Un estudio mapea por primera vez más de 38.000 delitos medioambientales en Canarias y señala sus ‘puntos calientes’

El medio natural en Canarias ha sido alterado. Y cada vez son mayores las evidencias académicas que lo demuestran. Un estudio publicado recientemente ha georreferenciado los más de 38.000 delitos contra la naturaleza acontecidos en las Islas entre los años 2001 y 2020. La investigación encuentra por primera vez puntos calientes de esta actividad delictiva en el Archipiélago con el objetivo, arguyen los autores, de incrementar la vigilancia ambiental allí donde ha sido constante la destrucción del territorio.

El trabajo, difundido por la revista Journal of Environmental Management, agrupa las denuncias de particulares, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y de los agentes de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN). Todas las vulneraciones de la normativa medioambiental fueron estructuradas en cuatro grupos: construcciones y edificaciones, extracción y movimientos de suelo, residuos sólidos y vertidos de aguas residuales.

La evolución de los crímenes de esta índole muestra una fuerte línea ascendente hasta 2008, el último capítulo del boom inmobiliario y el año en que la Comunidad Autónoma batió su récord en esta estadística (3.600 transgresiones), seguido de un claro descenso los próximos cuatro cursos, una relativa estabilización entre 2012 y 2017 y un ligero incremento a partir de entonces. La última actualización muestra, además, que las cifras han seguido subiendo tras la crisis del coronavirus.

Por tipo de delito, los que involucran a construcciones y obras se llevan la palma, al acumular el 45,93% de todas las faltas registradas. Le siguen los relacionados con la gestión de residuos sólidos (45,05%), extracción y movimientos de suelo (5,79%) y vertidos de aguas residuales (3,17%). Los firmantes de la investigación señalan grosso modo las causas generales que pueden estar detrás del quebrantamiento de las normas en este sentido en Canarias, difícil de comparar con el resto de las comunidades autónomas ante la falta de un registro oficial nacional.

Los expertos mencionan que la expansión residencial ha sido “desproporcionalmente alta” en comparación con el crecimiento demográfico; que la necesidad de materiales en el sector de la construcción, tal y como ha ocurrido tras la pandemia en todas las Islas, en especial en Lanzarote, ha derivado en la sobreexplotación de canteras y el laboreo ilegal de la tierra; que el acceso a nuevos bienes y propiedades condujo a “la eliminación de objetos antiguos sin tener en cuenta las medidas de gestión de residuos”; y que la falta de sistemas de saneamiento adecuados motivó las sanciones interpuestas por la Unión Europea en Canarias por incumplir el reglamento de depuración de aguas residuales urbanas.

“En las Islas se ha primado fundamentalmente el crecimiento de los parámetros económicos: más coches, más carreteras, más turistas… Sin tener en cuenta que presentan una superficie limitada”, apunta Eustaquio Villalba, geógrafo y portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). “El estudio ilustra claramente la sombra de la Ley del Suelo de 2017 [la legislación estrella de Coalición Canaria en su anterior mandato], ya que no hay un órgano regulador, sino que todo está sometido a las presiones locales. Y también la concentración de conflictos ambientales en Tenerife, por ejemplo, donde el territorio es disperso y eso genera una alta indisciplina”, agrega Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción.

La investigación refleja que, como era evidente, Gran Canaria y Tenerife contabilizaron el mayor número de crímenes ambientales, con 12.500 y 10.946, respectivamente. La Palma (4.443), Lanzarote (4.231) y Fuerteventura (3.903) reportaron un número similar. Mientras que La Gomera (1.908) y El Hierro (757) fueron las islas con las cifras más bajas. Sin embargo, para evitar los sesgos por superficie, los firmantes del trabajo calcularon el total de infracciones por cada kilómetro cuadrado (km2). Y en ese caso, los resultados son cuando menos sorprendentes.

Gran Canaria cuenta con una ratio de 8 delitos por cada kilómetro cuadrado, la más alta de la Comunidad Autónoma. En la isla, según los cálculos de los expertos, al menos el 28,23% del territorio presenta una ratio de 10 vulneraciones ambientales por cada km2. Además, hay importantes extensiones de terreno con densidades muy elevadas de 50 faltas/km2 (área afectada de 15,28 kilómetros cuadrados) y 100 transgresiones/km2 (1,27 kilómetros cuadrados).

