El incendio de Tenerife vuelve a recordar que no importa cuánto se invierte en la lucha contra el fuego, sino cómo se hace

Cuando el incendio de Tenerife empezó a extenderse por la isla, todo eran malas noticias. Las condiciones meteorológicas y la orografía dificultaron las labores de extinción; la columna de humo impedía a los medios aéreos trabajar; las llamas alcanzaron alturas inéditas. El panorama, en resumidas cuentas, era lo suficientemente adverso para que los técnicos definieran el siniestro forestal como el más complejo de los últimos 40 años en Canarias.

No había forma de detener el fuego. Pese a haber sobre el terreno centenares de trabajadores y decenas de helicópteros e hidroaviones, estuvo fuera de la capacidad de control durante muchos días hasta calcinar más de 14.000 hectáreas. Es el incendio que más extensión ha quemado en España este 2023 y en el Archipiélago desde 2007. Y su comportamiento, tan agresivo e impredecible, ha vuelto a recordar que, ante episodios de este tipo, no importa cuánto dinero dediquen las administraciones públicas a la extinción de las quemas si esa inversión no va acompañada de prevención y planificación, un alegato histórico de los ingenieros forestales.

“Los incendios son un problema político. La ciencia y la ingeniería, junto con la sociología, nos dicen cómo debemos tratar el problema. Pero los políticos actuales no están escuchando”, argumenta Víctor Resco de Dios, doctor por la Universidad de Wyoming (Estados Unidos) y profesor de Incendios Forestales y Cambio Global en la Universitat de Lleida (UdL). “Hay que cambiar la tendencia. Que la inversión vaya destinada a la prevención. Y para eso hacen falta recursos humanos y económicos”, agrega Mónica Parrilla, ingeniera técnica forestal por la Universidad de Valladolid y responsable de campañas del Área de Biodiversidad de Greenpeace.

Los datos evidencian que las Islas, al igual que la mayoría del territorio nacional, han hecho lo contrario en estos últimos años. Entre 2012 y 2020, Canarias dedicó 24,2 millones de euros a las tareas de prevención de quemas en los montes, mientras que para las labores de extinción aportó cuatro veces más, 106,5 millones, según registros de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), que elabora cada curso estudios de inversión y empleo en el sector forestal financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El último año con cifras, el del estallido de la pandemia, es paradigmático. Los programas dedicados a apagar fuegos recibieron 19,3 millones de euros, muy por delante de los tratamientos silvícolas (7,9 millones), uso público, recreativo y educación ambiental (3,7 millones), protección de flora y fauna silvestre (2,7 millones) y prevención (2,7 millones). ASEMFO explicita en el informe que recoge las inversiones en este sentido del Gobierno canario y de los Cabildos insulares.

La historia es similar en un análisis sobre a qué están dirigiéndose los fondos europeos de reconstrucción en materia de transición ecológica. Una investigación publicada hace unos días por Greenpeace detalla que solo el 0,1% de los mismos han ido a parar a la conservación y lucha contra incendios, pero en el Archipiélago, de nuevo, los gastos están yendo a parar principalmente a la extinción (casi ocho millones de euros en la compra de camiones cisterna para el almacenamiento de agua) y protección de hábitats protegidos (11 millones en planes para la Reserva de la Biosfera de Anaga y de la isla de Gran Canaria).

Los expertos matizan que la solución no es invertir la balanza y restarle dinero a una partida para dársela a otra. España cuenta con un operativo de control de siniestros forestales exitoso, donde siete de cada diez puntos de ignición afectan a menos de una hectárea antes de ser intervenidos, de acuerdo con la experiencia de 2022. También es el país que más presupuesto invierte en extinción por hectárea del mundo, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés).

Pero es el contexto actual, de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y consecuente incremento del riesgo de grandes incendios forestales (la temporada de exposición podría aumentar más de dos meses en Canarias, predice un estudio), lo que invita a pensar en una reconfiguración del modelo. Algo que, hasta el propio director de Protección Civil y Emergencias del Ejecutivo nacional, Leonardo Marcos, reafirma al insistir que “[los incendios] no son tanto un problema de medios de extinción como de abandono de los montes”, señaló en una entrevista en el diario EL PAÍS.

“Las instituciones lo saben. Pero luego todo queda en el olvido. Se invierte por emergencia, cuando debería ser al revés”, apunta David Vicente Ramírez, delegado en el Archipiélago del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. “El propósito de la prevención es evitar los grandes incendios, evitar aquellos fuera de capacidad de extinción o que al iniciarse [estos] se puedan apagar de forma segura y controlada. Desde hace mucho tiempo, los que nos dedicamos al sector insistimos en ello”, añade María Pol Tortella, también delegada territorial del mencionado Colegio, pero esta vez en las Islas Baleares.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha profundizado en esta línea. En un informe reciente, predice que los incendios forestales podrían aumentar un 30% para 2050 y un 50% para finales de siglo a causa de la crisis climática. Y en ese mismo documento, la ONU destaca que “muchos países sufren de una falta crónica de inversión en prevención” y pide una modificación en la distribución de los programas. El texto propone como punto de partida de la gestión de los montes dedicar un 1% de los fondos a la planificación, 32% para la prevención, 13% para la preparación, 34% para la extinción y hasta un 20% para la recuperación.

