Unas jaulas para el cultivo de peces sin concesión, en un área prohibida y contaminando fondos marinos en una playa de Lanzarote

Desde agosto de 2021, la empresa Yaizatún (del grupo murciano Ricardo Fuentes e Hijos) tiene caducada la concesión para producir dorada y lubina en 53 jaulas marinas ubicadas en la Bahía de Ávila, entre Punta Gorda y Playa Quemada, en el municipio de Yaiza (en el sur de Lanzarote). La empresa continúa con la actividad a pesar de que la Consejería de Agricultura le denegó la petición de prórroga en octubre de este año. Y persiste porque la sociedad presentó en noviembre un recurso contencioso-administrativo en los tribunales, solicitando la suspensión cautelar de la resolución del Ejecutivo regional y, hasta que no se pronuncie, puede continuar con su actividad en una zona que, además, ni siquiera es apta para la acuicultura, tal y como recoge el Programa Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) aprobado en 2018. 

Casi desde hace una década, vecinos de la localidad se han quejado de malos olores, cambios de color de las aguas costeras o presencia de aceite y piensos en la orilla. Ecologistas en Acción ha vuelto a otorgar en 2022 la bandera negra “por contaminación orgánica en Playa Quemada”, que atribuye a la actividad acuícola de la empresa. El Ayuntamiento de Yaiza ha encargado estudios ecológicos y medioambientales para corroborar la afección de la actividad en el entorno, confirmando la contaminación de los fondos marinos. Y en octubre de este año, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, anunció que las jaulas marinas “desaparecerán en breve”.

Por ello, durante una comisión parlamentaria celebrada el pasado 19 de diciembre, el diputado de Coalición Canaria Oswaldo Betancor preguntó a la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, por qué aún no se había acometido. “Es verdad que las jaulas deberían estar desmanteladas”, reconocía la titular del área, recordando que así se entendió cuando en octubre el Gobierno de Canarias denegó la prórroga a la empresa. Pero en noviembre, la sociedad “presentó recurso contencioso-administrativo y paralizó el levantamiento de las jaulas”.

“Ahora estamos en la parte judicial y es precisamente en un tribunal donde se dictará cuál es la resolución. Nosotros, como parte demandada, entendemos que hemos aplicado la normativa y que hemos hecho una resolución que se ajusta a la legalidad”, añadió. También recordó que, debido a que Playa Quemada “tiene algunos problemas de corriente”, se declaró como zona no apta para interés acuícola en el PROAC.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, asegura que la empresa ha seguido explotando esas jaulas “con total normalidad, como si no pasara nada” después de que caducara la concesión. “Parece ser que (Yaizatún) reclamó judicialmente y pidió medidas cautelares excusándose en que había puesto alevines cerca de la fecha final de la concesión y que si nos le dejaba continuar perdería una inversión”, añade, pero “han metido mucho más porque ha habido hasta robos, están echando todo lo que puedan”. Este periódico se ha puesto en contacto con el grupo Ricardo Fuentes e Hijos para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta.

El Ayuntamiento de Yaiza encargó un estudio a la ONG Innoceana entre los meses de abril y julio de este año sobre calidad del agua de baño y ecosistema en Playa Quemada. Los trabajos concluyeron como principal hipótesis que la regresión del sebadal, una especie vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se debe a la presencia de cianobacterias que crecen y forman fango al alimentarse de los nutrientes procedentes de deposiciones o excrementos de las jaulas de lubina y doradas.

La ONG descartó que los nutrientes emanaran de los residuos vertidos desde tierra por emisarios porque Playa Quemada es una localidad de 150 habitantes, no tiene industria y “una población tan pequeña con sistemas de aguas residuales funcionando por filtración no puede aportar una alta cantidad de nutrientes al medio marino”. También desecha la idea de que las corrientes transporten los nutrientes mar adentro porque en esa zona la corriente es circular y baja su velocidad. Además, deduce que la presencia de depredadores “puede ser debida a las pérdidas accidentales de pescado”.

Sin embargo, la ONG aclara que se trata de un pre-estudio “no exhaustivo” con conclusiones que no pueden ser tomadas como absolutas porque se analizaron muestras de agua y sedimentos de manera puntual en momentos concretos. Y recomienda un análisis más completo durante todo un año. El alcalde de Yaiza aclara que no se ha completado la investigación porque sus recursos son limitados. “En la legislatura pasada pedimos ayuda a asociaciones ecologistas y al Cabildo para hacer estudios más completos y prolongados durante el año para poder tener distintas mediciones en distintas épocas, porque lo ideal es que se tomen muestras todos los meses”.

Aún así, recuerda que el Ayuntamiento ya ha realizado un total de tres estudios y considera que las hipótesis de Innoceana son “más contundentes (…) después de un año sin concesión y trabajando y explotando esas jaulas, el fondo marino está todavía peor. Además de los datos medioambientales, creo que las fotos hablan por sí solas. Incluso se ve esa capa de lodo, de contaminación en los fondos, lo que indica que nunca se han limpiado. El contrato dice que deben limpiarlo cada cierto tiempo y no lo han hecho. Eso creo que es responsabilidad de la Viceconsejería de Pesca, esa supervisión. Incluso el sebadal está totalmente contaminado. Antes era una zona de capturar carnada, de calado, ahora prácticamente no hay nada, no hay vida en esos fondos”. 

