La Fiscalía investiga vertidos contaminantes en Santa Cruz de Tenerife por el “mal estado” de la depuradora

La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife investiga vertidos contaminantes en la capital tinerfeña debido al “mal estado” de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Buenos Aires, la principal depuradora de la ciudad. La instalación, de titularidad municipal, trata las aguas residuales del núcleo urbano de Santa Cruz y de parte de los municipios de San Cristóbal de La Laguna y El Rosario.

El Ministerio Público dio cuenta de la apertura de estas diligencias penales en la Memoria de 2025 de la Fiscalía de Canarias. Según detalla el documento, la investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por una asociación de profesionales del medio ambiente por el presunto estado defectuoso de esta instalación y de la EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) de Cabo Llanos, situada en la misma zona. Esa situación estaría “directamente vinculada a la emisión de vertidos de aguas residuales al mar sin el debido tratamiento y control”.

Canarias Ahora solicitó a la Fiscalía más detalles sobre las pesquisas, pero el Ministerio Público rechazó aportar más información al alegar que las diligencias son “de carácter reservado”. La documentación pública permite reconstruir, al menos, las líneas generales del caso.

Las dos instalaciones forman parte de un mismo sistema hidráulico interconectado. La EBAR de Cabo Llanos recoge las aguas residuales de las zonas baja y centro de Santa Cruz de Tenerife y las bombea hasta la depuradora de Buenos Aires. Allí se someten a un tratamiento biológico en el que los microorganismos degradan la materia orgánica y los contaminantes presentes. Una vez depurada, el agua resultante (el efluente) se destina principalmente a la red insular de riego que gestiona la empresa pública BALTEN.

El problema es que ambas plantas no dan abasto. Un informe del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, fechado en 2017, señala que la EBAR de Cabo Llanos “no es capaz de tratar todo el caudal que recibe en la actualidad”, por lo que el excedente “se vierte a través de una conducción de desagüe” en la zona del Muelle de la Hondura tras aplicarle solo un tratamiento básico. Una estimación oficial de 2011 cifró el caudal diario de la estación en 20.900 metros cúbicos (m3).

La EDAR de Buenos Aires, por su parte, también funciona al límite, aunque por un motivo distinto: no por exceso de caudal de entrada, sino por la elevada carga contaminante del agua que recibe.

Otro documento público de 2017 señala que la depuradora, con una capacidad de tratamiento de 30.000 metros cúbicos diarios, fue diseñada para soportar una carga contaminante de entre 200 y 250 miligramos por litro (mg/l) de DBO5 (demanda biológica de oxígeno a cinco días). Sin embargo, aunque el flujo se sitúa en unos 26.000 metros cúbicos diarios, la DBO5 alcanza una media de alrededor de 791 miligramos por litro, casi cuatro veces el máximo previsto.

El informe del Ministerio también advierte del “mal funcionamiento” de la EDAR en el tratamiento biológico, cuyos resultados “muchas veces no cumplen con los requerimientos exigidos en el agua tratada”. El documento señala, además, “problemas de decantación secundaria por problemas constructivos” y una “baja calidad” del efluente para atender “la demanda creciente de agua reutilizada para su uso agrícola y en riegos de parques y jardines”.

Todo ello limita la capacidad de la depuradora para asumir el volumen adicional de aguas residuales que recibe la EBAR de Cabo Llanos. Es un callejón sin salida que pretende despejar la reforma y ampliación de las dos instalaciones licitada en 2018 por la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Pero han pasado casi ocho años y las obras aún no han concluido.

El contrato se adjudicó por 20,17 millones de euros, por debajo de los 32,4 millones del presupuesto base de licitación, a la UTE formada por Joca Ingeniería y Construcciones-ALPI Construcciones. El proyecto contempla una nueva conducción para elevar directamente a la depuradora de Buenos Aires la totalidad de las aguas residuales que llegan a la EBAR de Cabo Llanos. También prevé duplicar la capacidad de tratamiento de la EDAR hasta alcanzar los 55.000 metros cúbicos diarios.