La cuestión, continúan las fuentes consultadas, es que muchas de las medidas propuestas suelen catalogarse de políticamente incorrectas. Dice Resco de Dios que “la sociedad no está dispuesta a aceptar” acciones como la tala de árboles, la introducción de fuego técnico o la explotación racional de los recursos, como la madera, porque “no gozan del interés popular” y es más provechoso para los políticos “adoptar posturas populistas”, como la intención continua de aumentar los medios aéreos mediante la adquisición de hidroaviones y helicópteros.

“Los políticos son cortoplacistas. La prevención es un tema de planificación a largo plazo: invirtiendo en fijar población en el mundo rural, modificando los sistemas de combustible, fomentando el empleo con la explotación racional de los recursos del monte, definiendo claramente lo que son áreas forestales y lo que son zonas urbanas o urbanizables…”, enumeran Iratxe Zorraquino, delegada territorial del Colegio Técnico de Ingenieros Forestales en Euskadi, y otros colegas de la misma región.

La buena noticia es que la hemeroteca sobre cómo esta fórmula frena los fuegos más explosivos ya está haciéndose notar. El último ejemplo data de este mismo año, en Gran Canaria, donde el sistema de detección, las quemas prescritas y el pastoreo redujeron a poco menos de 500 hectáreas afectadas un incendio que podría haber abrasado veinte veces más superficie. La cruz, eso sí, es que lo de la isla grancanaria fue más bien excepcional, con un método pionero en Europa. Ahora el resto de regiones intentan copiarlo.  

“Parte del problema viene precisamente por haber priorizado la extinción frente a la prevención. De forma que, cada vez que apagamos un incendio pequeño, el combustible del monte va acumulándose. Y entonces, cuando llega un siniestro grande, no podemos hacer nada contra él. Aunque mandáramos a toda la flota de la OTAN, el operativo no podría haber hecho más contra esas llamas que vimos en Tenerife”, reflexiona Resco de Dios.

Las cifras son bastante claras al respecto. El número anual de siniestros forestales en España no ha parado de disminuir en los últimos 20 años, según los registros oficiales. Pero la cantidad de grandes incendios (GIF), aquellos que arden 500 hectáreas o más, está empezando a ganar protagonismo. Entre 2013 y 2022, la proporción de estos sobre el total de quemas es un 21% superior respecto a la década anterior, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés). Y el curso pasado, de las 268.000 hectáreas calcinadas en el país, los GIF fueron responsables de un 80%.

“El fuego está ocupando el espacio ecológico que antes rellenaban los humanos”, resumen los expertos. Y lo cierto es que razón no les falta. En Canarias, del total de superficie forestal, solo el 0,8% está sujeta a instrumentos de ordenación, según el último Anuario de Estadística Forestal. Gran parte del campo no presenta una descripción pormenorizada del terreno en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos. Y eso influye luego en la prevención. De los 57 municipios obligados a disponer de un Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y que están situados en Zona de Alto Riesgo (ZAR) por incendio, solo existen 36 homologados, sostiene WWF.

“Tenemos grandes masas continuas de combustible sin gestionar, ya sea por abandono rural o de los trabajos propios del monte o por la falta de rentabilidad de gestionarlos, que provoca grandes potencialidades en cuanto a superficie afectada”, razona Pol. La relación con los bosques ha dejado de ser “armoniosa y simbiótica”, en la que tanto los humanos como el medio ambiente ganaban.

Antes, los incendios se producían de forma natural, sobre todo por rayos, y estos beneficiaban al todo el ecosistema forestal, ya que devolvían nutrientes al suelo tras quemar vegetación vieja y permitían que la luz solar llegara al terreno. Pero ahora, debido a la rápida extinción de la mayoría de los conatos, el abandono del campo y la dejación de funciones, la superficie forestal aumenta. En España lo ha hecho un 1,2% entre 2004 y 2018, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Y el resultado no es otro que “montes abandonados con una gran acumulación de combustible no gestionado”, así que “no queda más remedio que invertir en medios de extinción que, además, están muy bien vistos por la sociedad”, remachan Zorraquino y otros ingenieros forestales de Euskadi.

“[Con] condiciones climáticas extremas (más calor, viento y sequía), es inevitable que se produzcan incendios que escapen a la capacidad de extinción por muchos medios empleados”, continúan. La solución, insiste Mónica Parrilla, de Greenpeace, está en centrar el gasto en la prevención con 1.000 millones al año para todo el país. “Los siniestros forestales se previenen y se apagan en las negociaciones de los presupuestos. Es ahí cuando debe verse el interés real”, concluye.