Noda asegura que el Ayuntamiento ha pedido a la empresa explotadora los planes de vigilancia ambiental que debe tener cada año de la concesión. “Ese plan advertía de que se debería cuidar mucho la alimentación de cada jaula. Pero teniendo en cuenta la acumulación de lodo en el fondo, se estaban sobrealimentando. Incluso se le recomendaba limpiar los fondos cada cierto tiempo, drenarlos y demás, para que no se fuera acumulando todo ese sedimento en el fondo. Ni la empresa lo ha hecho, ni la Consejería de Pesca ha llevado un control desde los años que se empezó con la cría de dorada y lubina”. En este sentido, recuerda que ha enviado varios escritos al Gobierno regional demandando esa limpieza de los fondos marinos, pero “nunca nos responde”.

Al respecto, Alicia Vanoostende comentó en su intervención en comisión parlamentaria que “hace años” hubo problemas en Playa Quemada “con especies de peces, cuando se tenía menor control sobre las redes” o con un “gasto en piensos que provocaba que hubiese más sedimentos”. Pero asegura que, en la actualidad, la Consejería no tiene “ningún informe que diga que esas jaulas dañan el ecosistema” y el área “tiene un servicio contratado con una empresa externa que hace el seguimiento medioambiental de todas las empresas de acuicultura que hay en Canarias, tomando muestras de forma periódica. Los resultados son que ni esta empresa, ni las demás, están generando problemas medioambientales”.

De atún a lubina y dorada

El 2 de julio de 2001, la Consejería de Agricultura otorgó la autorización administrativa a la empresa Yaizatún para la instalación y explotación de jaulas de acuicultura en Bahía de Ávila, entre Punta Gorda y Playa Quemada. En 2007, la Viceconsejeria de Pesca declaró la naturaleza concesional del permiso, estableciendo plazos de cinco años de explotación hasta un máximo de 20 años. En 2017, la Dirección General de Pesca autorizó la tercera prórroga, pero con su término fijado el 2 de agosto de 2021, sin posibilidad de nuevas extensiones.

“Al principio, lo que engordaba la empresa era atún y eran diez jaulas, como mucho. El atún se alimenta de una carnada natural, de sardina, que eso sí va al fondo, se diluye, se disuelve o se lo comen otros peces. En aquel momento, prácticamente no se recibieron quejas. Pero en años posteriores hicieron el cambio de especie a dorada y lubina y progresivamente incrementaron las jaulas hasta las 53 que hay en la actualidad”, recuerda el alcalde de Yaiza.

Noda critica que se cambió la especie de cultivo y el número de jaulas “sin ningún tipo de estudio de impacto medioambiental”, reconociendo que desconoce si ello estaba acorde a la concesión. A su juicio, “como mínimo se debe hacer un estudio de impacto ambiental, porque la alimentación es distinta, pasas de una natural a una química con piensos. Y eso tiene una repercusión sobre el fondo, que es lo que creo que ha pasado. O no se hicieron los estudios pertinentes, o se hicieron y aún así se concedieron y se incrementaron. Y ha provocado la contaminación en fondo. Si encima no ha habido limpieza y mantenimiento, así está la situación”.

La regulación de la acuicultura en Canarias se recogió como un objetivo a llevar a cabo en la Ley de Pesca de 2003, pero no vio la luz hasta 2018, con el actual Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC). El documento declara como “zona prohibida” el área concedida a Yaizatún y, en febrero de 2020, la sociedad presentó una solicitud de una nueva concesión en otra área. 

Como respuesta, el 28 de octubre de 2021, la Consejería de Agricultura aprobó las bases de un concurso público para otorgar una concesión en un área ubicada entre la Bufona y Playa el Barranquillo, incluyendo los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Tías. La empresa del grupo Ricardo Fuentes e Hijos tendría prioridad, pues el PROAC establece que quienes quedasen en zonas prohibidas en la fecha de la aprobación del documento tendrían ventajas sobre otros competidores en las licitaciones a las áreas delimitadas. En otras palabras, se pretendían trasladar y expandir las jaulas de Playa Quemada por una parte del litoral este de la isla.

“La acuicultura, bien hecha, no es contaminante”

“Quiero desmontar la idea de que la acuicultura es contaminante, porque bien hecha, no es contaminante”, recalcó la consejera de Agricultura durante su intervención en la comisión parlamentaria del 19 de diciembre. “Las nuevas formas de alimentar a los peces y las nuevas formas de control hacen que las nuevas concesiones garanticen una evaluación de impacto positiva respecto al medio ambiente”. 

En los presupuestos autonómicos para 2023, la partida para la pesca aumenta un 80%, hasta los 52,2 millones de euros, de los cuales un 38% se destinará exclusivamente a impulsar el desarrollo de la acuicultura en Canarias gracias al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). La UE quiere potenciar una actividad con gran potencial entre sus países miembros para aumentar el autoabastecimiento bajo el criterio de la sostenibilidad y, de forma paralela, paliar las consecuencias negativas de la actividad en el entorno local.

Así, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre acuicultura sostenible, concluyendo que contribuiría a producir alimentos con menor impacto medioambiental que la agricultura terrestre, reducir la presión sobre los mares y los ríos, generar empleo y adecuarse a los objetivos del Pacto Verde o de la estrategia De la granja a la mesa. 

En este escenario, el Archipiélago reúne condiciones para liderar junto a otras autonomías como Galicia o la Comunitat Valenciana la producción de alimentos de origen acuático en España. Sin embargo, las Islas tan solo generan 7.000 de las 37.000 toneladas anuales que sería capaz de alcanzar, principalmente debido a las trabas burocráticas y las altas exigencias que requiere la actividad en la actualidad. Aún está pendiente de celebrarse el Consejo de Acuicultura, un órgano incluido en el reglamento de la Ley de Pesca del que forman parte participan los cabildos, la Consejería de Transición Ecológica y la de Agricultura y que está destinado a impulsar y coordinar esta actividad. Pero tan solo se ha reunido una vez, cuando se aprobó el PROAC.