En la clasificación continúan La Palma, con una ratio de 6,3 infracciones por cada km2, y Tenerife, con 5,4. Después, figuran La Gomera (5,2), Lanzarote (5), El Hierro (2,8) y Fuerteventura, este último, con 2,4. En total, el estudio identifica alrededor de 1.263 kilómetros cuadrados del territorio canario, el 16,85% del total, que presentan una media de 10 delitos o más contra la naturaleza por cada km2. Después de haber podido medir y localizar en qué punto sucedieron todas esas actuaciones ilegales, los autores del artículo han podido, por un lado, identificar puntos calientes de esta actividad delictiva en el Archipiélago, y, por otro, encontrar relaciones entre los mismos y las características físicas y socioeconómicas de Canarias.

“El 90% de los delitos medioambientales se concentran a menos de dos kilómetros de la costa, (…) evidenciando así la sobrepresión a la que se ven sometidos estos espacios litorales. Es crucial subrayar la importancia de atender a estas concentraciones para mitigar los impactos negativos derivados de estas actividades y usos del suelo, así como establecer medidas preventivas y correctoras que protejan la riqueza natural y la habitabilidad de las Islas”, resume el primer firmante del estudio, Lorenzo Quesada-Ruíz, investigador posdoctoral de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.

El trabajo aporta un mapa diferenciado de cada isla, que no puede reproducirse en este periódico para no vulnerar la protección de datos, según han argumentado fuentes de la ACPMN, y que georreferencia dónde ha habido más delincuencia medioambiental en Canarias.

En Gran Canaria, por ejemplo, destaca la zona sur, pero también hay puntos calientes en la región norte, entre los municipios de Agaete y Gáldar, y en la periferia de la capital. En Tenerife, por su parte, la mayor concentración aparece también en las comarcas meridionales, como era previsto, aunque la visualización ilustra numerosas faltas en los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar, en las localidades del norte, como La Orotava y Los Realejos, y en San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

En lo que respecta a las islas verdes, en La Palma sobresale la comarca del Valle de Aridane, donde ha sido constante el picoteo de la superficie con fines residenciales; en El Hierro, el municipio de Valverde presenta las mayores acumulaciones; y en La Gomera pueden distinguirse principalmente las infracciones cometidas en la capital insular y Valle Gran Rey, “ambos casos son un ejemplo donde la presión del capital internacional puja con mucha fuerza”, defiende Reyes.

Con respecto a Lanzarote y Fuerteventura, en la primera puede distinguirse la enorme densidad de crímenes contra el medio ambiente en Arrecife, así como en Teguise y Yaiza, donde está situado el tramo de costa con más hoteles ilegales de España; mientras que en la segunda sobresale, por encima de todos, La Oliva. Todos estos resultados pueden observarse aún de forma más concreta en la investigación en cuestión.

“Identificar los patrones de ocurrencia o las áreas de mayor vulnerabilidad y riesgo es crucial. Nos permite delinear y zonificar aquellas regiones que están tensionadas medioambientalmente y esto es fundamental, ya que facilitaría un análisis más profundo y detallado sobre las causas subyacentes que propician la incidencia de delitos medioambientales en dichas zonas. Es un paso vital para desarrollar estrategias efectivas de prevención y seguimiento”, razona Quesada-Ruíz.

El geógrafo considera que estos datos mencionados pueden utilizarse para “establecer un nuevo equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza”, sobre todo en el Archipiélago, donde el territorio “experimenta niveles de presión humana que han excedido ampliamente la capacidad de carga” del mismo. Y que para ello hacen falta “indicadores cuantificables” que determinen el volumen del área afectada, la normativa que se ha infringido y, “al menos desde un criterio científico”, el tipo y grado de daño causado al paisaje, los ecosistemas y la habitabilidad.

“En este momento crucial para nuestro planeta, creo que ciertas cifras y estadísticas deben estar disponibles libremente para el beneficio de toda la ciudadanía y las administraciones. (…) Tener un conocimiento preciso de dónde están cometiéndose delitos medioambientales puede permitirnos identificar áreas de tensión ambiental [y] esto, a su vez, podría no solo potenciar la vigilancia y persecución, sino también mejorar el planeamiento territorial (…) y, en algunos casos, imponer restricciones o establecer regulaciones más estrictas o flexibles”, remacha el experto.