afección sobre el paisaje no será relevante”. Mientras que la segunda sí cree que la alteración será “de muy alto grado” y ha pedido que se estudie la posibilidad de semienterrar las instalaciones.
En un escrito firmado el 5 de mayo de 2022, el OAF cuestiona, en primer lugar, el interés insular de un proyecto que se extenderá en una plaza de 160.001 metros de suelo rústico común a tan solo 440 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. La institución insular, de carácter independiente y formada por seis vocales de dilatada experiencia en administración medioambiental, objeta “los beneficios que reportará a la población y al medio físico” la propuesta, así como “la idoneidad ambiental de la ubicación, teniendo en cuenta que se trata de un suelo (…) con valores naturales y esenciales únicos”.
La empresa que ha elaborado la evaluación de Dreamland Studios, sin embargo, opina que su desarrollo “contribuirá a posicionar a la isla de Fuerteventura como un referente para la industria del cine, tanto a nivel nacional como europeo”. Y defiende su interés insular en que “reportará efectos positivos a la socioeconomía y población”, a pesar de que tan solo oferta en un principio 150 empleos directos, 17 de ellos en los estudios de cine, según el estudio de viabilidad.
Por otro lado, el Órgano Ambiental de Fuerteventura también alerta de la “alteración visual del entorno, afectando primeramente al paisaje, al suelo y al uso del territorio”. Consideran que “las estrategias de integración, diseño y mimetización de edificios”, planteadas por la promotora de la iniciativa para camuflar la edificación, “no justifican la necesidad de realizar el proyecto en esa localización”. Y que, tras realizar un análisis paisajístico, en el que estudian las distintas construcciones (algunas de ellas de hasta dos y tres plantas), se “comprueba que el impacto visual será de muy alto grado, máxime en atención al lugar en el que se va a implantar, espacio nada antropizado y lejos de los núcleos de población”.
La Evaluación Ambiental de la Ciudad del Cine, por su parte, defiende que la afección del proyecto sobre el paisaje “no será relevante”, ni en lo que respecta a la pérdida de calidad paisajística ni a la intrusión visual. Los evaluadores matizan que la visualización más cercana sobre Dreamland resulta desde la autovía FV-1, a unos 200 metros del acceso al complejo, por lo que así “la percepción (…) prácticamente contemplará las cubiertas de los edificios, en lugar de grandes volúmenes que sobresalen por encima del nivel de la carretera”.
Frente a la consideración de semienterrar las instalaciones, como sugieren los expertos del OAF, la empresa Evalúa Soluciones Ambientales responde que “[estas] acciones supondrían una alteración de gran envergadura para el territorio, producida por un movimiento de tierras que puede considerarse agresivo”. De todas las edificaciones planteadas (parque temático, oficinas, aparcamientos, tanque de agua, helipuerto…), solo el edificio de servicios del anfiteatro se prevé que sea semienterrado.
Asimismo, el OAF cuestiona la inclusión de la palmera Phoenix dactylifera, una especie introducida en Canarias que ha causado alteraciones en la estructura y abundancia de otras palmeras nativas o endémicas, que ha ocasionado un impacto sanitario considerable en las Islas por las plagas asociadas al picudo rojo, y cuyo aprovechamiento ha estado vinculado al ajardinado de urbanizaciones y complejos turísticos, según el registro de especies exóticas del Gobierno canario.
En este sentido, la EIA de Dreamland recoge medidas para la “subsanación” de las determinaciones esbozadas por el Órgano Ambiental de Fuerteventura. Esas acciones, según arguyen los evaluadores, “impedirán el desarrollo y proliferación de especies foráneas que pueden tener carácter invasor, así como para contribuir a la preservación del patrimonio vegetal de Fuerteventura”.
Por último, el OAF también advirtió a la empresa Evalúa Soluciones Ambientales que el estudio faunístico, en el que se recoge la flora y la fauna que habita sobre la unidad de actuación (y detalla que en ella lo hace la hubara canaria, un ave endémica en peligro de extinción) solo contaba con dos días de trabajo de campo, lo que limitaba el conocimiento de los censos poblacionales. La compañía tuvo que hacer una modificación y presentar una nueva evaluación con más datos varios meses después, en el que esta vez se realizaron cinco expediciones más.