La previsión del MITECO era que los trabajos finalizaran en 2022. Pero el Ministerio ha aplazado el cierre en varias ocasiones y la última fecha trasladada apunta a verano de 2028.

El Estado justificó en noviembre de 2025 los retrasos. Precisó en una respuesta parlamentaria por escrito que las obras se desarrollan en una trama urbana donde han aparecido “multitud de servicios no inventariados o en una ubicación distinta a la previamente informada”. También señaló las demoras en la tramitación de licencias y autorizaciones ambientales, que incorporaron nuevos condicionantes al proyecto; los “problemas en el suministro de equipos y falta de mano de obra cualificada”, y la necesidad de rediseñar técnicamente algunas partes de la actuación.

En ese momento, añadió el Ministerio, se estaban realizando trabajos relacionados con la Fase 1 de la EDAR de Buenos Aires. Solo faltaría la Fase 2. De la EBAR de Cabo Llanos, por otro lado, “únicamente resta la urbanización” para su conclusión.

El MITECO no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por este periódico. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, titular de ambas instalaciones, ha movido ficha para reclamar que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), dependiente del Cabildo, asuma la gestión del complejo. También ha criticado los retrasos del Gobierno central en la ejecución del proyecto.

“En Santa Cruz, todos los vertidos al mar cuentan con autorización del Gobierno de Canarias. En el caso de la depuradora, es una obra que depende del Estado que lleva más de cuatro años de retraso sobre el plazo original, y su finalización es la que va a permitir acabar con el vertido en esa zona”, explican fuentes del Consistorio capitalino, gobernado por José Manuel Bermúdez (CC).

Esas mismas fuentes sostienen que “Santa Cruz ha hecho todo lo que tenía que hacer, con una inversión de 14 millones, que ha permitido contar con depuradoras y estaciones de bombeo en distintos puntos del litoral. Es el Estado el que no ha hecho su parte”.

La respuesta municipal llegó el 20 de octubre. Tres días después, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), anunció que el Ayuntamiento llevará al Gobierno de España ante los tribunales por el retraso de las obras de la depuradora, según publicó ‘El Día’.

La Memoria de la Fiscalía de Canarias recoge que en 2025 se registraron diez delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La mayoría estaban relacionados con denuncias por vertidos al dominio público marítimo-terrestre y con el “mal estado de mantenimiento y conservación” de estaciones depuradoras de aguas residuales, estaciones de bombeo y emisarios.

El Ministerio Público reseña el caso de los vertidos en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, por el que han sido denunciados seis cargos públicos. Según el documento, el asunto “alcanzó gran repercusión mediática provincial a raíz de una denuncia particular por el mal estado de estaciones de bombeo de aguas residuales”.

El segundo episodio al que hace referencia es el de los vertidos industriales en el Polígono de Güímar, un caso en el que la Fiscalía pide penas de prisión para cuatro alcaldes y exalcaldes de Tenerife. El Ministerio Público no menciona la investigación sobre la muerte masiva de peces de acuicultura en Telde, en la que también ha encontrado “numerosas irregularidades” en la EDAR de Silva.

En total, las secciones especializadas en Medio Ambiente de la Fiscalía incoaron el año pasado 157 diligencias preprocesales en Canarias: 84 en la provincia de Las Palmas y 73 en la de Santa Cruz de Tenerife. La cifra supone un incremento del 67% respecto a 2024.

Por tipología, las investigaciones relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo fueron las más numerosas, con 91 casos. Le siguieron las diligencias por maltrato animal (38), contra el medio ambiente (20), por incendios forestales (9), contra el patrimonio histórico (4) y relacionadas con la protección de la flora y la fauna (3).

La Fiscalía atribuye explícitamente el aumento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife “a la creciente presión sobre el suelo rústico […], el resurgir de fenómenos autoconstructivos y otros protagonizados por promotores, ya sean nacionales o no (generalmente del Este europeo) vinculados al alquiler vacacional”.

El Ministerio Público agregó a su vez que observa una tendencia a centralizar las denuncias en sede fiscal para solicitar, al mismo tiempo, la paralización cautelar de obras.